La cruzada de una 'madre coraje'

En la madrugada del día 4 de junio, Josué González Ruiz, un chico de 21 años de edad, tuvo un accidente en la avenida Fernando Arce que le costó la vida. Acababa de llegar de Zaragoza, para visitar a su familia en Torrelavega durante el fin de semana. A las pocas horas de su regreso, cuando conducía por esta amplia calle, tras un brusco movimiento del volante, su turismo, un Ford Escort, fue a chocar contra la parte trasera de un camión, marca 'Scania 113 II'.

Este vehículo estaba aparcado en el mismo lugar donde se erguía una señal vertical de tráfico que prohibía el aparcamiento de camiones. Entonces estaba vigente una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Torrelavega que prohibía el aparcamiento de vehículos de más de 3.500 toneladas. Josué murió. Conducía a una velocidad de 55 kilómetros a la hora (Informe Técnico Pericial sobre Reconstrucción de Accidentes de Tráfico) y sin alcohol en sangre (informe toxicológico).

Desde aquel día, su madre, Yolanda Ruiz Gutiérrez, entonces funcionaria municipal, comenzó una cruzada, prototipo de madre coraje, en todos los frentes administrativos y judiciales a su alcance, tratando de conseguir que se erradiquen del centro de la ciudad, los aparcamientos de camiones, y que el Ayuntamiento haga cumplir su propia ordenanza. Poco le importa que algunos camioneros la llamen «la local de los camiones».

Múgica Hergoz tira la toalla

Acaba de recibir la primera, y hasta el momento única, satisfacción desde que perdió a su hijo Josué hace cuatro años y medio. El Defensor del Pueblo, con quien comparte desde diciembre de 2005 el mismo objetivo, que el Ayuntamiento regule el aparcamiento de camiones de las vías urbanas, la ha comunicado que la inacción del Ayuntamiento de Torrelavega -que lejos de erradicar este aparcamiento, lo ha consolidado- será una actitud se pondrá en conocimiento, «y debidamente especificada» a las Cortes Generales, en su próximo informe anual.

A Yolanda Ruiz Gutiérrez, le parece que este dictamen de Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo, al menos, la da el consuelo de saber que su lucha no es causa de orates y que no cejará, hasta conseguir que los camiones de gran tonelaje no aparquen en pleno centro urbano.

En este tiempo, las depresiones y la enfermedad, han hecho mella en su salud, hasta el punto de que está pensionada y ya no pertenece al cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Torrelavega, contra quien ha luchado, desde dentro y fuera de la institución.

«Inacción municipal»

El Defensor del Pueblo, que en varias ocasiones tuvo que instar al Ayuntamiento, para que respondiera a sus demandas de información, reconoce en su último escrito, que lo único que ha conseguido del Ayuntamiento ha sido una respuesta negativa al responder que «actuará de acuerdo con los criterios de ordenación que tiene en consideración y que los mismos no se verán afectados por la queja tramitada por esta Institución (el Defensor del Pueblo)»

En consecuencia, en el documento que ha enviado Múgica a Yolanda Ruiz, y que será elevado a las Cortes Generales, dice textualmente: «De la demora en la tramitación de la ordenanza encaminada a la regulación del transporte de mercancías peligrosas, y del estacionamiento de camiones en el municipio, se deduce que, a pesar de haber manifestado expresamente el Ayuntamiento de Torrelavega, que aceptaba la recomendación formulada por esta Institución, no existe voluntad de dar cumplimiento efectivo a la misma, por lo que esta Institución no tiene más remedio que considerar que dicha Corporación no acepta la recomendación planteada en su día por el Defensor del Pueblo (...), lo que quedará debidamente especificado en nuestro próximo informe que se elevará a las Cortes Generales».

Fernando Arce es una amplia avenida, que discurre desde el barrio Nueva Ciudad, hasta su entronque con la avenida Fernández Vallejo, junto al edificio de la Fundación Asilo, bordeando medio perímetro del Mercado Nacional de Ganados. Es utilizada por los camioneros para aparcar sus vehículos, a ambas partes de la vía, la mayoría de gran tonelaje. El día del accidente que segó la vida de Josué González Ruiz, en ese mismo punto, había una señal vertical de tráfico prohibiendo aparcar camiones. Dicha señal fue quitada tres meses después, cuando comenzaron las denuncias de Yolanda Ruiz.

Ciertamente existe una ordenanza municipal, de regulación de las vías públicas, difundida por el Ayuntamiento de Torrelavega, a través del Boletín Oficial de Cantabria, el miércoles día 25 de enero de 2006, en cuyo artículo 27, apartado séptimo dice: «No se permitirá el estacionamiento de autobuses y camiones, con peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas, en las vías públicas urbanas, excepto en lugares señalizados específicamente para ello». Es éste el principal argumento en el que se apoya la madre de Josué para que se erradiquen éste y otros aparcamientos de camiones de las calles del municipio.

Argumentos municipales

Por su parte, el Ayuntamiento arguye que aquella señal de prohibido aparcar, «ni estaba operativa en aquel momento ni lo ha estado nunca», al tiempo que da fe de la existencia de este aparcamiento de camiones en la avenida Fernando Arce, «que ha sido diseñado, promovido y mantenido por el propio Ayuntamiento de Torrelavega. Está consolidado y acordado por el Ayuntamiento, que así da respuesta a una necesidad del colectivo de transportistas.»

Y es que, en Torrelavega, no existe un aparcamiento específico para camiones. Se fijó como tal el del recinto ferial La Lechera, pequeño y no muy bien aceptado por los transportistas. Una empresa privada, la firma Construcciones Carabaza, quiso promover hace unos años, uno, pero finalmente, tuvo que desistir del proyecto, por los problemas que presentaba la calificación de los terrenos y los accesos. De esta manera los transportistas, en su mayoría, dejan aparcados sus vehículos en las calles, preferentemente, en las del barrio y el entorno de Nueva Ciudad, y en parte del trazado del bulevar ronda.

Además, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santander, en 2008, dictó una sentencia que excluía al Ayuntamiento de la responsabilidad administrativa en el accidente. Incluso, en una de la veintena de contestaciones al Defensor del Pueblo, que cruzó con el Ayuntamiento y la demandante, en estos años, el Ayuntamiento asegura en una de ellas, la de julio de 2006, que «las pretensiones de la demandante, en la actualidad, están enderezadas a la obtención económica de una indemnización por supuesta responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Torrelavega. También deberá depurarse la posible responsabilidad del hijo de la señora Gutiérrez, en la producción del siniestro y demás circunstancias que hayan podido afectar a la conducción».

Esta afirmación contrastaba con la que muchos años antes, en julio de 1993, daba el Ayuntamiento, a través de la entonces Comisión de Gobierno, a la petición de un vecino, Félix Portilla, que había pedido que se aplicara la normativa municipal sobre la prohibición de aparcamiento de camiones en el casco urbano, «por lo que visto el informe emitido por el servicio de obras, vengo a acceder a esta petición», rubricaba el entonces alcalde de Torrelavega. Yolanda Ruiz se pregunta públicamente «¿entonces, ¿por qué en un caso se tomó una determinación y en el otro no?»