El absentismo en empleados públicos creció un 30% en 2024, con 707.804 días perdidos

Así, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, las jornadas no trabajadas fueron algo más de 540.000, por lo que el absentismo se disparó en un 30% en solo doce meses. Es decir, que la escalada no es proporcional ni al incremento del número de efectivos, ni al de los accidentes laborales. Tampoco se ha dado aparentemente una situación epidemiológica extraordinaria como ocurrió en la pandemia, cuando también hubo un pico relevante. En aquel momento, la causa estaba perfectamente analizada. Ahora es más difusa.

De hecho, ni el Gobierno de Cantabria ni los sindicatos ponen sobre la mesa explicaciones concretas. En lo que sí coinciden es en que todas esas bajas médicas vienen con la firma del profesional sanitario que las ha concedido. «Ni la administración regional ni ninguna empresa privada puede llevar la contraria a un médico que ha elaborado ese parte. Cuando llega, lo único que cabe hacer es cumplirlo», señalan desde el Ejecutivo regional. Aunque ninguna de las partes lo señala y tampoco se ha puesto de manifiesto de manera explícita durante las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, el último ejercicio sí se dio un hecho que no ocurrió en el anterior: hubo un gran número de oposiciones dentro del Gobierno de Cantabria. Es habitual, dentro y fuera de la comunidad autónoma, que el absentismo crezca entre los trabajadores que también son opositores en estas circunstancias.

En total, durante 2024, fueron 16.138 los empleados públicos de este ámbito –sumaban 28.395 a fecha de 1 de julio, por lo que suponen más de la mitad– que estuvieron al menos un día de baja. Son 2.500 más que el año anterior. Y el tiempo que duró la parada médica superó los 40 días. Esa media incluye tanto a los profesionales que estuvieron durante varios meses en casa por alguna enfermedad incapacitante para su desempeño laboral como aquellos que tuvieron una gripe y en la misma semana se reincorporaron a sus puestos de trabajo con total normalidad.

El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga considera «un problema» grave el absentismo laboral por sus efectos sobre la productividad. Lo ha repetido en distintas ocasiones e insistió en ello en la reunión que mantuvo a principios de marzo con los representantes de la patronal. Hasta el punto de que, en aquel encuentro con la CEOE, la presidenta se felicitó de que Cantabria se posicionara como una de las primeras autonomías en aplicar medidas al respecto.

Desde Comisiones Obreras (CC OO) están dispuestos a hablar con el Ejecutivo de este asunto. «Si tenemos un problema, habrá que analizarlo», reconoce Carmelo Renedo, coordinador de la sección autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Eso sí, lamenta que desde el Gobierno se amague con criminalizar a los trabajadores cuando las bajas las dan los facultativos, todos los datos sobre esas bajas están en manos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y existe un sistema de inspección que también depende de la Consejería que dirige César Pascual: «Que no echen a nadie en cara que hay muchas bajas cuando depende de ellos. Si hay que poner encima de la mesa este asunto, lo pondremos, pero en todo su conjunto».

Tanto desde CC OO como desde UGT han denunciado en diversas ocasiones que el Gobierno ponga el acento en el absentismo y no en otro dato que crece de forma relevante como es el de la siniestralidad laboral. O en la falta de seguridad en el trabajo, que tiene un efecto directo en la pérdida de vidas humanas.

En cualquier caso, ese argumento tiene más que ver con el sector privado que con el público, donde la accidentalidad «no ha subido de forma significativa». Y más allá de las tendencias, Renedo reprocha al Gobierno regional que utilice de forma interesada esos números. Por ejemplo, cuando ofreció a los docentes un complemento salarial asociado a la reducción del absentismo, dando por hecho que esas ausencias eran evitables y no por causas de fuerza mayor.

Desde el Parlamento, PRC y PSOE también denunciaron esta oferta. Eso sí, tras analizar estos datos, los regionalistas –fueron los que se los pidieron al Gobierno tras escuchar la insistencia del Ejecutivo con el absentismo y tras lo ocurrido en la Consejería de Educación– también los consideran muy elevados y estudiarán qué medidas proponer. El portavoz Pedro Hernando también reclamó los datos sobre el impacto económico de estas bajas, pero el Ejecutivo apunta que no tiene forma de cuantificarlo.

Sin números en la mano, pero sí con su experiencia diaria, los sindicatos apuntan que una parte importante de estas bajas tiene que ver con la salud mental. Por ahí quiere actuar el Ejecutivo, que promete aumentar el número de psicólogos en los centros de salud para tratar de rebajar las incidencias derivadas de los problemas psicosociales o el refuerzo de la inspección por parte de la Consejería de Salud. Asimismo, se va a desarrollar la figura del gestor de incapacidad temporal en Atención Primaria para facilitar la coordinación de las actividades relacionadas con la incapacidad temporal y se espera que la reducción de las listas de espera también contribuya a reducir los días perdidos.