El Dueso deniega de nuevo el primer permiso de salida a la decapitadora de Castro Urdiales
La Junta de Tratamiento Penitenciario ha vuelto a rechazar la petición de Carmen Merino por «lejanía del cumplimiento de la pena», puesto que lleva en prisión un tercio de la condena de 15 años
Carmen Merino, condenada a 15 años de cárcel por la muerte de su pareja Jesús Mari Baranda (cuyo cráneo apareció en una caja), tendrá que esperar para disfrutar de su primer permiso penintenciario ... , a pesar de que ha cumplido ya un cuarto de su castigo.
Según han revelado a este periódico fuentes conocedoras del caso, la Junta de Tratamiento Penitenciario de El Dueso (Santoña) ha rechazado por segunda vez, y por unanimidad, la concesión del primer permiso de salida a Merino. La decisión es la misma que la adoptada el pasado mes de febrero, cuando la Junta de Tratamiento Penitenciario denegó por unanimidad la primera petición de la condenada, y se sustenta bajo los mismos argumentos: «lejanía del cumplimiento de la pena», así como la «gravedad del delito cometido».
Los requisitos imprescindibles para que a un preso le concedan un permiso ordinario son: encontrarse en segundo grado penitenciario (Merino lo está desde hace unos meses), haber cumplido la cuarta parte de la condena (la ha cumplido, puesto que lleva cinco años y ocho meses entre rejas), tener buena conducta, contar con apoyo familiar en el exterior (sus hermanas acudieron al juicio a apoyarla) y la aprobación de la Junta de Tratamiento Penitenciario, último paso indispensable.
A pesar de que los presos tienen derecho a que les concedan ese permiso, en ocasiones pueden no autorizarlos, como le ha ocurrido ahora, por segunda vez, a Merino. Con lo que tendrá que esperar unos meses para solicitarlo de nuevo.
Esta decisión de la Junta de Tratamiento Penitenciario sale a la luz a penas unos días después de que trascendiera que Merino ha accedido a no heredar el piso de la víctima (en la calle Padre Basabe, número 12 de Castro Urdiales), donde habría tenido lugar el homicidio. Sin embargo, se opone a abonar los cerca de 21.000 euros que fueron extraídos de la cuenta del fallecido desde su desaparición y hasta el macabro hallazgo, unos movimientos que los hijos del hombre atribuyen a la mujer, que niega haber efectuado retiradas de dinero ni haberse beneficiado de ello.
El asunto se encuentra judicializado ya que los hijos de Baranda han demandado a Merino.
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