La alcaldesa reclama ayuda para frenar los ataques al Centro de Emprendedores

Lidia Ruiz Salmón quiere frenar en seco los ataques «de una minoría» a las obras del Centro de Emprendedores y mañana pedirá al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, su apoyo para que no vuelvan a producirse. La alcaldesa considera «lamentable» la actitud de la plataforma ciudadana que se opone a su construcción y rechaza que lo que sucede en la finca de La Carmencita sea «un nuevo Gamonal» como dicen los integrantes del colectivo, del que forman parte EQUO, ACPT, IU, Podemos, PCPE y vecinos de la zona. «No se puede comparar lo sucedido con Gamonal bajo ningún concepto», dijo Ruiz Salmón. En declaraciones a este periódico, la regidora socialista insistió en que se trata de una obra «que va a crear riqueza, generando oportunidades entre los que empiezan una actividad empresarial». «Alucino con lo que hace esta gente, que representa a muy pocos, pero mete mucho ruido», afirmó indignada.

La petición de apoyo de la alcaldesa al delegado del Gobierno se produce después de que el pasado viernes ni la instalación de cámaras de seguridad ni la presencia policial evitaran que la plataforma derribase de nuevo el vallado perimetral, repuesto durante esa jornada por la empresa adjudicataria. Al igual que ocurrió el miércoles, la decisión fue tomada en asamblea por unas setenta personas, que actuaron en bloque y de forma rápida antes de la llegada de la Policía Local. Lo primero que hicieron fue destruir las dos cámaras de seguridad instaladas en una torre de publicidad y, seguidamente, corrieron hacia las vallas y las tiraron a patadas.

No cayeron todas porque los miembros de la plataforma salieron corriendo al ver llegar a dos policías locales, que siguieron la asamblea desde el aparcamiento de La Carmencita, próximo al lugar de la concentración. Lo sucedido el viernes en La Carmencita no ha pasado desapercibido en Torrelavega. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Antonio Fermández Rincón, condenó ayer los hechos y defendió la obra del Centro de Emprendedores, una de las actuaciones que se ha incluido en la declaración institucional aprobada por una treintena de agentes económicos, políticos y sociales con el objetivo de sacar a la ciudad y su comarca de la grave crisis por la que atraviesa. «Es una incoherencia que haya gente que se oponga al futuro de Torrelavega porque el Centro de Emprendedores representa una oportunidad para fomentar el emprendimiento como una nueva vía que abra nuevas perspectivas y posibilidades, especialmente a las generaciones que finalizan su formación y no encuentran empleo», señaló. Fernández Rincón dejó claro que siempre hay que respetar a la minoría, «pero, en este caso, es evidente la falta de respeto que esa minoría, muy bien organizada, tiene hacia la mayoría».

También se refirió a los ataques al Centro de Emprendedores el principal partido de la oposición en Torrelavega. La concejala popular Marta Pérez Estébanez exigió a la alcaldesa que «asuma sus responsabilidades» para garantizar la seguridad en Torrelavega y «poner fin a estos actos violentos».

Daño a Torrelavega

También exigió al PRC que encare su responsabilidad de gobierno y defienda este proyecto «de la amenaza de un tipo de radicalismo que ellos alimentaron cuando estaban en la oposición». «Nosotros añadió decimos que 24 de 25 concejales hemos votado a favor de la construcción del Centro de Emprendedores y no hay derecho que en un país democrático una minoría quiera imponer su voluntad por la fuerza». Pérez Estébanez dijo que la democracia significa respetar los votos de la mayoría, «pero estos radicales, que tratan de imponer sus criterios al margen de la ley, están dañando la imagen de Torrelavega y asustando a los empresarios y a los emprendedores de nuestra ciudad». «Exigimos a la coalición PSOE-PRC que defienda nuestra ciudad, que defienda la democracia y que defiendanel acuerdo tomado por abrumadora mayoría en el Pleno de Torrelavega», concluyó.

Frente a esto, el colectivo contrario al Centro de Emprendedores cree que es «inaceptable» que se destinen 2,7 millones de euros a los «bolsillos» de dos constructoras y a «apuntalar objetivos electorales» vendiendo a los ciudadanos «un futuro de color de rosa tantísimas veces prometido».