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El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia del Plan Parcial El Valle emitida el mes pasado por ... el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Santander. La impugnación que interpone el municipio, y que en esencia replica la Junta de Compensación -los propietarios de los terrenos-, defenderá la validez de los pasos seguidos por la Administración durante la tramitación del proyecto urbanístico, señalado como «ineficaz» por la magistrada debido a, precisamente, la ausencia de algunos documentos relevantes cuando fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Con la reclamación, el Consistorio se propone demostrar que ese 'error de forma' señalado por la Sala no es tal y, que de hecho, su difusión se ajustó a la legislación cuando fue divulgado en el diario oficial, en 2007.
El hecho de que sea el proyecto urbanístico más importante de Torrelavega -afecta al nuevo Conservatorio de Música y Danza y a la construcción de 980 viviendas entre Sierrapando y Tanos- y haya quedado estancado por culpa de diferentes socavones a lo largo de 19 años tiene relación con los argumentos que quiere esgrimir el Ayuntamiento. Los tiempos, el 'cuándo' se produjo cada paso, son claves.
Para hacerse una idea, una de las grandes bazas de la Administración municipal se sostiene en que esa «ineficacia» señalada por el Contencioso afecta a unos protocolos y a unas formas de difusión sobre la iniciativa distintas a las de hoy en día. Es decir, el Plan Parcial juzgado en la sentencia se publica en 2007 por el equipo de gobierno socialista de Blanca Rosa Gómez Morante, pero no de una forma «ineficaz» o incompleta sino de acuerdo a la jurisprudencia que entonces regía este tipo de trámites: la Ley 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Hoy la normativa ha cambiado y, de hecho, acaba de estrenar una nueva Ley del Suelo tras la aprobación del Parlamento autonómico. El recurso defenderá dos grandes argumentos: por un lado, que un 'desfase' legal no puede ser considerado un error de forma y que, en 2007, todo se hizo como se tenía que hacer; y por otro, que no todos los papeles que faltan en el BOC son susceptibles de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local -según la cual todos, y no solo algunos, los documentos normativos se tienen que publicar-.
El Ayuntamiento de Torrelavega está decidido a proteger el interés público del proyecto y blindar su futuro pase lo que pase en la sentencia del Contencioso Administrativo y, si llega, en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Si el máximo tribunal autonómico falla en contra, el equipo de gobierno contempla al menos tres vías para garantizar la seguridad jurídica del plan urbanístico. Esas herramientas de reversión que baraja son la expropiación, el convenio y la ocupación directa, tal y como ya avanzó el alcalde, Javier López Estrada, en el último Pleno municipal celebrado el martes pasado.
Otro asunto distinto es que la Sala cambie de criterio y dé la razón al equipo de gobierno en contra de la empresa constructora Gruconort. Involucrada en el Plan Parcial, esta es la parte discordante dentro de este proceso. La firma demandó inicialmente al Consistorio y la Junta de Compensación por, precisamente, no publicar toda la documentación del proyecto para levantar el Polígono 2 -el plan se compone de tres en total-, la tercera parte de una iniciativa que, desde la rotonda del Puente de Piedra hasta la glorieta de Los Rotarios, reserva un total de 36.000 metros cuadrados de suelo residencial, 32.000 de dotaciones educativas, 1.000 sociales y 5.000 de zonas verdes. Al margen de los 3,5 millones de euros aproximados en los que está valorado, el Polígono 2 del Plan Parcial es un revulsivo muy ambicioso para el encaje urbanístico de Torrelavega. Hay mucho en juego.
Si la sentencia termina siendo firme, irá directa al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), reiniciando el proceso desde cero e inaugurando un nuevo capítulo en esta serie que ya dura 19 temporadas. ¿Qué pasará aquí? Por lo pronto, el TSJC tiene que decidir si la titular del Juzgado Número 2 tiene razón. Si el Plan Parcial El Valle es realmente «ineficaz», su «falta de publicidad» justifica la paralización del proyecto... Todo eso.
Entre tanto, el Ayuntamiento de Torrelavega está empeñado en seguir adelante con el Polígono 2, recopilar el dinero para ejecutar la actuación, seguir los tramites para requerir el pago, verificar la obra y avanzar tanto como los tribunales le permitan. Lo mismo quiere hacer la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, envuelta en el limbo jurídico desde que le fueron cedidos unos terrenos de la zona pero decidida a continuar con los planes del Conservatorio marcados hasta ahora.
De momento, el departamento de Marina Lombó persiste en su hoja de ruta y se afana en culminar el primer proceso de licitación contemplado en el horizonte del proyecto: su redacción. Para ello, un jurado de expertos de la Consejería constituido a tal fin viene analizando los proyectos presentados de trece empresas aspirantes al contrato, que supera los 860.000 euros y tiene visos de resolverse en los próximos días.
Hay muchas esperanzas distintas depositadas en este suelo, pero hace años que esas ilusiones quedan empañadas por este goteo de despropósitos que viene azotando la actualidad de la iniciativa, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, hasta los problemas que han experimentado las partes.
Y hablando de partes. Además del Polígono 2 -al que atañe el fallo-, la superficie está segmentada en otros dos polígonos: el primero, comprendido entre la Fundación Asilo y la rotonda del Puente de Piedra, con 27.000 metros cuadrados residenciales, 8.500 de zonas verdes y 1.500 de bajos comerciales esperando; y el tercero, entre dicha rotonda y la unión del Bulevar Ronda con Fernández Vallejo, de 11.500 metros cuadrados para vivienda, 12.000 comerciales y otros 12.000 verdes.
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