Los alcaldes buscan respuestas a sus dudas por el decreto de pisos turísticos

El tan esperado y anunciado decreto no ha llegado con el entusiasmo que le hubiera gustado a la Consejería que dirige Luis Martínez Abad, ya que algunos de los municipios consultados por este periódico aún no saben siquiera cómo comenzar a aplicarlo. En síntesis, la nueva normativa exige un certificado de compatibilidad de la actividad, que deberá expedir cada ayuntamiento, obligatoriedad que deberán cumplir todos los pisos turísticos: tanto los próximos que salgan al mercado como el grueso de los ya existentes. Para estos últimos, la normativa otorga un plazo de ocho meses para que se pongan al día. También establece sanciones para los incumplidores: irán de los 15.001 euros, la mínima, hasta los 75.000. La competencia sancionadora recae en el Gobierno regional, que también deberá vigilar el cumplimiento de la normativa.

A falta de cifras exactas, de lo que no hay duda es que la capital encabeza el ranking en cuanto a número de pisos turísticos. «Estamos analizando el decreto y, sinceramente, no nos ha dado tiempo a leerlo en profundidad, nos ha cogido en plena Semana Grande», explica Gema Igual. «Los servicios jurídicos están estudiándolo en estos momentos para conocer exactamente en qué implica al Ayuntamiento de Santander», continúa. Aun así, no se muestra preocupada. «El decreto otorga ocho meses para poder actualizar todos los permisos, y será algo que no dependerá de ningún alcalde: dependerá de las normas urbanísticas y del propio decreto», asegura. «No hay que lamentar que alguien que no cumple la ley no pueda obtener la licencia. Lo que hay que ver ahora es que el cumplimiento de este nuevo decreto sea acorde a la realidad», concluye.

Los ayuntamientos consideran que les ha caído «la patata caliente», pues son ellos los que deben establecer los requisitos para otorgar el uso turístico a las viviendas, aunque también deberán tener en cuenta los ya fijados por el propio Gobierno regional, que exige que los inmuebles cuenten con inhaladores de humo, de monitorización del ruido y un botiquín de primeros auxilios. «Nosotros, de momento, no vamos a aplicarlo. No vamos a hacer como Arnuero, ya que nos parece exagerado», afirma Francisco Asón, alcalde de Ribamontán al Mar. Arnuero exige un aparcamiento de coche por cada dormitorio de cada piso turístico. En su objetivo por frenar la avalancha, se ha convertido en el primer municipio de la región en regular estas viviendas a través de una modificación de su Plan General. Además, prohíbe su ubicación en suelo rústico para equipararlas a los hoteles.

«La normativa no es justa porque nos deja toda la responsabilidad a los ayuntamientos, y debería ser una norma por igual para todos. Nuestra intención, de momento, a falta de que lo analicemos a fondo y los estudiemos, es ser permisivos. La propia normativa da un tiempo de plazo para que todos se pongan al día», concluye.

La sensación de los alcaldes ante el nuevo horizonte es similar. En Suances, por ejemplo, su regidor, Andrés Ruiz Moya, también prefiere ser cauto. «Tenemos el lunes de la semana que viene una reunión con el consejero, así que vamos a esperar. Nos va a reunir a todos para darnos información y ver cómo se procede a la regulación. En nuestro caso, queremos saber en qué consiste realmente, resolver las dudas; a partir de ahí, situaremos el foco y tomaremos decisiones. Hasta entonces, estamos a la expectativa», sentencia.

Esas dudas de las que habla el regidor de Suances se repiten en el occidente de la región. En San Vicente de la Barquera, su alcaldesa, Charo Urquiza, también opta por la prudencia. «Tengo el decreto justo encima de la mesa, pero aún no he tenido tiempo de leerlo a fondo, es algo que debo hacer también con los servicios jurídicos», explica. «Nadie duda de que hay que controlar los pisos turísticos, pero también hay que tener en cuenta que existen desde hace bastante tiempo. No es algo nuevo, aunque sí que es creciente puesto que Cantabria ya se ha convertido en uno de los refugios climáticos de España», añade.

«Tomaremos decisiones, pero estas no se producirán de manera inmediata. Es imposible. Hay que ver cuáles son las competencias que realmente se otorgan a los ayuntamientos para poder actuar», continúa. «Las comunidades de propietarios ya tienen la posibilidad de actuar por ellos mismos y prohibirlos si así lo deciden», subraya. En su caso, sí que ha notado «un aumento considerable de petición de licencias respecto al año pasado».