Los abogados cántabros tildan las nuevas tasas de «atentado contra los derechos ciudadanos»

«El proyecto de Ley de Tasas en la Administración de Justicia, aprobado el miércoles en el Congreso, supone uno de los más graves atentados contra los derechos de los ciudadanos que se ha operado por un gobierno desde la Constitución». Ésta es la valoración que a Jesús Pellón, decano del Colegio Oficial de Abogados de Cantabria, le merece la normativa que fue aprobada por el Congreso el día 31 de octubre y que, básicamente, impone tasas cuando se realicen recursos o reclamaciones de determinada cuantía.

Siguiendo la dinámica que han emprendido en otros colegios profesionales de España, el de Cantabria no descarta que este colectivo llegue a adoptar alguna medida de presión o de denuncia pública. De hecho, está previsto que la semana que viene se reúna la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y que sus decisiones se den a conocer públicamente.

«Justicia para ricos»

De antemano ya existe una confrontación abierta entre los abogados de Cantabria y la nueva Ley de Tasas Judiciales, con una implicación social, que divide a los ciudadanos según su capacidad económica: «Se ha establecido, en definitiva, dos tipos de justicia: una para los ricos, con mas medios de defensa, y otra para los que carecen de estos medios, a los que se obstaculiza de manera importante el acceso a los procedimientos judiciales».

En Cantabria hay 1.200 abogados ejercientes (600 licenciados en Derecho no ejercientes) que, además, se verán afectados por las repercusiones que, desde el punto de vista económico, tendrá -en su opinión- esta medida. Pellón se pregunta «¿quién va a reclamar frente a una resolución administrativa, una multa por ejemplo, de 150 euros si tiene que pagar de tasa 200 euros? ¿quién va a pedir que se reparta una herencia cuyos bienes valgan 300.000 euros si ha de pagar de entrada 1800, más los recursos y las costas del proceso?».

Este abogado, que se muestra «indignado» por el contenido de esta ley se cuestiona quién va a establecer un recurso contra una sentencia civil «que, como mínimo, cuesta 800 euros y si lo que se discute vale 200.000 euros».

El Congreso de los Diputados hizo el pasado miércoles en la aprobación del proyecto de Ley, algunas modificaciones y ha eximido a los trabajadores el pago del 60% de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en el orden social.