La finca Quinta Labat lleva cuatro años sin uso después de que el Gobierno la vendiera

En las últimas imágenes que trascendieron de su interior, que datan de 2018, el aspecto no era mucho mejor que el que hoy presenta su exterior. Agujeros en las paredes por las que asomaban cables, ordenadores destripados, escaleras estropeadas y con la alfombra en mal estado y desconchones en paredes y techos.

Los planes que pueda tener la nueva propietaria para este privilegiado espacio, localizado en la Avenida de Los Infantes número 32 –un 32 que pide a gritos una mano de pintura desde la verja que rodea la finca– y a apenas medio kilómetro de las playas de El Sardinero, es un misterio. Fuentes del Ejecutivo regional apuntan que, por su parte, una vez vendido el inmueble lo que ocurra con él escapa a su responsabilidad. Desde el Ayuntamiento de Santander no les consta que se haya solicitado ninguna licencia para actuar en la finca. Y por último, la propia empresa, Oilba Estaciones, no ha querido hacer ninguna declaración al ser preguntada por El Diario Montañés.

El abanico de usos que se le puede dar a Quinta Labat tampoco es muy amplio y, de hecho, esa fue una de las razones por las que el Gobierno de Cantabria tardó tanto en encontrar comprador. El edificio figura como equipamiento público en el Plan General de Santander, lo que limita mucho la actividad que puede albergar. Puede destinarse a un uso social, cultural, sanitario o administrativo, pero no puede venderse ni alquilarse para abrir allí un hotel o residencias particulares. Tras adquirirlo, el abogado que representó a Oilba Estaciones durante la subasta no especificó el uso que querían dar a la infraestructura, asunto que sigue siendo una incógnita cuatro años después. Su objeto social o actividad tampoco arroja luz al asunto: se trata de una sociedad dedicada a la compra, venta y arrendamiento de estaciones de servicio, así como a la compraventa y arrendamiento de toda clase de fincas, ya sean rústicas o urbanas, ya sea para su uso o explotación.

El inmueble fue diseñado en 1895 por el arquitecto Casimiro Pérez de la Riva y se construyó para utilizarlo como vivienda. Durante décadas fue residencia de la familia Labat y más tarde se convirtió en la sede de la Escuela de Hostelería. Cuando esta última cerró, en torno a los años 80, el Gobierno central lo transfirió a la comunidad autónoma.

En ese momento el edificio estaba muy deteriorado y se sumió en unas importantes obras de rehabilitación. En concreto, el Ejecutivo regional destinó 100 millones de pesetas para reformarlo y en un primer momento se barajó convertir el edificio en la residencia oficial del presidente cántabro. Pero a Juan Hormaechea no le convenció la idea –coincidió con su primer mandato– y Jaime Blanco tampoco llegó a mudarse.

En 1991 se instaló en la finca la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria y años después pasó a Industria, hasta que este departamento se trasladó al Pctcan en 2014, donde sigue a día de hoy. Desde entonces, la Quinta Labat ha estado vacía y sin uso hasta que se produjo su venta cinco años después. Y costó adjudicarla: salió a subasta en 3,3 millones y nadie presentó oferta; en la segunda ronda el precio se rebajó hasta 2,8 millones y el proceso quedó también desierto; fue en la tercera subasta cuando Oilba Estaciones aceptó las condiciones de venta, de 2,4 millones.