El juicio del concurso de acreedores de Ecomasa se celebrará mañana
Tanto la Fiscalía como la administración concursal piden la inhabilitación de los dos propietarios y les reclaman 2,3 millones de indemnizaciones
El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander celebra mañana, a partir de las 9.30 horas, el juicio del concurso de acreedores de Ecomasa. En él se tratará de averiguar hasta qué punto la gestión de sus propietarios desencadenó la quiebra de la empresa de estufas de Maliaño, que recibió 18 millones de euros de dinero público y en la que se recolocaron 88 trabajadores procedentes del expediente de regulación de empleo de Teka, previo pago de otros 3,2 millones procedentes de la indemnización por sus despidos.
Tanto la Fiscalía como la administración concursal piden la calificación de culpable del concurso; y la inhabilitación de los propietarios de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, por cinco años y ocho años, respectivamente, para llevar a cabo actividades de comercio, formar parte de un órgano societario y administrar bienes ajenos. Asimismo, les reclaman 2,3 millones de euros de indemnizaciones por daños y perjuicios y solicitan que se declare «cómplices» a las empresas Ecomasa de Inversiones II y Comercial e Industrial NM Chile. Aunque sólo Fiscalía y administración concursal pueden hacer dictamen de calificación de concurso, en el procedimiento también están personados Sodercan y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), así como Lavín, De León y Antonio Hernández Molina.
Entre las pruebas testificales está prevista la declaración de Lavín y de León, y se han propuesto como prueba pericial tres informes: el del perito designado por el juzgado; la auditoría realizada por Ernst&Young por encargo de Sodercan; y la de KPMG Auditores propuesta por los propietarios de Ecomasa. El dictamen de la Fiscalía se basa en el informe de la administración concursal, en el que se desgranan las actuaciones de los empresarios y cómo, desde la creación de Ecomasa en 2012, y hasta junio de 2015, ésta recibe 18 millones de ayudas del Gobierno –presidido entonces por el PP– y 3,2 millones de TEKA.
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