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La reconstrucción del Sistema Nacional de Salud tras la pandemia es un asunto de extrema urgencia. Y para iniciar el proceso de recuperación sanitaria no ... tenemos crisis de ideas, ni de proyectos, ni de planteamientos deseados y -de hecho- compartidos. Desde julio de 2020, contamos con un documento amplísimamente consensuado, que marca la senda de las reformas necesarias en materia sanitaria en nuestro país. Se trata de las conclusiones de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica.
Sin embargo, la solemnidad de su aprobación en el Congreso de los Diputados no ha garantizado que se avance en su desarrollo y la gran tarea que queda por delante es volcar los puntos de este plan en políticas sanitarias y estrategias de acción institucional. O lo que es lo mismo, abandonar lo retórico y entrar en lo puramente ejecutivo y práctico.
Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene una serie de disfuncionalidades, las cuales se han agravado por la rivalidad y los desencuentros de los responsables en los distintos gobiernos. Por ejemplo: las organizaciones profesionales ya hemos trasladado un elenco de medidas para reforzar la Atención Primaria, pero todos miran hacia otro lado cuando llega el momento de aunar esfuerzos y acciones; cuando llega el momento de mejorar las condiciones laborales y el número de médicos; cuando llega el momento de generar un plan de cogobernanza que integre a los niveles institucionales correspondientes...
Las estructuras complejas tienen muy difícil organizarse con competencias legales que reparten obligaciones entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos. La interdependencia es muy alta y se necesita una gestión multinivel.
En lo referente a la universalidad de la cobertura sanitaria, el posicionamiento de los médicos está claro: nos declaramos favorables a que nuestros centros y servicios estén abiertos y sean accesibles para toda la población, con las menores restricciones posibles. No solo por problemas de ética en la asistencia, sino respondiendo a términos de eficiencia: tratar a todos de forma correcta y temprana ayuda a evitar complicaciones y aminora contagios en casos de enfermedades transmisibles.
Igualmente, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos entendemos que la prestación de los servicios sanitarios se debe garantizar a través de una gestión directa de carácter público que sea ágil, transparente y con participación que incluya representación médica. De forma complementaria, la contratación con instituciones o centros privados se podrá llevar a cabo en los supuestos y requisitos, condiciones y estándares de calidad previstos en las leyes y normativas vigentes. Avanzar hacia la gestión clínica -consensuada, también, en el acuerdo firmado en el año 2013 entre el Foro de la Profesión Médica y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- es el camino hacia la flexibilidad para poder hacer cosas que no permiten los actuales modelos burocráticos y gerencialistas.
Para abordar la sostenibilidad, tenemos que poner sobre la mesa dos temas clave que están hipotecando el futuro de la Sanidad y de la Medicina españolas. En primer lugar, la precariedad, que afecta a casi el 50% de los médicos de nuestro país y que -entre otros motivos- empuja a los médicos más jóvenes a buscar condiciones laborales más dignas fuera de nuestras fronteras en lo que supone una incomprensiblemente permitida fuga de talento. Por otra parte, la falta de control de los precios de los insumos tecnológicos y farmacéuticos. Los poderes públicos deben reaccionar a la influencia de las poderosas multinacionales que influyen en los precios. Los poderes públicos deben vertebrar mecanismos de control para que la eficacia y la efectividad de las innovaciones sean establecidas con rigor científico y técnico. Los poderes públicos deben garantizar que estas evaluaciones guíen la incorporación de las innovaciones al Sistema Nacional de Salud, libres de otros intereses.
También está encima de la mesa hablar de copagos. Para los médicos, lo prioritario es defender a los pacientes frágiles y pluripatológicos, con alta necesidad de acceso a los medicamentos. Es esencial poner topes a la aportación y favorecer que aquellos fármacos con elevada utilidad terapéutica tengan menor carga de copagos que otros menos útiles o con efectividad más dudosa.
El Pacto por la Sanidad, demanda principal de la profesión médica, es el inminente próximo paso hacia esa vital reconstrucción sanitaria, social y económica. En este ámbito, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos siempre estará en la línea del consenso y los acuerdos porque sin ello podremos elaborar miles de documentos pero seguiremos huérfanos de política sanitaria y estrategias de transformación, que son -finalmente- las que permiten dirigir la nave hacia el destino. En este caso, los objetivos son garantizar y consolidar el derecho a la protección de la salud, universal y gratuito, sin diferencias ni desigualdades entre individuos, bajo los principios de cohesión, equidad, excelencia, eficiencia y seguridad. Todo ello, clave y pilar de la justicia social.
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