La Academia Cossío recurrió a la Udef para reabrir el caso de los cursos de formación

La fiscal superior, Pilar Jiménez, que ordenó la intervención de documentos en distintas oficinas del Gobierno, dice que ha presentado nuevas acusaciones que se deben comprobar

CONSUELO DE LA PEÑA

La Academia Cossío acudió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional para denunciar supuestas irregularidades en la homologación de centros de formación para el empleo después de que un Juzgado de Santander archivara su querella por un supuesto delito de prevaricación contra varios funcionarios del Servicio Cántabro de Empleo.

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El centro denunció en el Juzgado una supuesta trama dentro de la Administración para beneficiar a determinadas academias de enseñanza especializadas en cursos de formación en perjuicio de otras, hasta expulsarlas del sector. Después de investigar los hechos, el Juzgado archivó la causa, una decisión que fue recurrida ante la Audiencia de Cantabria, órgano judicial que todavía no se ha pronunciado sobre el caso.

Hace unas semanas, el centro presentó una denuncia en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de Madrid relacionada con los mismos hechos y, después de unas primeras indagaciones internas, los agentes remitieron un informe a la Fiscalía Superior de Cantabria en el que consideran que, al menos indiciariamente, se han podido cometer irregularidades.

El escrito de la Udef llegó al Ministerio Fiscal este mismo mes, lo que motivó la apertura de diligencias de investigación, unas indagaciones de las que se ha hecho cargo la fiscal superior, Pilar Jiménez. La investigación se encuentra en la «fase preliminar», según confirmó a este periódico Jiménez.

La primera actuación acordada fue la intervención de todos los expedientes del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan) y del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), desde el año 2007 hasta ahora, relacionados con la homologación de los centros de formación para el empleo, además de información sobre la puntuación otorgada a las academias desde 2007 en concepto de accesibilidad universal de sus instalaciones. El Ministerio Fiscal también pidió dos expedientes de contratación del centro de interpretación del río Ebro en Fontibre (Campoo de Suso) del ejercicio 2010. Para ello Jiménez requirió la intervención de los agentes de la Udef, que el pasado jueves se desplazaron desde Madrid y entraron en las oficinas del Gobierno para requerir la documentación, lo que causó estupor dentro de la Administración por lo inusual de la medida. Según ha podido saber este periódico, la Policía se llevó los documentos originales, buena parte de ellos custodiados ya en los archivos definitivos de la Administración, por lo que los funcionarios tuvieron que hacer copias de cada expediente, que son las que han quedado en las oficinas del Gobierno.

Jiménez confirmó que la denuncia guarda relación con la querella que presentó anteriormente la denunciante en los Juzgados de Santander y que fue archivada. No obstante, ahora se refieren «hechos nuevos» que hay que «valorar» de forma separada para conocer su alcance y si existe algún ilícito penal. Según la fiscal superior, de momento sólo se ha requerido documentación, pero «no se está investigando a ninguna persona en concreto. No hay nadie citado a declarar como investigado». Hasta que la Fiscalía no analice los expedientes «no se acordarán nuevas actuaciones». Si se desprende alguna irregularidad, el Ministerio Fiscal dará trasladado de las diligencias al Juzgado. Pero si no se desprenden indicios de delito, Fiscalía archivará las diligencias.

Informes falsos

La administradora de Cossío Formación, Olga García Cossío, señaló ayer que el conflicto que mantiene por la homologación de sus centros se extiende a la actual Administración. Según su versión, el pasado mes de septiembre solicitó a la directora del Icass, María Felisa Lois, «la revocación de las actuaciones realizadas por los técnicos del Centro de Ayudas Técnicas (CAT), que fueron dictadas arbitrariamente a sabiendas de que eran injustas». Sostiene que esos informes nunca fueron comunicados a su empresa, a pesar de lo cual «se enviaron al Emcan para ser utilizados para dar de baja a dos centros de Cossío Formación».

En este sentido, Patricia Señas, aparejadora del CAT, que niega cualquier enfrentamiento con la denunciante, subraya que las dos técnicas actualmente contratadas han visitado en dos ocasiones los centros de García Cossío, la primera vez en 2013, e informaron que incumplían la normativa vigente en materia de accesibilidad.

García acusa también a los técnicos de homologación del Servicio Cántabro de Empleo los responsables de la acreditación de los centros de formación para acceder a las ayudas del Gobierno de emitir «informes falsos y torticeros» sobre sus dos instalaciones, y ratifica que sus academias «son accesibles, como ya dijo el Gobierno de Cantabria en 2007, cuando concedió la accesibilidad universal».