Las viviendas de protección se abren a todos los públicos

Cantabria permitirá a empresas y particulares con recursos superiores al límite legal comprar viviendas de protección oficial (VPO) si se las ceden o alquilan a personas con ingresos que no superen 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Es una de las novedades del proyecto de ley de Vivienda Protegida de la comunidad autónoma, la primera que tendrá la región, que acaba de iniciar su tramitación en el Parlamento regional.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez, ha explicado este martes la ley en una comparecencia, a petición del PSOE, en la Comisión del área, en la que se ha escuchado también a representantes de UGT, CCOO y CEOE-Cepyme Cantabria .

Según informa la agencia Efe, entre los aspectos novedosos del texto, destaca la supresión del límite de ingresos para comprar vivienda protegida, que se abre a cualquier persona física o jurídica, y quien deberá reunir el requisito económico será quien resida en ella.

Según Rodríguez, con esta medida se pretende abrir el mercado de vivienda protegida a la inversión inmobiliaria para crear una oferta de VPO de alquiler "equiparable" a otros países europeos.

Además, ha dicho que se facilitará, por ejemplo, que unos padres puedan comprar una vivienda para alquilársela a un hijo.

La ley atiende también otras "realidades sociales", como las de aquellos propietarios de una vivienda protegida que no pueden pagarla, o la de quienes no encuentran comprador para ella.

La norma agrupará en un único régimen de vivienda protegida los distintos tipos existentes hasta ahora (régimen especial, general, autonómico y de precio concertado).

Fija también un mismo baremo económico (4,5 veces el IPREM) para poder residir en estas viviendas (para comprarlas no hay límite), un tope que hasta ahora oscilaba, según el régimen de protección, entre 2,5 y 6,5 veces el IPREM.

Igualmente, establece una superficie máxima de 90 metros cuadrados para las viviendas de protección y regula los precios máximos, tomando como referencia un módulo máximo autonómico, que será de 758 euros por metro cuadrado.

El coste de una vivienda protegida no podrá superar 1,6 veces ese módulo autonómico -el precio se calculará multiplicando los metros cuadrados, por 758 euros y por un coeficiente multiplicador máximo de 1,6-.

Ese precio se podrá aumentar otro 15 por ciento en los municipios del área POL, así como en Reinosa y Cabezón de la Sal.

Las nuevas viviendas protegidas que se construyan en Cantabria con ayudas públicas directas mantendrán la calificación durante 30 años.

Si no reciben ayudas directas, pero se construyen en suelos transmitidos por administración públicas, la protección será de veinte años, y el plazo se reduce a la mitad si el suelo no es público.

La ley regula también las situaciones en las que se podrán descalificar viviendas protegidas y fija un nuevo régimen sancionador para evitar el "fraude" en su uso.

Las multas para los infractores oscilarán entre 100 y 90.000 euros, según la gravedad. Entre las faltas graves se incluyen subarrendar la vivienda o cobrar un sobreprecio, y se considerará falta muy grave, por ejemplo, vender sin autorización.

Para facilitar el acceso a las viviendas con rentas más bajas, la ley propone prorrogar el IVA reducido a compradores con ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM.

El diputado regionalista José María Mazón ha preguntado al consejero si ha tratado esta cuestión del IVA con el Ministerio de Hacienda, para que no surja un conflicto de constitucionalidad. Y Rodríguez ha confiado en que Hacienda lo "admita".

El consejero ha subrayado que esta norma es "importante" y "necesaria" para Cantabria y, por ello, ha llamado al "consenso" y a aportar todos "lo máximo posible" para conseguir la mejor ley.

Los grupos parlamentarios se han mostrado abiertos al diálogo y a mejorar con enmiendas parciales una ley a la que hacen algunas críticas.

Mazón ha considerado que es "innecesaria en gran parte", y a la vez, tiene "muchas carencias". Reconoce que en algunas cuestiones puede aportar mayor seguridad jurídica, pero cree que con ello "complica muchísimo" la gestión.

El socialista Francisco Fernández Mañanes cree que se ha empezado "la casa por el tejado" y que debería haberse aprobado antes una ley general de vivienda.

Además, propone ponderar entre los requisitos de acceso a la vivienda protegida el número de miembros de la unidad familiar, no sólo el baremo económico, y ha abogado por excepciones al límite de 90 metros cuadrados, por ejemplo, para familias numerosas.

En esta demanda de mayor superficie ha coincidido el vicepresidente de CEOE y presidente de la Asociación de Constructores, Justo Cobo, que, además, ha considerado "bastante escaso" el módulo autonómico para calcular el precio máximo y lo ha comparado con los 1.246 euros por metro cuadrado del módulo ponderado en Navarra, región "parecida" a Cantabria .

Desde UGT, Asunción Villalba ha lamentado que el texto no recoge "ni una sola" de las recomendaciones del informe sobre vivienda social de la UE y ha reivindicado un paquete de medidas para familias con dificultades y desahuciadas.

Y tanto ella como el representante de CCOO, Óscar Arroyo, se han quejado de que se les ha entregado el proyecto de ley ya redactado y no han tenido opción de hacer aportaciones en la Mesa Sectorial de Vivienda, unas propuestas que la oposición se ha comprometido a estudiar en la tramitación parlamentaria.

También el popular Julio Cabrero ha mostrado esa disposición a escuchar las propuestas y buscar el mayor consenso en torno a una ley que, según dice, pretende articular un marco legal "moderno" que responda a la situación actual y las necesidades de propietarios y demandantes de VPO.