Irak libera a más de 19.000 presos por el hacinamiento de sus cárceles

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Las cárceles iraquíes se encuentran saturadas. A principios de mes, el ministro de Justicia, Khaled Shawani, reconocía el problema y le ponía números. Las 31 prisiones del país albergan a 65.000 reclusos, el doble de población penitenciaria para el que fueron diseñadas. Además, miles de detenidos permanecen bajo la custodia en otras instituciones por la falta de capacidad en los penales.

Así, el perdón ha beneficiado a un total de 93.597 iraquíes. A este número se llega sumando a los condenados en ausencia, los que se encuentran en libertad bajo fianza y aquellos con órdenes de arresto pendientes. Unas cifras reveladas en el comunicado hecho público tras una reunión en Bagdad entre altos funcionarios judiciales para discutir la implementación de la norma, aprobada en enero. En el mismo se informa de que 19.381 reclusos han salido de prisión en los primeros cuatro meses del año.

La amnistía alcanza a algunas personas condenadas por su pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico. Sin embargo, ningún condenado por homicidio relacionado con terrorismo puede acogerse a la medida de gracia, que sí contempla eximir de condena a crímenes de corrupción, robo y consumo de drogas.

Entre las disposiciones de la nueva ley, se establece que los condenados por cargos de terrorismo solicitar la liberación, un nuevo juicio o el sobreseimiento de sus causas si afirman que sus confesiones fueron tomadas bajo coacción mientras estaban detenidos. Los legisladores suníes apoyaron masivamente este proyecto legislativo, ya que consideran que su comunidad ha sido objeto injustamente de acusaciones de terrorismo y en ocasiones sus declaraciones de culpabilidad haían sido obtenidas mediante métodos de tortura.

Todas las ejecuciones han sido suspendidas en virtud de la norma de amnistía general. Irak ha recibido críticas de grupos de derechos humanos por su aplicación de la pena de muerte y particularmente por las ejecuciones masivas llevadas a cabo sin previo aviso a los abogados o familiares de los prisioneros. Los 63 ajusticiamientos en 2024 lo convirtieron en el tercer país del mundo en ejecuciones de las que tiene constancia el informe de Amnistía Internacional.