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A. Machín
Santander
Lunes, 5 de mayo 2025, 21:46
A la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia en Madrid para abordar el reparto de menores emigrantes no acompañados se llegó con revuelo, pero ... con buenas palabras en la puerta. El Gobierno hablaba de «mano tendida» a las comunidades y desde las consejerías –eso dijeron desde Cantabria, por ejemplo– se hablaba del «ánimo de buscar soluciones». Todo, antes de empezar. Porque la reunión terminó, era de esperar, como el rosario de la aurora. Sin datos concretos –nadie confirmó o desmintió esa cifra que se ha manejado de 170 menores para Cantabria a raíz de los pasos dados por el Gobierno en su plan para la reubicación– y con la intención de las autonomías del PP de pedir la nulidad del encuentro porque no les permitieron votar. Cero avances. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia critican la falta de «voluntad política» de los ejecutivos autonómicos que se han posicionado en contra de sus planes y desde las comunidades hablan de «imposición» de Sánchez en base a las exigencias de sus socios de Gobierno.
«Cero propuestas del PP en una Conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo», criticó la ministra Sira Rego, que insistió en que que el real decreto «está vigente y es operativo» y que «no se vota porque ya está ratificado» por el Congreso. Rego avanzó que este martes saldrá una solicitud de información formal por un plazo de diez días para que las comunidades actualicen sus datos de capacidad de acogida (Cantabria ya los envió hace semanas) y recordó que el documento «contempla que se pueden cambiar los criterios por unanimidad». Justo lo que no hay.
«Cantabria no tiene falta de voluntad, Cantabria tiene falta de información del Gobierno de España. Cantabria exige al Gobierno central una política migratoria transparente y coordinada que busque una adecuada protección de los menores sin poner en riesgo el sistema de protección actual», resumió tras el encuentro la consejera regional de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río. Dijo que a las comunidades no se les permitió votar y no se les dio «absolutamente ningún dato». Gómez del Río apostó por «una respuesta responsable, coordinada y respetuosa con el interés superior del menor» y criticó «la improvisación y falta de colaboración del Ejecutivo central», que no respondió, dijo, a la petición de aclaraciones solicitada.
«Cooperar, sí; pero no a costa de poner en riesgo un sistema de protección que se ha construido durante años con esfuerzo, rigor y compromiso social», insistió la consejera, que mostró su preocupación por el modo en que se convocó el encuentro, «eludiendo la comisión sectorial previa». «Lo que no vamos a aceptar es que se nos imponga un reparto, y menos aún sin información, ni diálogo, ni financiación», subrayó.
Cabe recordar que Cantabria dispone de 220 plazas de acogida en sus sistema de protección. De ellas, 36 están reservadas para los menores extranjeros no acompañados. Según los datos facilitados en su día al Ministerio –y teniendo en cuenta la volatilidad de las cifras, que varían con frecuencia–, 22 de esas plazas estaban ocupadas, por lo que quedaban 14 libres. Pero a día de hoy –y reiterando esa volatilidad– son 26 las ocupadas y 10 las libres. Además, según ese balance, 41 menores extranjeros llegaron durante el año pasado a la región (no todos están todo el año).
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