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Concesario oficial de Volskwagen en Torrelavega
Un juez de Torrelavega da la razón al fabricante en la primera sentencia del 'caso Volkswagen'

Un juez de Torrelavega da la razón al fabricante en la primera sentencia del 'caso Volkswagen'

El fallo argumenta que el demandante, que compró un Volkswagen Tiguan en 2002, "no ha demostrado tener una especial conciencia medioambiental" y que "el vehículo es apto para la circulación"

DM .

Martes, 24 de mayo 2016, 10:25

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La polémica sobre los Volkswagen trucados ya tiene su primera sentencia. Un juez de Torrelavega ha dictado el primer fallo y ha sido a favor de la compañía. La sentencia emitida por el juzgado de primera instancia cántabro ha desestimado la demanda presentada por el comprador de un modelo de esta marca, en concreto un Volkswagen Tiguan, en mayo de 2012. En su demanda, admitida a trámite el 27 de noviembre de 2015 (una semana después de que estallara el escándalo de los motores trucados) el propietario alegó que el vehículo tenía instalado un software "mal intencionado" que alteraba los datos de emisiones contaminantes en el banco de pruebas, y solicitó la resolución del contrato y la restitución del precio abonado, 34.542 euros.

En el fallo, que se puede recurrir, el juez Pablo Fernández de la Vega argumenta que el vehículo es apto para la circulación y que el demandante "no ha probado que sea una persona con especial preocupación por el medio ambiente" así como que "en el momento de adquirir el vehículo buscase algo más que un medio de transporte de precio adecuado a sus posibilidades económicas".

La reclamación se dirigía tanto contra Volkswagen Audi España como contra Parte Automóviles, concesionario oficial de la marca en Torrelavega. El juez exime a Volkswagen-Audi España porque no es "ni la vendedora ni la fabricante" del vehículo, sino que su actividad consiste en la importación y distribución, por lo que no existe "vínculo contractual". Y en el caso del concesionario, la sentencia señala que no hay nada que indique, "ni siquiera de modo indiciario", que cuando se hizo la compraventa tuviese conocimiento de que el coche tenía el motor trucado.

El juez Pablo Fernández de la Vega desestima la posibilidad de anular el contrato porque no hay prueba alguna, ni siquiera de modo indiciario, de que el vendedor tuviera conocimiento de que el vehículo tenía instalado un software malintencionado.

El escándalo de los vehículos trucados desveló la instalación de un software en 11 millones de motores diesel para cumplir con los márgenes fijados por la ley sin perder potencia. La marca anunció qué modelos y qué bastidores se habían visto afectados, y la intervención sobre los motores podría hacer perder potencia al vehículo.

El juez considera por último que la oferta realizada por Volkswagen de dar una solución técnica al motor haciéndose cargo de todos los costes, "es la adecuada y no existe causa alguna que justifique su rechazo".

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