24 de los 35 diputados del Parlamento cántabro tienen dedicación exclusiva

Eran uno más, 25, pero los partidos decidieron retirar este privilegio a Cristóbal Palacio (Vox), que perderá también la portavocía de su grupo. Porque con el criterio que rige actualmente, lo segundo es imposible sin lo primero. PRC, PP, PSOE y Cs consideraron que el ejercicio de la abogacía en un bufete es incompatible con su trabajo en la Cámara. La Ley de Elecciones de Cantabria impide a los parlamentarios el «desempeño de cualquier otra actividad pública o privada». Lo que ocurre es que existen una serie de excepciones. Las más importantes son el ejercicio de funciones docentes y la actividad artística o literaria. Ahí es donde entra la Comisión del Estatuto del Diputado, antes de pasar el asunto al pleno. Con la declaración de actividades que ha realizado cada uno de los afectados en la mano, los cinco miembros de esta comisión valoran si cumplen las exigencias y, por tanto, el régimen que tendrán los cuatro próximos años.

Esta comisión no puso ningún impedimento para que los propietarios de otras dos actas tengan dedicación parcial: repartir su tiempo entre el Parlamento y su actividad laboral habitual. Es el caso del alcalde de Reocín, Pablo Diestro, que no tiene ninguna retribución por ser regidor, pero mantiene el trabajo que desarrollaba antes de entrar en política. También de la ganadera Marta García (Cs), que a la vez de gestionar una instalación agropecuaria se sube a la tribuna cada lunes. A ambos les corresponden un sueldo anual de 32.299 euros.

Hay un tercer supuesto, el de los que sólo tienen indemnización por gastos. Cobran 13.196 euros y se encuentran, entre otros, los diputados que a la vez forman parte del Consejo de Gobierno: los regionalistas Miguel Ángel Revilla y Paula Fernández y el socialista Pablo Zuloaga. Como los anteriores, cobran únicamente esa cantidad en concepto de dietas por asistencia a plenos y comisiones el senador por designación autonómica, José Miguel Fernández Viadero, y Javier López Estrada, alcalde de Torrelavega. Tienen un salario público aparte, pero de otras instituciones. Completan la lista los que no han dejado su actividad profesional después de ser elegidos en las urnas: César Pascual (Partido Popular) no falta a su trabajo en el Servicio Cántabro de Salud, lo mismo que las socialistas Eva Salmón y Paz de la Cuesta, en la residencia Santa Clotilde y la Universidad de Cantabria, respectivamente.

Entre los 24 con dedicación absoluta también hay quien trabaja parcialmente fuera del Parlamento, pero la Comisión del Estatuto del Diputado ha considerado que no incurren en incompatibilidad. La clave es que esa valoración se hace con la declaración de intereses y actividad que hicieron los propios parlamentarios y que debe incluir «cualquier actividad, negocio, empresa o sociedad pública o privada que proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos o en las que se tenga participación o intereses».

Como confirman desde el Parlamento, los funcionarios se limitan a recepcionar el documento en el registro, pero nadie verifica que se ajuste totalmente a la realidad. Al contrario que lo que ocurre con la declaración de bienes, este registro sí tiene carácter «público», aunque en la práctica ningún cántabro puede consultarlo a menos que la Mesa de Portavoces dé el visto bueno a una solicitud formal previa.