Absuelven al exedil de Camargo Javier Flor de un delito de estafa

Motivos personales. Fue la versión oficial de la dimisión de Javier Flor como concejal de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Camargo la pasada legislatura. Una justificación genérica a comienzos de 2014 que ocultaba un feo asunto en el que el entonces edil se vio inmerso y del que siempre defendió que era una víctima en los círculos locales. Semanas atrás, casi tres años después del cese, los tribunales han dado validez a su relato y han proclamado su inocencia.

Porque el motivo real por el que Flor tuvo que dejar su responsabilidad pública no fue otro que una causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander por supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos privados. Unos hechos que gravitaban en torno a la labor profesional del entonces concejal al frente de una correduría de seguros situada en Muriedas. El titular de Empleo camargués constaba como denunciado en el procedimiento junto a otra empleada, con más de una decena de clientes perjudicados por las supuestas prácticas irregulares en la citada empresa.

Sin embargo, el avance de las diligencias ha permitido exonerar totalmente al político, que ha visto como la parte del caso que le afectaba ha quedado sobreseída sin que nadie haya recurrido la decisión del magistrado Fernando Vegas. La responsabilidad recae sobre la otra denunciada, A.M.V.G., que era trabajadora de la correduría y para la que el Ministerio Fiscal pide tres años de cárcel por un presunto ilícito de apropiación indebida continuada y otro de falsedad continuada en documento mercantil.

Flor, que siempre ha insistido en que fue un damnificado más del problema, empezó en otoño de 2013 a tener indicios de que algo no iba bien con la persona a la que había dejado al cargo de la correduría mientras él desempeñaba sus funciones públicas en el Ayuntamiento. Varios clientes se habían quejado por haber suscrito pólizas que luego no cubrían las incidencias, por lo que las denuncias no tardaron en llegar.

Hechos

La Fiscalía sintetiza los acontecimientos en su escrito de acusación. Los problemas arrancaron en 2012 y se prolongaron hasta enero de 2014, con unos patrones similares.

A.M.V.G., que tiene antecedentes penales, falsificó diversos documentos, como supuestos contratos o extractos bancarios, para hacer creer a los clientes que efectivamente disfrutaban ya de los seguros por los que estaban pagando. Esas cuotas y primas iban a parar al bolsillo de la acusada, según el informe del Ministerio Público. No importaba el tipo de cobertura que fuera, tanto de vivienda, como de automóvil o de incapacidad temporal. En todos los casos los servicios no se tramitaban o se habían cancelado previamente, lo que acredita un «evidente ánimo de lucro».

Dado que los perjudicados han afirmado en las testificales que las gestiones fueron efectuadas «directa y personalmente» por la trabajadora, el juez Vegas acordó eximir a Flor de responsabilidad.