Los funcionarios cobrarán la extra con la subida del 0,5% en la próxima nómina de julio

Así consta en la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se dictan las instrucciones oportunas para ejecutar la subida salarial adicional del 0,5% pendiente de 2024 en la nómina de los empleados del sector público estatal, con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año pasado.

De acuerdo con esta resolución, este incremento adicional se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y deberá hacerse efectivo en la nómina del presente mes de julio, salvo que la habilitación responsable no disponga de todos los elementos formales necesarios o no pueda hacerse por motivos técnicos, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible.

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Esta subida del 0,5% se materializará a través de una paga de atrasos, pues incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha actual y supondrá un extra de unos 283 euros de media, según los cálculos realizados por este periódico con datos del ministerio. Además, gracias al real decreto aprobado el pasado martes, las remuneraciones de los más de tres millones de empleados públicos que hay en España se elevarán unos 13,5 euros de media puesto que este 0,5% será consolidable, por lo que las próximas nóminas lo reflejarán de manera permanente, subida por la que el Estado tendrá que desembolsar unos 860 millones de euros.

Con este último aumento –que se acordó en el pacto firmado por el Gobierno y los sindicatos UGT y CC OO en 2022–, los salarios de los funcionarios habrán aumentado un 9,5% en el periodo 2022 a 2024, el máximo acordado, un crecimiento importante que, sin embargo, no es suficiente para compensarles por la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación, que se suma a los años de recortes salariales por la crisis de la burbuja inmobiliaria. Es más, CSIF –que no firmó el acuerdo salarial– denuncia que la capacidad de compra de los empleados públicos se ha reducido casi un 20% desde la bajada de sueldo decretada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.