La cooperación para el desarrollo en el 50 aniversario de la OCDE

El 4 de mayo se celebra en la sede de la AECID el 50 aniversario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con la presencia de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, el secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, y la embajadora de España ante el organismo, Cristina Narbona. Lo que sigue resume mi intervención en dicho acto.

La OCDE tiene su prehistoria en la Organización Europea para la Cooperación Económica, institución multilateral creada en 1948 para obligar a los europeos a aceptar, contra su voluntad inicial, unos requerimientos de planificación económica para la asignación de la ayuda de EE UU a través del Plan Marshall. España no ingresaría en la OECE hasta diez años después. Y en 1961, con el entrada de EE UU y Japón, la OECE se refundó como OCDE.

Por tanto, la OCDE proviene de lo que ha sido el programa de desarrollo de mayor impacto de los últimos 60 años. Y desde el mandato inicial del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en 1961 se planteó que una de sus funciones debería ser la distribución de la carga de la ayuda entre sus miembros, entonces ya en condiciones de «ayudar a otros países a ayudarse a sí mismos» gracias al éxito del Plan Marshall.

De hecho, con el fin de repartir la carga de la ayuda se había creado en 1960 el Grupo de Ayuda al Desarrollo, que finalmente daría lugar a la OCDE y dentro de ella al CAD, que se puede considerar, así, como el último logro del Plan Marshall, en la estela progresista de los discursos de las Cuatro Libertades de Roosevelt (1941) y de los Cuatro Puntos de Truman (1949).

En la hoja de servicios del CAD en estos primeros 50 años de su historia hay sin duda algunos méritos muy destacados, empezando por el de la creación de un auténtico régimen internacional de la ayuda. Lo primero fue definir la Ayuda Oficial al Desarrollo, para distinguirla de otros flujos oficiales, y luego propiciar el progresivo desligamiento de la AOD bilateral. En cuanto a los objetivos de la política de desarrollo se adoptó tempranamente el del desarrollo sostenible, luego se prefiguró el programa de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para considerar más tarde la equidad de género y el empoderamiento de la mujer como objetivo transversal, y la lucha contra la pobreza (entendida como fenómeno multidimensional) como objetivo principal de la política de desarrollo. Finalmente, con la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda de 2005 y los Principios sobre División del Trabajo de 2009, se fijó una agenda sofisticada de calidad de la ayuda.

Tres son los desafíos que quedan por delante. En primer lugar, la propia legitimidad del CAD para la gobernanza global de la ayuda. Muchos autores han criticado el carácter de club de donantes que tiene el CAD, pero olvidan que desde 1962 el Centro de Desarrollo de la OCDE, propuesto por el presidente Kennedy, permitió el diálogo político entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Además, en 2009 el CAD reformó el Equipo de trabajo sobre eficacia de la ayuda, dando entrada a 24 representantes de países receptores y, sobre todo, a siete donantes emergentes, con el objetivo de convertirse en «una asociación internacional sobre eficacia de la ayuda». Del éxito de esa y otras iniciativas complementarias (como el Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur y el Grupo de Estudio China-CAD) dependerá que el CAD aúne mayores dosis de legitimidad a su eficacia para la gobernanza de la cooperación.

El segundo desafío es la financiación. En este sentido, el apoyo establecido indirectamente por los miembros del CAD en 1965 al objetivo de destinar el 0,7% del PIB de los países desarrollados a ayuda al desarrollo sólo ha servido para erosionar la legitimidad del sistema y generar frustración de los receptores ante la falta de cumplimiento de ese compromiso moral. Dicho objetivo se estableció a partir de las necesidades de financiación de los países en desarrollo teniendo en cuenta la distribución mundial del comercio, el ahorro y el PIB de aquel momento, pero tales condiciones han cambiado radicalmente. Y es que la justificación económica original de la ayuda (cubrir la doble brecha de ahorro y de divisas) asentada sobre la metáfora jerárquica Norte-Sur de las relaciones internacionales (con un Norte que crece y un Sur que se queda atrás) cada vez tiene menos sentido en un contexto donde los países desarrollados están altamente endeudados y ven menguar a toda velocidad su peso en la economía mundial. En este contexto, la carga de la ayuda se puede repartir con países de renta media con alta capacidad de ahorro interno y elevadas reservas de divisas: son países que se encuentran en el primer decil de la distribución mundial del PIB (China, Brasil, India, Rusia, México, Turquía o Indonesia) y no olvidemos que China e India serán la primera y la tercera economía el mundo en paridad de poder adquisitivo en 2016, según la última proyección del FMI.

Finalmente, está el asunto de la coherencia de políticas. Pese a los reiterados llamamientos del CAD desde 1991 para que las políticas monetarias, comerciales, financieras o migratorias no bloqueen los objetivos de la política de desarrollo, es obvio que en la incoherencia de políticas está la clave de muchos problemas que bloquean el desarrollo. Pero el elemento distintivo ahora, frente al año 1961, es que la coherencia ya no afecta solo en su aplicación a los países que entonces eran desarrollados, sino a los que están a punto de tocar las puertas del cielo y sobre los que habrá que ver cómo gestionan sus propias contradicciones. Ayudarles a superarlas debería ser una de las principales misiones de un CAD ampliado, pero, para ello, los países desarrollados del club tendrían primero que empezar a predicar con el ejemplo.