Los gestores de Ecomasa utilizaron la ayuda del Gobierno para tejer su grupo empresarial

Si no se tratara de un empresa, alguien diría que es casi un réquiem. Al menos, la enumeración de las cuentas oficiales de Ecomasa (Nestor Martin) empresa nacida en 2012, henchida con dineros públicos gracias al apoyo del anterior Gobierno del PP y ahora quebrada, cerrada y con solicitud de liquidación es una letanía de lamentos y deterioros. Al menos esa es la conclusión que se expresa en la memoria de la sociedad correspondiente a 2014: "la plantilla está sobredimensionada", se han registrado "importantes deterioros económicos y de fondos propios", "el fondo de maniobra es negativo y supera los 4,7 millones de euros", registra "fuertes tensiones de liquidez", las pérdidas de ese año se elevaron a los 5,6 millones de euros y la deuda total es elevada y contabiliza "14,6 millones de pasivo".

Esa es la realidad numérica que se describe en la empresa Nestor Martin (en realidad EWI, Ecomasa World Investiments SL), un proyecto alumbrado en 2012 que floreció como un milagro que rescataría del desempleo a decenas de trabajadores procedentes de Teka. Por eso, un bienintencionado Gobierno regional del PP no solo anunció a bombo y plantillo la buena nueva que significaba crear empleo en tiempos de crisis, sino que en un paso más justo el que decía que no quería dar, "entrar en el accionariado de las empresas", decidió transferirla fondos públicos vía créditos y avales. Tan es así, que hoy Ecomasa tiene como principal acreedor real al Gobierno cántabro, vía Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y Sodercán. Y entre ambas sociedades públicas suman 18 millones de euros, agujero dejado a fecha de hoy por la factoría de Maliaño en poco más de dos años.

En el caso del ICAF el dinero comprometido asciende a los 12 millones de euros (5 millones en un préstamo y 7 en avales), y en el de Sodercán la cantidad es de 6 millones (1,5 millones para una ampliación de capital y el resto, 4,5 millones, en préstamos para circulante).

Hay más. La Administración regional tiene los derechos políticos sobre la compañía aunque los dueños legales de la misma, que controlan casi el 70% de las acciones, hayan tratado de recuperar los mismos. Una posibilidad rechazada de forma radical por el Ejecutivo cántabro. Y más: Sodercán es socio de la compañía en la que posee el 30,6% de las acciones; echando la vista atrás, un porcentaje casi idéntico al que tuvo en su día en la antigua GFB, un proyecto fallido que acabó en escándalo, comisión parlamentaria de investigación, juzgados e imputados. Una tortuosa senda que algunos políticos dan por seguro que se repetirá ahora con Nestor Martin.

Mientras la firma internacional Ernst & Young concluye los trabajos de la auditoría forense encargada por Sodercán, Ecomasa se enfrenta desde el viernes a la solicitud de liquidación (venta de los activos productivos) formulada por los administradores concursales. Una propuesta real que ya se barajaba en muchos de los documentos internos en los que se analiza el futuro de la empresa. Tan claro como que para el ICAF en su día gran financiador y hoy convertido en principal acreedor y ante las nulas garantías de que se pueda cumplir el plan de vialidad diseñado in extremis por los administradores de la consultora vasca HUB Advisory, "la mejor opción sería solicitar un concurso con liquidación y tratar de reactivar el proyecto desde esa situación, si bien los activos se depreciarán sustancialmente una vez cese a la actividad". Así se recoge de forma textual en uno de los últimos informes internos de agosto elaborados por los técnicos del "banco cántabro" (así llaman algunos políticos cántabros al ICAF ), clave en la financiación de nuevos proyectos.

A fecha de hoy, la Administración regional no ve solución al agujero negro que le ha generado Ecomasa, salvo que llegara un salvífico inversor que, por ahora, no está en el horizonte. Según su propia contabilidad, que figura en la documentación que manejan los administradores, la posición de riesgo para las arcas públicas asciende a 18 millones de euros, consecuencia de los préstamos y avales que sucesivamente, y en siete entregas, fueron concediendo ICAF y Sodercán desde junio de 2012.

En el global de las cuentas empresariales de la entidad se estima que el "exigible ya vencido" superaba en agosto los 7,2 millones de euros. De esa cifra, 1,5 millones serían fondos públicos. El resto se adeudaría, entre otros, a entidades bancarias (2,5 millones), proveedores (1,9 millones) y trabajadores (572.000 euros). Y en la nómina de quienes están a la espera de cobrar del deudor se encuentran Banco Popular, Novobanco, Deutsche Bank, La Caixa, Bankia, Espirito Santo, Liberbank... Lo peor para las arcas cántabras es que alguna de las entidades ya ha procedido a "cobrarse el débito", ejecutando al aval otorgado en su día por el Instituto Cántabro de Finanzas. Lo ha hecho Liberbank por importe de 240.000 euros y el resto va a la cola, reclamaciones ahora "suspendidas" tras presentarse el concurso de acreedores.

Aunque será a finales de este mes cuando se conozca un primer avance de la auditoría externa encargada por Sodercán, los primeros datos indican que el dinero público entregado a Ecomasa no se invirtió únicamente en la factoría de estufas radicada en Maliaño. Según se desprende de ese análisis previo, los gestores de la sociedad, Andrés de León Cendreros y Jesús Lavín Cobo, desviaron millones de euros de esos fondos públicos para ampliar su propio grupo empresarial Ecomasa e ir comprando acciones de otras entidades, algunas también de su propiedad. Una maraña de compras y ventas en las que se cruzan participaciones entre entidades de nueva creación o empresas en teoría ya consolidadas y dedicadas a la comercialización de los productos fabricados por Nestor Martin.

Esa estrategia empresarial habría supuesto que solo una parte (todavía por determinar) de los 18 millones de euros transferidos a Nestor Martin revirtiera en realidad en la factoría con sede en Cantabria. El dinero público que sí llegó a la fábrica se destinó a la autocompra de maquinaria (uno de los socios, Lavín, era el propietario de la firma Mahenor que vendió la misma), al pago en dos años de los sueldos y parte de las pérdidas millonarias acumuladas en esos ejercicios. El resto se utilizó como circulante y también se derivó a ejercitar una suerte de ingeniería financiera, siempre interconectada y vinculada. Así, con los cinco millones obtenidos del aval ICAF (con financiación del Banco Popular) los gestores de Ecomasa compraron una sociedad que era la matriz de una comercializadora francesa muy bien posicionada en el sector. Se invirtieron en la operación más de cuatro millones. Pero la experiencia resultó fallida porque un año después la empresa entró en concurso de acreedores y en liquidación. Antes del cierre, Ecomasa se planteaba una reclamación para elevar ante la fiscalía francesa por un presunto fraude cometido por los vendedores derivado de la posible ocultación de los datos reales de la compañía gala en el momento de cerrarse la compra, una situación económica terminal que acabó en colapso empresarial en 2014.

La red tupida por León y Lavín, fue más allá. Sus sociedades instrumentales creaban nuevas empresas con el dinero público y a su vez esas entidades gestaban terceras que, para dar la vuelta a círculo, acababan comprando acciones de la sociedad propietaria de la compañía de Maliaño. Idas y vueltas, pero sin que la factoría que llegó a contratar a 88 trabajadores despedidos por Teka tuviera circulante ni dinero. Una falta de liquidez que disparó todas las alarmas y la llevó a un ERE para la plantilla en junio pasado con el despido de 42 trabajadores, a la presentación por parte de los empleados de una querella contra los directivos por presunto fraude y a un concurso de acreedores y el posterior cierre. Un recorrido que puede derivar, en breve, en un proceso de liquidación que ya ha sido solicitada. Es el último cartucho... Tan duro como colgar el letrero de "se venden los activos productivos" como reclamo para atraer a un posible inversor.

Pie foto: Los trabajadoresde Ecomasa aportaron a la compañía el dinero de sus indemnizaciones por su despido en Teka. :: javier cotera

Andrés de Léon y Jesús Lavín, propietarios del grupo Ecomasa. :: Daniel pedriza