Casi 40.000 funcionarios cántabros recibirán entre julio y agosto la paga extra de 280 euros por la subida del 0,5%
Hacienda ha publicado en el BOE este jueves la resolución con la que se da instrucciones para actualizar los salarios y abonar los atrasos
Julio viene con un pan debajo del brazo para los más de tres millones de empleados públicos de España. Será entonces cuando se refleje por ... primera vez en sus salarios la subida del 0,5% que cumple con el incremento variable pactado y no sólo eso, también irá acompañado de una paga extra de unos 280 euros de media que compensa los atrasos correspondientes a las catorce mensualidades que estaban sin actualizar de 2024 más otras siete de este año (en algunos caso no lo percibirán hasta agosto). Una alegría en las nóminas que en el caso de Cantabria llegará a los más de 39.500 funcionarios tanto del Gobierno regional, como de Administración General del Estado (AGE) así como al personal de los ayuntamientos.
Después de que el pasado martes, el Gobierno Central aprobara, con seis meses de retraso, el real decreto que actualiza los emolumentos de los trabajadores públicos un 0,5% (es decir, en torno a 13 euros al mes), faltaba por concretar cuándo se ejecutarían los pagos atrasados. Este jueves mismo se despejaron las dudas con la publicación del Ministerio de Hacienda de una resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se dictan las instrucciones oportunas para ejecutar la subida salarial adicional, que tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero del año pasado.
De acuerdo con esta resolución, este incremento adicional se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y deberá hacerse efectivo en la nómina del presente mes de julio, salvo que la habilitación responsable no disponga de todos los elementos formales necesarios o no pueda hacerse por motivos técnicos, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible. Esto ocurrirá con los trabajadores públicos del Gobierno de Cantabria, que ya ha confirmado que no realizará el pago hasta agosto.
En este sentido, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, criticó al Gobierno central que el Ejecutivo regional haya tenido que conocer por los medios de comunicación la aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros, lo que supone «una nueva muestra de la falta de respeto institucional». «Nos hubiera encantado saberlo antes por los oportunos cauces administrativos para poder aplicar la subida salarial pendiente de forma más inmediata», lamentó.
Poder adquisitivo
Con esta última subida –que se acordó en el pacto firmado por el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO en 2022–, los salarios de los funcionarios habrán aumentado un 9,5% en el periodo de 2022 a 2024, el máximo acordado, un crecimiento importante que, sin embargo, no es suficiente para compensarles por la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación, que se suma a los años de recortes salariales por la crisis de la burbuja inmobiliaria. Es más, CSIF –que no firmó el acuerdo salarial– denuncia que la capacidad de compra de los empleados públicos se ha reducido casi un 20% desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
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