Demandas y movilizaciones contra Hacienda: Los sindicatos se rebelan por incumplir con los funcionarios

Al mismo tiempo, CSIF, la organización más representativa en las Administraciones Públicas, presentó una demanda de recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Ministerio de Hacienda y Función Pública (actualmente Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) por el retraso acumulado de cinco años en la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado, otra de las medidas pactadas que no se ha cumplido.

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El teletrabajo, como modalidad de trabajo a distancia en el ámbito de la Administración Pública, se creó mediante real decreto en 2020 a raíz de la crisis de la covid-19, modificando el Estatuto Básico del Empleado Público, y se fijó un plazo de seis meses para adaptar la normativa en las distintas administraciones públicas. Sin embargo, el sindicato denuncia que no se han producido avances y emplaza al TSJM a que condene a Función Pública por inactividad y le obligue a regular el teletrabajo.

Este sindicato ya presentó a finales de 2022 la primera reclamación administrativa por inactividad a finales de 2022. Posteriormente, en febrero de 2023, registró un recurso contencioso administrativo que fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y emplazó al Ministerio de Hacienda y Función Pública a remitir en un plazo de 20 días el expediente administrativo para formalizar dicha demanda. Finalmente, dicho expediente fue remitido al TSJM en mayo de este año, más de dos años después, por lo que CSIF procedió este jueves a formalizar dicha demanda.

Además, delante del Ministerio de Hacienda se llevará a cabo el próximo martes una concentración, convocada por UGT y CC OO bajo el lema 'Es la hora. #CumpleLo Pactado', para exigir a la Administración que se dé una solución al personal laboral para que pueda acceder a la jubilación parcial y se les aplique la jornada de 35 horas, así como denuncian que aún no se ha comenzado la negociación para la mejora de las retribuciones de 2025.

A su vez se suman otras cuestiones sin atender significativas para un colectivo de más de tres millones de personas como la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual Marco Español de Cualificaciones Profesionales; negociar las necesarias modificaciones normativas para el pleno establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo; garantizar la atención presencial de los servicios públicos y un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión; la creación de empleo neto en las administraciones públicas, reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas; e impulsar la digitalización, captación y retención del talento, promoción interna, formación y carrera profesional.