Borja Suárez

Secretario de Estado de Pensiones y Seguridad Social

«A los jóvenes les diría que tengan la absoluta certeza de que su pensión futura está asegurada»

-Echando la vista atrás, ¿qué puntuación le da al contenido surgido a raíz del Pacto de Toledo?

-Un notable alto, el Pacto de Toledo es un tesoro que debemos preservar. Además, es un oasis en el panorama parlamentario y político español donde los consensos han sido muy poco habituales. Representa un pacto histórico con en el que, superando las diferencias políticas, se afronta con consenso el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social. Creo que podemos sentirnos orgullosos y agradecidos: el Pacto de Toledo ha hecho más social y más fuerte nuestro sistema de pensiones y ha mejorado la vida de millones de pensionistas en España.

- ¿Las últimas reformas en el sistema de pensiones han logrado el efecto deseado?

-Efectivamente, las últimas reformas nos dejan resultados muy esperanzadores. Le voy a dar algunos datos: la edad media de la jubilación ordinaria ha alcanzado ya los 65,2 años (era de 64,4, en 2019); en este último año se ha duplicado el peso de la jubilación demorada, que ha llegado al 11,4% de las nuevas altas cuando en 2021 estaba en el 4,8%: se ha reducido el porcentaje de las pensiones de jubilación que se anticipan más de un año, del 73% en 2021 al 61% en 2024 y, de las nuevas altas, las jubilaciones anticipadas se han reducido un 9,5%. Así, en conjunto, en 2019 eran un 40% los que anticipaban y ahora rondan solo el 29%. Y las reformas van a seguir dando resultados positivos, sobre todo con la reciente entrada en vigor de las nuevas medidas de impulso para compatibilizar el trabajo y la pensión. Las altas en jubilación activa, una de las que permite trabajar y recibir pensión al mismo tiempo, han sido en los últimos dos meses bastante más numerosas que otros periodos similares.

- ¿Serán necesarias nuevas modificaciones en el corto plazo?

-Nuestro sistema de Seguridad Social está concebido como un organismo vivo, en constante cambio, pues debe dar respuesta a una realidad variable, y a las necesidades de una sociedad que evoluciona con el paso de los años. Por ello, nos hemos dotado de unos mecanismos de evaluación que nos facilitan adaptarnos a esa realidad cambiante. Eso nos facilita el camino que debemos emprender para garantizar el futuro. En cualquier caso, estamos en un momento económico y de empleo que nos hace ser optimistas, sobre todo porque esta coyuntura favorable y que dura ya varios años refuerza los ingresos del sistema, que siguen aumentando. Hay más personas trabajando y cotizando, con empleos más estables y mejores salarios, y gracias, entre otros, al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ya alimenta un Fondo de Reserva de la Seguridad Social que está previsto que termine el año con 14.000 millones de euros.

-¿Está preparado el sistema para la inminente jubilación de la generación del 'baby boom'?

-El principal reto al que se enfrenta nuestro sistema de la Seguridad Social es precisamente hacer frente a la jubilación de la generación más numerosa de la historia de este país. Por eso, las reformas que hemos emprendido y las que están en proceso de diálogo social tienen como objetivo preparar el sistema para este escenario que, por cierto, tiene fecha de caducidad. Y estamos convencidos de que estas reformas nos van a permitir encararlo con éxito. Y eso va a ser posible porque las medidas introducidas refuerzan la sostenibilidad del sistema combinando a la vez la garantía de pensiones dignas y suficientes con la aportación de ingresos adicionales como los que he mencionado anteriormente. Y, a diferencia de lo que se hizo en otras ocasiones, estas reformas no pivotan sobre el recorte del gasto social, que empobrece a gran parte de la población al suponer pérdidas en su capacidad económica. Se hacen con un enfoque mucho más social y progresista que ha sido muy bien acogido por países que han emprendido reformas similares en este sentido como Alemania.

-¿Qué les diría a los jóvenes que piensan que no tendrán pensión en el futuro?

-Llevamos años, décadas, oyendo que los jóvenes no tendrán pensión. La realidad les ha quitado la razón a los agoreros. Les diría a los jóvenes de hoy que tengan la absoluta certeza de que su pensión está asegurada. Y lo está porque tenemos un sistema de pensiones, constituido como uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, que se está dotando, como ya he dicho, de unos mecanismos para obtener ingresos adicionales que serán claves para garantizar sus futuras prestaciones.

-¿Qué medidas ayudarían a la sostenibilidad del sistema dado que las prestaciones medias ya se acercan en algunas comunidades al salario medio?

-Hay quienes consideran esto un problema. Yo creo que es un signo de la fortaleza de nuestro actual sistema de pensiones. Aparte de las medidas que he mencionado, es preciso destacar que la buena marcha del mercado laboral es una herramienta fundamental para el aumento de los ingresos. Y, dentro de esta, las subidas del salario mínimo y la reforma laboral que entró en vigor en 2022 están teniendo unos efectos positivos incuestionables. Al final, el sistema se nutre fundamentalmente de las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, por tanto, que las cifras de afiliados vayan batiendo mes tras mes todos los registros es la mejor noticia posible para la Seguridad Social y para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.

- Existe un problema de igualdad en las prestaciones sociales entre las clases pasivas (empleados públicos antes del 2011) y del régimen general (posteriores). Esa diferencia afecta a los coeficientes reductores en la edad de jubilación y a la percepción de brecha de género. ¿Qué soluciones plantean para acabar con esta desigualdad?

-Yo no hablaría de un problema de igualdad. Se trata de diferencias entre dos regímenes de protección social, el de Clases Pasivas y el Régimen General de la Seguridad Social, que tuvieron un origen y un desarrollo diferentes. En los últimos años estamos dando pasos hacia la integración, hasta 2020 la gestión de Clases Pasivas correspondía al Ministerio competente en materia de Función Pública y desde entonces esa gestión ha pasado a depender del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin afectar los derechos adquiridos por los funcionarios públicos, la renovación de las Recomendaciones del Pacto de Toledo y el diálogo social deben ser el marco para avanzar en la convergencia de estos dos regímenes.

- ¿Los nuevos coeficientes reductores en la edad de jubilación para actividades con riesgo pueden ser el paso previo para incrementar la edad de jubilación a los 70 años? El 'modus operandi' es similar a lo que ocurrió con el decreto de 2011 y los coeficientes reductores cuando se subió la edad a los 67 años.

-Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: no nos planteamos elevar la edad de jubilación. Para lo que estamos trabajando es para que la jubilación se adapte a las circunstancias particulares de cada trabajador. Hay casos en los que se ocupan puestos de especial dureza y penosidad, cuyas condiciones no pueden ser modificadas, y se requiere una protección especial y la posibilidad de adelantar la jubilación. Hay otros casos de trabajadores que se encuentran perfectamente física y mentalmente cuando cumplen la edad ordinaria de jubilarse y quieren seguir trabajando. Y también hay personas que se jubilan y al año se dan cuenta de que quieren volver a la actividad laboral. Nuestra intención es que el sistema contemple todas estas opciones y dé buenas alternativas para cada uno de estos escenarios.

–Sobre Seguridad Social, las bajas laborales han escalado entre las preocupaciones empresariales. ¿Necesita el sistema más recursos para atender adecuadamente a los pacientes, especialmente en los casos de larga duración?

–La mejora de la salud y de la recuperación de los trabajadores es un asunto que nos preocupa y que nos ocupa también en la Mesa de Diálogo Social, escenario que muestra la importancia que este Gobierno da al consenso con los agentes sociales, una de sus señas de identidad para sacar adelante reformas sólidas y duraderas. En el último acuerdo, firmado en julio del año pasado, uno de los puntos versaba sobre el desarrollo de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en relación con la implicación de las Mutuas en la incapacidad temporal, a la hora de colaborar con los Servicios Públicos de Salud en la realización de pruebas diagnósticas en patologías de origen traumatológico. Eso sí, siempre sujeta a la voluntariedad y consentimiento de los ciudadanos. Ahora estamos empezando a desplegar los convenios que lo materialicen con las comunidades autónomas y que esperamos que contribuyan a que los trabajadores se puedan recuperar en las mejores condiciones. Ahora la mesa está trabajando en una propuesta para reincorporación gradual y estamos avanzando en esta línea de acción.