Pascual aboga por ligar los sueldos de los sanitarios al cumplimiento de objetivos

El director gerente del Hospital Valdecilla y vicepresidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), César Pascual, apuesta porque el 40% de los salarios de los trabajadores dependa del cumplimiento de objetivos. Y no sólo eso, según Pascual, «el personal de nueva incorporación debería regirse por el régimen de derecho laboral privado para poder pactar con agilidad e independencia el montante del salario variable, así como los objetivos de los que dependerá». El máximo responsable del centro sanitario de referencia de Cantabria defendió nuevas reglas para el sector de la sanidad pública en el marco de un encuentro celebrado en Santander cuyas conclusiones se han recogido en el documento 'Compromiso Sedisa con la sostenibilidad y las reformas de los servicios sanitarios públicos', en el que se ofrecen 25 propuestas.

Pascual ha apoyado las propuestas de la Sociedad Española de Directivos de la Salud amparado en el actual escenario de escasez de recursos y en la importancia de invertir más en desarrollo que en asistencia. En su opinión, esa nueva coyuntura plantea la necesidad urgente de movilizar otros recursos con la vista puesta en incentivar a los profesionales sanitarios para que realicen las prácticas clínicas de manera eficiente.

Sedisa incluye en sus conclusiones que «la premisa de la máxima eficiencia es un imperativo ético que debe impregnar a toda la organización sanitaria, desde los directivos al personal de base» y por ello entienden prioritario monitorizar el proceso y sus resultados.

El nuevo régimen planteado ofrece, a criterio de los facultativos, «la flexibilidad necesaria para remunerar según valía y productividad, y para poder ajustar la atención sanitaria a las necesidades asistenciales de la población».

Por lo que se refiere al personal estatutario y funcionario -representa la mayoría del personal del sistema-, Sedisa entiende que debe modificar sus estatutos con el interés de que la seguridad del puesto de trabajo «no prime sobre la obligación de ofrecer un servicio público excelente y productivo a la población. A ello añaden la necesidad de que en este colectivo también dependa un 40 % de su salario, así como su promoción como profesional, de sus capacidades productivas y de la evaluación del esfuerzo en el cumplimiento de objetivos previamente pactados. En el otro lado de la balanza, los que no alcancen las metas establecidas deberían poder ser cesados de sus puestos de trabajo o, en su defecto, ser sancionados de manera rápida y ejemplarizante.

Otras de las recomendaciones de la sociedad sanitaria es «seguir manteniendo la financiación pública basada en impuestos y en los principios de universalidad, igualdad y equidad, pero fomentando una financiación territorial equilibrada y homogénea». Y es que consideran que, aunque el SNS ha logrado que su nivel de eficiencia y sus resultados sanitarios se sitúen entre los mejores del mundo, la crisis «ha puesto de manifiesto las limitaciones del sistema y ha demostrado su incapacidad de satisfacer las nuevas demandas que la sociedad actual plantea».

Nuevos recursos

Debido a ello, desde la sociedad consideran también relevante «ajustar la estructura y actuar sobre los procesos para conseguir la eficiencia de los mismos», algo a lo que se debe de unir la transferencia del riesgo financiero de los procesos. Así, apuestan por «seguir avanzando en la externalización basada en presupuestos 'per cápita'».

De este modo, y aunque la Administración garantice la financiación, la provisión «debe ponerse en manos de los que sean capaces de ser más eficientes, ya sea una empresa pública, una fundación, una concesión administrativa o una cooperativa de profesionales», señalan. «Todos podemos poner un grano de arena para mejorar la gestión», según el presidente de Sedisa, Joaquín Estévez.

Los expertos manifiestan que «habría que estudiar la posibilidad de pagos directos del usuario consensuados en todo el SNS». Así, y dejando clara su postura contraria al copago, Estévez considera «trascendental» gravar con un 'ticket' moderador la frecuentación innecesaria «y el uso abusivo de los recursos», aunque, asegura, cualquier cambio debería llegar de la mano de un gran pacto de Estado.