«Había montado un tinglado, una trama de dudosa legalidad»

«Lo que existía era un red clientelar clarísima respecto de un grupo de empresas que tenían posibilidad de acceder directamente a los miembros de la junta». «Había montado un tinglado, es decir, una trama de dudosa legalidad entre clanes políticos y clanes de contratistas». Estas son algunas de las afirmaciones que efectúo ayer el ex interventor de Castro Urdiales, Fernando Urruticoechea, en calidad de testigo, ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. Y es que ayer el instructor del 'caso Mioño' llamó a declarar tanto al ex interventor como al representante de la empresa Norgás Servicios y Canalizaciones, subcontratada por Izeta para realizar el acondicionamiento del túnel de Mioño.

Aunque Urruticoechea reconoció ante el instructor que «no sabía nada del túnel de Mioño» y «desconocía el expediente», si dijo que cuando se refería a ese «tinglado» lo hacía de forma general porque lo conocía «perfectamente y lo denunció ante la Fiscalía». Además, aseveró que «había unas cuantas decenas de empresas que participaban en el tinglado, que no puede precisar».

Contratación

Por otro lado, el ex interventor aseguró ante el juez que «no existía un departamento de contratación: Carmelo Cano tenía múltiples funciones y su puesto era inexistente en el Ayuntamiento. Las funciones de este señor eran de absoluta ilegalidad», dijo. Además, apuntó que «desconoce a que se llamaba servicio de contratación, que no existían expedientes de contratación y si había, se encargaba de ellos cada uno de los propios departamentos que los necesitaba».

Estas declaraciones de Urruticoechea se suman a las que hizo en su pasada comparecencia ante el juez, en esa ocasión por el 'caso Trapur'. En aquel momento dijo que «había 6 millones de euros en facturas sin expedientes de tramitación y sin crédito presupuestario» y que «cuando entró en el Ayuntamiento de Castro Urdiales éste funcionaba de manera caótica». Así, comentó que cuando entró la nueva Corporación en 2003 «intentó arreglarlo», de ahí los cursos que impartió a los concejales, «pero la situación volvió a cambiar de forma acelerada, volviendo a funcionar como anteriormente». Finalmente, el ex interventor recordó que en la junta de gobierno local «se aprobaban sólo facturas, no el expediente de contratación. Cada concejal llevaba su lote de facturas, a veces con el reparo de legalidad, pero les daba igual».