«No soy racista, tengo cuatro amigos gitanos en el Facebook»
Uno de los tres procesados por acusar a los gitanos de propagar el covid en Santoña niega la autoría de los mensajes, otro dice que se vulneraron sus derechos y el tercero reconoce el delito de odio. La Fiscalía pide para los dos primeros tres años de cárcel y seis meses para el tercero
Los tres acusados por un delito de odio al señalar a vecinos de Santoña de etnia gitana en redes sociales como responsables de propagar ... el covid durante los meses del confinamiento, en el año 2020, han empleado estrategias diferentes en el juicio que se ha celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Cantabria.
Uno de ellos reconoció que envió a un grupo de WhatsApp, denominado ‘Por España’, un audio que acabó llegando a «multitud de vecinos» en el que pedía: «Que saquen estos casos, que va cayendo fulano, que caen por esto, me cago en Dios, que los cojan y los lleven al penal, me cago en Dios, que los tengan dentro de las murallas, que canten y bailen allí como en un campo de concentración hasta que se mueran todos. Me cago en su puta madre, están infectando a todo el mundo, con los gitanos, con que somos racistas, somos su puta madre, a ver si se mueren todos los hijos de la gran puta, pequeños, niños, abuelos y su puta madre».
Este acusado ha sellado un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta una pena de seis meses de cárcel tras reparar el daño –pidió perdón y está dispuesto a pagar una multa de 270 euros y mil más de responsabilidad civil– y al aplicarle la atenuante de dilaciones indebidas.
Otro de los acusados, según sostiene el fiscal, publicó desde su cuenta de Twitter (ahora denominada X), en la que tenía al menos 45 seguidores, el siguiente tuit: «El contagio en Santoña de un clan de etnia gitana deja cinco fallecidos, el alcalde pide ayuda. Aquí tienes tu ayuda, alcalde», seguido de una fotografía de un bote de gas similar a los utilizados por los nazis para el exterminio de los judíos en los campos de concentración».
La defensa de este acusado reclama su absolución y la nulidad de la declaración de su cliente por estar «fuera de plazo». Por su parte, el procesado, que solo contestó a preguntas de su abogado, se limitó a señalar que «han vulnerado mis derechos fundamentales» puesto que nadie le advirtió de que la instrucción había finalizado un año antes de que él declarara.
Al tercer encausado la Fiscalía le acusa de publicar en su perfil de Facebook, a sabiendas de que lo leerían todos sus seguidores: «La Policía se va a ver obligada a disparar a los gitanos que andan descontrolados por Santoña o nos van a matar a todos. Yo creo que todos entenderemos que se empleen a fondo». Posteriormente, publicó, según el fiscal: «Cuidado!! Por compartir esta noticia fui denunciado y se admitió a trámite en Santoña (me están investigando en el juzgado supongo que por racismo). Así está el patio».
Sin embargo, este acusado negó la autoría de los mensajes de odio: «No soy racista, tengo cuatro amigos gitanos en Facebook», aseveró. Según ha relatado, dos agentes de la Guardia Civil se entrevistaron con él en su domicilio de Santa Cruz de Bezana «sin informarme de mis derechos ni explicarme que estaba investigado por supuestos mensajes que incitaban al odio». Aunque uno de esos agentes sí ha testificado que se le informó por qué estaba investigado. En ese encuentro, este acusado reconoció la autoría de los mensajes, «que han sido identificados», según el fiscal. Aunque el procesado lo niega y dice que solo compartió noticias sobre el asunto.
La Fiscalía ha mantenido su petición de pena de tres años de cárcel respecto de los dos acusados que niegan los hechos. «No veo ninguna nulidad y no ser racista y tener supuestamente amigos gitanos no eliminan la intencionalidad. El delito de odio no lo minimiza".
"Queremos crear jurisprudencia"
Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), que ejerce la acusación popular, ha manifestado su deseo de que “este tipo de mensajes de odio antigitano no queden impunes. Esperamos que el juicio que se celebra hoy acabe con una sentencia condenatoria, que lance un mensaje a la ciudadanía para hacerla consciente de que este tipo de mensajes son perseguibles penalmente y que producen un daño en todas y cada una de las personas gitanas”. Además, ha añadido que "este caso es un litigio estratégico, con el que pretendemos, no sólo hacer justicia, sino generar jurisprudencia y una concienciación acerca de la gravedad de los discursos de odio, que no pueden tener cabida en nuestro Estado de Derecho”.
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