La asesora de Vox que denunció a Leticia Díaz por acoso ante el partido acude ahora al juzgado

Aunque no es la única comunidad autónoma en la que hay conflictos internos, Cantabria sigue dando quebraderos de cabeza a la dirección nacional de Vox. El último, en forma de batalla judicial entre una asesora del Grupo Parlamentario, Carmen López Tafall, y la jefa de la formación en la Cámara, Leticia Díaz. La misma empleada que la primavera pasada ya denunció por los cauces internos a la portavoz ha dado un paso más y ha presentado una querella en los juzgados por lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales como trabajadora. Según ha podido saber El Diario Montañés, el escrito se registró hace dos semanas y todavía está a la espera de ser admitido por el titular del juzgado correspondiente.

La actuación del Comité de Garantías de Vox ha sido un tanto errática tras analizar el caso y escuchar a ambas partes. Casi al mismo tiempo que ratificaba como portavoz a Díaz cuando existían rumores que apuntaban a que podía ser sustituida por el también diputado Cristóbal Palacio, Madrid cerró el expediente contra ella decretando su suspensión de militancia durante medio año por los hechos denunciados. Un periodo que está a punto de terminar y en el que, en teoría, no ha podido disfrutar de sus derechos como afiliada, aunque en la práctica no ha tenido consecuencias.

La táctica seguida en el caso de Díaz por la dirección nacional de Vox -por un lado sancionarla y por otro ratificarla como portavoz- se leyó internamente como un intento de calmar las aguas. Una decisión salomónica que, a la vez, tenía mucho que ver con el miedo a que Díaz diera un golpe sobre la mesa, cogiera la puerta al ser degradada y rompiera con las siglas para irse al Grupo Mixto. Grupo Mixto al que, finalmente, el que se marchó fue Palacio. Lo hizo denunciando también un «acoso permanente» por parte de su excompañera. Visto este último movimiento, parece que López Tafall no está conforme con la sanción contra Díaz. De hecho, para llegar a un acuerdo sin acudir a los tribunales, la asesora reclamaba un reconocimiento de los hechos y una recompensa económica, además de las medidas disciplinarias internas, algo que no se ha producido.

Los hechos denunciados comenzaron en verano de 2023, tras las elecciones autonómicas, cuando Leticia Díaz, ya enfrentada con el diputado Palacio, empezó una campaña en el Grupo Parlamentario para cambiar por completo el equipo de trabajo heredado de la pasada legislatura y afín al abogado. Primero despidió al encargado de redes sociales y después, tras la intervención de un mediador nacional por el caos interno ingobernable, consiguió que saliera el coordinador del grupo, Niko Gutiérrez. Meses después, ocurrió lo mismo con su sucesor, Toni López. En ese momento, Madrid ya había recibido quejas oficiales por el trato que, presuntamente, Díaz ofrecía a la asesora, que se cogió una baja laboral en la que aún se encuentra.

La dirección nacional de Vox activó el protocolo y entrevistó a ambas. Otras fuentes del partido valoraron entonces que los «desprecios» a la trabajadora eran «continuos y muy desagradables», con «broncas diarias y llamadas de madrugada». La portavoz siempre ha negado todos los hechos. «Lo que ha ocurrido es que la trabajadora se ha imaginado que la iba a despedir porque era personal de confianza del anterior portavoz y se ha cogido la baja», decía en su día Díaz, que recordaba que la investigación comenzó por un escrito anónimo.

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