La Policía registra un ordenador del despacho de Vox en el Parlamento de Cantabria por el caso de acoso

Los agentes dan este paso después de que la asesora haya ampliado su demanda contra Díaz. Ya no solo la responsabiliza de una vulneración de sus derechos fundamentales como trabajadora, también considera que ha sido víctima de un delito de vulneración de secretos, ya que la jefa del Grupo Parlamentario, según el contenido del escrito presentado en el juzgado, tenía en su poder imágenes de mensajes procedentes de su WhatsApp personal y correos electrónicos que habrían sido extraídos de este dispositivo sin autorización.

¿Por qué entiende el juez de instrucción que Díaz está en posesión de esos documentos? Para explicarlo, hay que ir un poco más atrás. Antes de que López Tafall interpusiera la querella a finales del pasado mes de marzo, la asesora intentó resolver el conflicto por la vía interna, informando a la dirección en Madrid. La actuación del Comité de Garantías de Vox fue un tanto errática tras analizar el caso y escuchar a ambas partes. Casi al mismo tiempo que ratificaba como portavoz a Díaz cuando existían rumores que apuntaban a que podía ser sustituida por el también diputado Cristóbal Palacio –ahora en el Grupo Mixto–, Madrid cerró el expediente contra ella decretando su suspensión de militancia durante medio año por los hechos denunciados. Un periodo en el que, en teoría, no podía disfrutar de sus derechos como afiliada, aunque en la práctica no tuvo consecuencias.

Fue durante ese proceso interno cuando Díaz habría presentado como pruebas los mensajes instantáneos y correos electrónicos de su asesora y denunciante. Y esa misma documentación es la que ha llegado ahora al juzgado que instruye la causa por acoso, aportada por la dirección nacional de Vox, que los tenía en su poder fruto de aquel proceso.

Esta ampliación de la demanda es lo que ha ralentizado el resto de trámites judiciales por acoso. Inicialmente, los testigos de ambas partes estaban llamados a declarar el pasado 30 de mayo. Los abogados de Díaz solicitaron retrasar estas declaraciones para analizar el nuevo material aportado. En principio, estas testificales se retomarán ya después del verano.

Los hechos denunciados –en lo referente al supuesto acoso– comenzaron en el verano de 2023, tras las elecciones autonómicas, cuando Leticia Díaz, ya enfrentada con el diputado Palacio, empezó una campaña en el Grupo Parlamentario para cambiar por completo el equipo de trabajo heredado de la pasada legislatura y afín al abogado. Primero despidió al encargado de redes sociales y después, tras la intervención de un mediador nacional por el caos interno ingobernable, consiguió que saliera el coordinador del grupo, Niko Gutiérrez. Meses después, ocurrió lo mismo con su sucesor, Toni López. En ese momento, Madrid ya había recibido quejas oficiales por el trato que, presuntamente, Díaz ofrecía a la asesora, que se cogió una baja laboral en la que aún se encuentra.

La dirección nacional de Vox activó el protocolo y entrevistó a ambas. Otras fuentes del partido valoraron entonces que los «desprecios» a la trabajadora eran «continuos y muy desagradables», con «broncas diarias y llamadas de madrugada». La portavoz siempre ha negado todos los hechos. «Lo que ha ocurrido es que la trabajadora se ha imaginado que la iba a despedir porque era personal de confianza del anterior portavoz y se ha cogido la baja», decía en su día Díaz, que recordaba que la investigación comenzó por un escrito anónimo.

En ese tiempo han pasado más cosas relevantes. Por ejemplo, la Inspección de Trabajo concluyó que Vox cometió una «infracción grave» al no contar con un plan de prevención de riesgos. A ello hay que sumar la opinión «desfavorable» de los trabajadores entrevistados sobre el clima laboral: «Llegan a hablar de falta de empatía de los responsables, discriminación y violencia psicológica».