El juzgado empuja al Gobierno a convocar un macroconcurso interno de funcionarios

Este fallo, que llega tras la denuncia presentada por los cinco sindicatos que forman la Junta de Personal (TÚ, CC OO, SIEP, CSIF y UGT), obliga a replantearse todo el modelo de gestión de puestos de trabajo de la Administración, y empujará al Gobierno a convocar, de forma inminente, un macroconcurso interno para ocupar, de forma fija, 932 puestos que acumulan demasiado tiempo con un trabajador provisional.

En la actualidad, las plazas libres en la Administración se cubren de dos maneras distintas. En primer lugar, con pequeños concursos aislados. Y en segundo lugar, con las polémicas comisiones de servicio. Una herramienta que la ley califica como excepcional, pero que se utiliza de manera habitual para cubrir puestos vacantes. En estos momentos, hay más de 600 funcionarios cántabros destinados en una plaza bajo la figura de la comisión de servicio, un récord histórico en la comunidad, propiciado también por el notable aumento de empleados públicos, según defienden desde el Gobierno. En cualquier caso, esta figura está limitada a dos años por ley, un plazo que se incumple en demasiadas ocasiones. «Se han convertido en una designación encubierta, dejando de ser temporales y contribuyendo a la inestabilidad de la plantilla», señalan desde la Junta de Personal.

La sentencia del Contencioso Administrativo quiere acabar con este sistema adoptado por el Gobierno de Cantabria para que se cumpla la legalidad al cubrir los puestos vacantes. «Si la Administración tenía una razón que justificara su forma de actuar, resulta incomprensible que no la exteriorice», señala la jueza, que ha dado la razón a los sindicatos y que critica que el Ejecutivo autonómico «no explica suficientemente por qué la convocatoria incluye unos puestos y excluye a otros». «No lo hace en la convocatoria, no la hace en la mesa de negociación y no lo hace en un informe previo en el trámite de elaboración de esta convocatoria», constata la magistrada en su fallo.

La legislatura no había empezado con demasiado sintonía entre el Gobierno del PP y los sindicatos que forman la Junta de Personal de los funcionarios autonómicos. Ambas partes chocan desde el principio en un asunto laboral crucial para los cerca de 5.000 empleados públicos que existen en Cantabria: el sistema para cubrir los puestos que van surgiendo cada año necesita cambios -en eso están de acuerdo los dos-, pero las diferencias son importantes sobre cómo afrontar la compleja ecuación entre los concursos de méritos y las comisiones de servicio.

Pero la victoria en los tribunales no satisface por completo las demandas de los sindicatos, que no están de acuerdo con el sistema adoptado por el Gobierno para cumplir la sentencia judicial. La Junta de Personal considera que las condiciones del macroconcurso «no son las mejores», ya que «no respeta los criterios de igualdad y mérito», al imponer unas condiciones a determinadas plazas que son imposibles de cumplir para la inmensa mayoría de los empleados públicos. Es decir, se han hecho «trajes a medida» con algunos de los puestos, denuncian.

Tampoco creen que sea demasiado efectivo un único macroconcurso que puede alargarse varios años para resolverse, como ya ocurrió con el último de este tipo en 2019, y en aquel entonces solo sacaron 357 plazas frente a las 932 de ahora. «Lo ideal sería partirlo en trozos para gestionarlo mejor», reclaman.

Por último, lamentan la falta de negociación del Gobierno y la «ausencia de voluntad para llegar a acuerdos», lo que está provocando que se judicialice la gestión de la Función Pública.