La historia de la «injusta condena» a Bernardo Incera

Este vecino de Santander ha logrado una resolución sin precedentes en España gracias a la intervención de la Fiscalía de Cantabria, en concreto del fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que ha trabajado en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.

Según ha documentado el historiador Fernando Sígler Silvera, integrante de la asociación Casa de la Memoria La Sauceda (Jaén), Bernardo Incera fue detenido en Santander el 7 de septiembre de 1937, días después de que la capital cántabra fuera ocupada por las tropas italianas y navarras del bando franquista. En ese momento tenía 27 años, era maestro de obras y residía en la Plaza de la Peña. Cuando fue detenido por fuerzas de la Guardia Civil e ingresado en la prisión santanderina, conocida como Tabacalera, carecía de antecedentes penales. Incera tuvo que hacer frente a un procedimiento sumarísimo de urgencia que culminó un mes después de su ingreso en prisión en un consejo de guerra colectivo, en el que fueron juzgados junto a él otros tres procesados.

El historiador Sígler sostiene que el tribunal militar, que apoyó su decisión en el artículo 238 del Código de Justicia Militar que databa de 1890, condenó a Incera por su militancia sindical y su pertenencia al ejército gubernamental. «Bernardo Incera se incorporó al ejército rojo y habiendo movilizado a su quinta, habiéndose afiliado a la CNT en el mes de octubre del año pasado, fue ascendido a cabo y sargento, más tarde a teniente y últimamente a capitán, prestando servicios en un batallón de ingenieros en la construcción de trincheras y parapetos», recogen los 'hechos probados' de la sentencia condenatoria.

En el fallo también se afirma que Bernardo Incera cometió un delito de «adhesión a la rebelión». «Para la historiografía especializada en memoria histórica no deja de ser una aberración jurídica la acusación de rebelión contra quienes defendieron la legalidad vigente, formulada precisamente por quienes sí se habían rebelado contra el orden constitucional en vigor. Es lo que se ha dado en llamar la 'justicia al revés'», sostiene este historiador.

El tribunal militar condenó a Incera el mismo día del juicio a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, que en la práctica implicaba una condena de treinta años de prisión.

Comenzó a cumplir su condena en la cárcel de Santander, y el 1 de febrero de 1939 fue trasladado a la Prisión de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde permaneció encerrado hasta el 10 de agosto de 1940. En ese momento fue puesto en libertad ya que la Auditoría de Bilbao le concedió prisión atenuada (que cumplió en su domicilio) durante un periodo de cuatro años.

En 1943, le conmutaron la pena de reclusión perpetua por seis años de prisión menor, pero entonces ya llevaba en la cárcel cinco años, siete meses y veinte días.

Según relató a este periódico su hijo José María, tras quedar en libertad su padre fue «desterrado». Toda la familia tuvo que irse a vivir a un pueblo de Palencia y desde ahí «estuvimos dando vueltas de un lado para otra» hasta que regresaron a Santander.

Con el respaldo de la Fiscalía, José María promovió hace cinco meses un procedimiento judicial para reparar la figura de su padre. El Ministerio Público recabó toda la información relativa a las circunstancias que rodearon al juicio y posterior condena a cadena perpetua y procedió a instar la declaración judicial de estos hechos ante el juzgado de primera instancia.

En los mismos términos solicitados por la Fiscalía, y tras la celebración de una vista oral, el Juzgado de Instancia Nº4 de Santander ha dictado una resolución por la que se tienen por acreditados los hechos, declarando que Bernardo fue sometido «a un juicio sin garantías y condenado a cadena perpetua sin haber cometido infracción penal alguna, por lo que fue sometido a una privación de libertad arbitraria e inhumana, con efectos demoledores para su persona y muy perjudiciales para su familia directa».

José María ha conseguido su fin. «Esto no tenía que haber pasado. Todo lo que tuvieron que sufrir mi padre y la familia...». Por eso anima a todas aquellas personas que hayan vivido algo similar en sus propias carnes a denunciar los hechos ante la Fiscalía, a la que estará eternamente agradecido.