Agudo, citado como imputado, dice que está dispuesto a dar todas las explicaciones

El juez Jaime Parra, que investiga supuestas irregularidades en el caso GFB, la fábrica de fibroyeso que recibió decenas de millones de euros en ayudas públicas del Gobierno PRC-PSOE y nunca llegó a abrir, ha citado a declarar como imputado al exconsejero de Economía y actual presidente del PSOE de Cantabria, Ángel Agudo.

La decisión judicial convierte a Agudo en el segundo exconsejero del Gobierno bipartito encausado en este proceso. El primero fue Miguel Ángel Pesquera, anterior responsable de Industria. Junto a ellos, están también imputados dos ex altos cargos de Sodercán, la sociedad pública que instrumentalizó la operación, el ex consejero delegado José Villaescusa y el ex director general Francisco Royano. A todos ellos el juez les atribuye supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y contra la Seguridad Social en la gestión del proyecto, un asunto que el Tribunal de Cuentas da por hecho que, al menos hasta el año 2011, costó a las arcas cántabras más de 30 millones de euros.

Agudo dispondrá de tiempo suficiente para preparar su defensa ya que no tendrá que declarar hasta el próximo día 7 de noviembre.

Tras la información publicada en la edición impresa de El Diario Montañés, el exconsejero ha emitido un comunicado en el que explica que aún no se le ha notificado ninguna citacíón, pero que el cualquier caso no hay inconveniente alguno en dar todas las explicaciones que sean precisas y así lo volveré a hacer en su momento.

Agudo ha reiterado que, como ya dije en la Comisión de Investigación iniciada por el PP en el Parlamento, el anterior Gobierno actuó con el objeto de intentar atraer inversión productiva a Cantabria y generar nuevos puestos de trabajo en la región. Como así ha sido. En este sentido, ha añadido que el actual presidente acudió a la puesta en marcha de la fábrica, que está funcionando y en vísperas de ampliar personal, según han declarado sus responsables.

Una decisión esperada

La imputación del exconsejero de Economía era una decisión esperada, sobre todo después de que su compañero de Gobierno Miguel Ángel Pesquera le responsabilizara ante el juez Parra de las decisiones económicas del proyecto, un testimonio que contradice abiertamente el informe de los administradores concursales de GFB, que le exoneraron de toda responsabilidad al no haber detectado durante su mandato «una participación activa o relevante» en los hechos y decisiones que condujeron al fracaso empresarial. En su dictamen, la administración concursal dirigió el dedo acusador hacia Pesquera, único responsable político implicado en la declaración de culpabilidad del proceso concursal.

Agudo asumió la cartera de Economía durante las dos legislaturas del Gobierno de PRC-PSOE (2033-2011), y como tal fue miembro del Consejo de Administración de GFB entre 2004 y 2008, aunque los peritos concursales le atribuyen un papel irrelevante en la operativa. Sin embargo, Agudo fue puesto en el punto de mira por el Ministerio Fiscal, aunque de manera generalista, junto a la práctica totalidad de los consejeros de Sodercán, y por el informe de la comisión parlamentaria que investigó la gestión del bipartito en el proyecto de GFB, de la que dimana el procedimiento penal.

Aquellas indagaciones en sede parlamentaria, iniciadas meses después de la actual legislatura, fueron el embrión de las diligencias penales. El dictamen, sacado adelante con la mayoría absoluta del PP en la Cámara, fue remitido al Ministerio Fiscal al considerar que había indicios de delito en el desarrollo de la operación.

Fue la primera comisión de investigación impulsada por el actual Gobierno de Ignacio Diego, a la que este año se sucedería otra relacionada con la empresa pública Cantur. Sus conclusiones apuntaron a ex altos cargos de Sodercán, a los exconsejeros Pesquera y Agudo como ejecutores «directos» de todo el proyecto, al expresidente Miguel Ángel Revilla y a la exvicepresidenta Dolores Gorostiaga como responsables de supuestas irregularidades (sobrevaloración de la maquinaria o contratación fraudulenta de trabajadores para obtener subvenciones públicas).

Más lejos

El Ministerio Público no sólo hizo suyas las acusaciones, sino que fue más allá al solicitar la imputación de la práctica totalidad del Consejo de Administración de Sodercán y de la fábrica de fibroyeso GFB como supuestos autores de un delito societario y otro contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Sin embargo, el magistrado Jaime Parra desoyó la petición fiscal e, inicialmente, limitó la imputación a los ex altos cargos José Villaescusa y Francisco Royano. Después, fue tirando del hilo y amplió los cargos al exconsejero Pesquera para llegar, ahora, hasta Agudo.

La estrategia judicial ha sido la opuesta a la fórmula de la Fiscalía. Si ésta pasaba por encausar a los consejeros por su cargo, el magistrado prefirió dirigir las investigaciones de abajo hacia arriba. Por eso, empezó por inculpar a quienes estaban en la base de la cúspide de las decisiones que se tomaron en torno al frustrado proyecto. Como Villaescusa y Royano se aferraron a su perfil técnico para eludir cualquier responsabilidad en el caso y señalaron a Pesquera como la persona que lideró y reactivó el proyecto, el juez imputó a Pesquera. Y cuando la semana pasada éste echó balones fuera y responsabilizó a su compañero de gobierno Ángel Agudo de las decisiones económicas de la operación, estaba cantada la citación de Agudo en calidad de imputado. Pesquera también repartió culpas con su sucesor en Industria, Javier del Olmo, al que trató con especial dureza al acusarle directamente del fracaso de la operación. Pero su responsabilidad penal era más difícil de encajar porque Del Olmo entró en GFB cuando el fracaso empresarial estaba ya «consumado», en palabras de la intervención concursal.

¿Tirará el juez hacia arriba hasta llegar a la cabeza del Gobierno bipartito? Sólo si Agudo apunta en esa dirección, algo más que improbable, porque tocaría a la entonces vicepresidenta Dolores Gorostiaga. El exconsejero siempre ha defendido el proyecto, de cuyo fracaso echó buena culpa al «ruido político» que hizo el PP cuando estuvo en la oposición, aun a costa de los intereses de Cantabria. «Gobernar es decidir y asumir riesgos. El que no lo haga, no se equivocará, pero llevará a esta región a la parálisis», fue su alegato entonces.