La reciente paralización de las obras del AVE entre Palencia y Palencia Norte, ordenada por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, ha ... encendido todas las alarmas en Cantabria. Una vez más, un proyecto clave para nuestra región se ve frenado, esta vez por una decisión judicial que obliga a devolver el tramo ejecutado a su estado original. Y aunque esta sentencia aún puede ser recurrida, sus efectos inmediatos ya se sienten como un nuevo jarro de agua fría para una comunidad que lleva demasiado tiempo esperando.
Esta situación evidencia la necesidad de reforzar la planificación y ejecución de las infraestructuras estratégicas, con todas las garantías jurídicas y medioambientales necesarias. Cantabria necesita, merece y reclama un compromiso firme con la modernización de su red ferroviaria
Lo ocurrido no solo retrasa aún más una infraestructura vital; también reabre una herida conocida: la sensación, tristemente habitual, de que Cantabria queda relegada en la agenda estatal de infraestructuras. Mientras otras comunidades llevan años beneficiándose de la alta velocidad ferroviaria, aquí seguimos atrapados en una red que pertenece al pasado, con trayectos interminables y una fiabilidad cada vez más cuestionable. No se trata de una queja infundada, sino de una evidencia objetiva: los desequilibrios territoriales siguen vigentes, y la conexión ferroviaria con nuestra región es uno de sus reflejos más claros.
Pero este no puede ser solo un momento de frustración. Tiene que ser, sobre todo, un punto de inflexión. Es hora de exigir –con firmeza pero también con responsabilidad– explicaciones claras y compromisos reales. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debe actuar con transparencia, explicando qué ha fallado y cómo se va a corregir. También debe ofrecer un nuevo calendario, riguroso y creíble, que asegure la continuidad de las obras con todas las garantías legales y medioambientales necesarias.
Y, por supuesto, es el momento de la unidad política. Este no es un asunto partidista ni ideológico. Es una cuestión de justicia territorial. El AVE no es un lujo, es una necesidad para nuestro desarrollo económico, social y turístico. El Parlamento de Cantabria debe liderar esta defensa sin fisuras, con una sola voz en Madrid y ante la opinión pública.
Los cántabros hemos demostrado una paciencia admirable, pero la resignación no puede ser una opción. Reivindicar nuestro lugar en el mapa de la alta velocidad no es un capricho: es un derecho. No podemos permitir que decisiones mal fundamentadas o informes jurídicos frágiles pongan en riesgo el futuro de nuestra tierra.
Porque esto va de igualdad, de dignidad y de oportunidades. Y porque, simplemente, Cantabria no puede seguir esperando.
Firman este artículo los siguientes socios de Foramontanos Siglo XXI: Calixto Alonso; Ramiro Bedia; Carmen Carrión; Daniel Casanova; Carlos Casanueva; Manuel Ángel Castañeda; Alberto Cuartas; Javier Domenech; Antonio Eraso; Alberto Fernández de la Pradilla; Carlos Fernández-Lerga; Tomás Ramón Fernández; Fernando García Andrés; José García-Morales; Mercedes Ortega; Ramón Pérez- Maura; Gervasio Portilla; Juán Manuel Pérez de Guzmán; Rafael Puyol; Pedro Rivero; Carlos J. Rodrígez; Eduardo Rodríguez Rovira; Ignacio Rosales; Carmen Sáiz Ipiña; Javier Santacruz; Marisol Ugarte; Eduardo Zúñiga
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