El grupo de Mirones se hace con el balneario de Lanjarón

Con un volumen de facturación de más de cinco millones de euros anuales, el complejo de Lanjarón ocupa el primer lugar entre los balnearios andaluces. La sociedad adquirida se compone de una serie de activos que incluyen un hotel de nueva construcción (de cuatro estrellas y 122 habitaciones), el antiguo balneario completamente rehabilitado, seis manantiales distintos entre sí de aguas minero-medicinales diferentes y todos ellos únicos, y otras instalaciones complementarias (amplios jardines, piscina exterior, instalaciones deportivas y auditorio).

Estas instalaciones se suman a otros nueve balnearios y doce hoteles que gestiona Relais Termal en siete comunidades, entre ellas Cantabria. De hecho, la historia de la compañía comenzó hace 25 años en la región con la adquisición del balneario de Liérganes, aunque, como explica en una nota de prensa, la cadena termal ha acelerado su proceso de expansión y crecimiento a partir de 2015, año en que el empresario Mirones se hace con la mayoría de la sociedad, que ahora llega a los 500 empleados. De hecho, en Santander se mantiene la sede social y los servicios centrales.

«Con esta incorporación, Relais Termal puede presumir de sumar más de mil años de historia y tradición termal», afirma Mirones, quien asegura que «sin duda podemos presumir de gestionar la empresa con más tradición y trayectoria de los balnearios españoles, del turismo de salud y posiblemente del conjunto del sector empresarial».

Este movimiento se produce poco más de medio año después de que la Audiencia de Cantabria absolviera a Mirones de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, un fallo que estaba cantado después de que sus hermanos retiraran su escrito de acusación horas antes del juicio y eximieran de toda responsabilidad al encausado.

Los cuatro hermanos habían acusado a Miguel Mirones de hacerse «de forma fraudulenta» con el control absoluto de la sociedad familiar Tres Mares SA, causándoles un grave quebranto económico, además de ser desalojados de los órganos de administración. Pedían tres años y nueve meses de prisión. En cambio, el tribunal declaró probado que no sólo no perjudicó a la familia, sino que la operación cuestionada resultó «beneficiosa» para ella.