Arnuero, ante la avalancha de pisos turísticos, impone un aparcamiento por dormitorio

El Ayuntamiento de Arnuero se ha encontrado con 50 peticiones de permisos encima de la mesa, muchas si tenemos en cuenta que en todo el municipio hay, actualmente, 80 viviendas turísticas legales. La solución de los servicios técnicos, aprobada por unanimidad en el Pleno y publicada ya en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ha sido modificar su Plan General para restringir la apertura de estas instalaciones. Como su documento urbanístico de 2013 apenas hace mención a estas instalaciones, se han añadido dos novedades que deberían poner coto de manera muy acentuada a la llegada masiva de pisos vacacionales.

La primera es obligarles a contar con una plaza de aparcamiento por cada dormitorio o por cada 50 metros construidos de inmueble. Y la segunda les prohibe estar situados en suelo rústico, terrenos donde solo se permite la construcción de viviendas para uso residencial. Y es que los cambios introducidos por Arnuero pretenden equiparar los pisos turísticos con los hoteles. «Tenemos que defender las plazas tradicionales –el municipio cuenta con 1.800– para que puedan competir en igualdad de condiciones», explicó el alcalde. «El objetivo es garantizar el equilibrio entre el desarrollo turístico, la capacidad de acogida del territorio y la protección del entorno residencial», se puede leer en la modificación normativa aprobada.

Esta exigencia de tener una plaza de aparcamiento por dormitorio choca, en principio, con el espíritu de aquel borrador que el Gobierno sacó el verano pasado y luego retiró. La consejera de Turismo en aquel momento, Eva Guillermina, aclaró que «al tratarse de una vivienda, aunque sea de uso turístico, según la normativa actual, no se le pueden exigir condiciones más duras que las que se exigen a una vivienda residencial». Si bien es cierto que a un inmueble de nueva construcción se le puede obligar a contar con parking –depende de los ayuntamientos y los constructores–, no existe una obligación generalizada, y mucho menos a una plaza por cada dormitorio. Es decir, mientras en Arnuero se entienden los pisos turísticos como otro tipo de hoteles, el primer borrador del Gobierno seguía considerándolos viviendas. Habrá que ver si el nuevo, pendiente de la aprobación del Consejo de Estado, según avanzó la presidenta de Cantabria en el Debate del Estado de la Región, sigue esos mismos postulados.

En cualquier caso, el papel de los ayuntamientos será clave en la aplicación de la norma autonómica, sea cuando sea que se apruebe. Con el nuevo decreto, los ayuntamientos tendrán que hacer ordenanzas adecuadas para desarrollarlo, y pueden darse casos de municipios que prohiban estas viviendas vacacionales y otros que no.

Precisamente, el mes pasado, el nuevo presidente de los hosteleros cántabros, Eduardo Lamadrid, decía esto en una entrevista publicada en este periódico: «No vale que algunos ayuntamientos digan que sus zonas están sobresaturadas si ellos mismos no entran a regular las zonas y las viviendas de uso turístico. Si se van a quejar, tendrán que empezar a poner una solución. Tienen que actuar. Tienen que responder. Los alcaldes tienen que estar a la altura de la situación, modificando las ordenanzas que se consideren oportunas o los planes de urbanismo que tengan». Y eso es justamente lo que ha hecho Arnuero ahora.

De momento, el resto de municipios no ha dado demasiados pasos. Algunos, como Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera o Comillas –como la mayoría de los gobernados por PRC o PSOE– se han posicionado a favor de implantar una tasa turística que grave las pernoctaciones, como ya se hace en Europa, «si repercute en mejores servicios», pero el Gobierno y el PP se muestran reacios.

En Cantabria hay 7.698 pisos turísticos registrados, lo que la sitúa entre las diez regiones con más viviendas vacacionales de España. Estos pisos han experimentado un crecimiento del 2,7% en el último semestre. Y se calcula que hay más de 5.000 sin dar de alta en la región. Aunque la Consejería de Turismo quintuplicó el año pasado las multas a estas viviendas ilegales, los sistemas de control no llegan a cubrir todas las denuncias que existen debido a la avalancha de los últimos años.

Hay más preocupaciones con el régimen sancionador cuando esté listo el decreto. Turismo no tienen suficientes inspectores aunque aumente con cinco más la plantilla, tal y como está previsto, por lo que las asociaciones del sector proponen que los policías locales o los guardias civiles tengan capacidad para actuar si se detectan situaciones ilegales.

Este mes, precisamente, entró en vigor el registro obligatorio para viviendas de uso turístico en España. «En febrero o marzo hubo muy pocas solicitudes, pero ahora lo están haciendo de forma masiva. Hay una avalancha, no sólo en Cantabria», explicaron desde el Decanato de Registradores de la comunidad. Un aviso que coincide con la realidad que sufren municipios como Arnuero.