El interventor de Liendo advierte en el Pleno de múltiples «irregularidades»
Alerta del caos contable con pagos dobles por el mismo concepto, pérdida de subvenciones o tarjetas utilizadas supuestamente por la exsecretaria. El alcalde descarta dimitir
La Corporación de Liendo celebró ayer un nuevo pleno extraordinario -el segundo en menos de una semana-, convocado en un contexto de creciente tensión ... institucional por el bloqueo y el caos en las cuentas municipales. La sesión volvió a estar marcada por una alta asistencia de vecinos, que llenaron el salón de plenos, así como por la presencia de alcaldes y representantes regionales del PSOE y PRC. El interés ciudadano y político reflejó el grado de inquietud generado en torno a la situación administrativa del Consistorio bajo el mandato del alcalde Juan Alberto Rozas (PP), quien, pese a las presiones para que dimita, reiteró su intención de continuar al frente del gobierno local.
Durante la sesión, el secretario-interventor tomó la palabra para detallar el estado de las cuentas municipales, advirtiendo de múltiples «irregularidades». Expuso casos de devoluciones de subvenciones por mala ejecución, facturas sin respaldo documental y una contabilidad general correspondiente al ejercicio anterior que, según indicó, no refleja con fidelidad la realidad. También se detectaron pagos incompletos y otros de gran importe que habrían sido abonados «hasta dos y tres veces».
El secretario aludió incluso a una tarjeta de crédito, que ya no existe, y de la que «no se ha justificado ni un solo gasto», señalando que su uso correspondería presuntamente a la anterior secretaria. Entre los cargos detectados figuran dos importes: uno de 484 euros y otro de 59 euros, ambos vinculados a la compra de material relacionado con el temario de una oposición de dicha funcionaria. «Me parece increíble que la persona encargada de regular esta situación se ayudara de los propios recursos públicos», afirmó.
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Además de las irregularidades contables, el funcionario denunció la falta de medios para desempeñar sus funciones. «Sin ningún tipo de ayuda del personal de esta Corporación», indicó. A pesar de este escenario, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad al afirmar que el Ayuntamiento es «de sobra viable», que no mantiene ninguna deuda bancaria y que incluso podría endeudarse -si lo hiciera de forma fraccionada- sin necesidad de autorización plenaria.
En este contexto, el portavoz socialista local, Diego Trueba, intervino para pedir de nuevo la dimisión al alcalde. Rozas, por su parte, defendió su gestión, asegurando que no fue informado de las irregularidades detectadas y que confió en la anterior secretaria, a quien atribuyó buena parte de los problemas administrativos que ahora se evidencian. «Asumo que mi error ha sido confiar en una persona que por su cargo tiene que velar por la legalidad. En ningún momento los problemas detectados llegaron a mi conocimiento», declaró. «No me he llevado ni un euro del Ayuntamiento, más que lo que me corresponde como alcalde», añadió, reivindicando su compromiso con el municipio durante los últimos 14 años.
Según explicó, fue a partir de la incorporación del actual secretario, en noviembre de 2024, cuando comenzó a conocer la dimensión del problema. «La oposición está sacando rédito político de esta situación», lamentó. Ante las peticiones de cese, el alcalde fue claro: no tiene intención de dimitir y recordó que fue elegido por mayoría en las últimas elecciones municipales.
El PSOE, sin embargo, consideró que la situación ha sobrepasado todos los límites y calificó la gestión económica del Consistorio como una «absoluta dejadez». Entre las irregularidades denunciadas por los socialistas, se encuentran anticipos económicos concedidos a personal y a cargos públicos sin procedimiento formal ni control contable, así como el uso de la tarjeta de crédito municipal sin justificación.
«En la gestión de lo público no basta con ser buena persona. Hace falta firmeza y, a veces, decir que no», expresó Trueba. Añadió que el alcalde no ha dado instrucciones claras ni ha impuesto el necesario orden administrativo. También apuntó a la falta de control sobre el personal técnico, asegurando que no se sabe hasta qué punto la anterior secretaria actuó con plena libertad sin supervisión política. «Nuestra paciencia se ha agotado. Todo lo que no sea el estricto cumplimiento de la ley no va a tener nuestro parabién», sentenciaron, adelantando que acudirán a los tribunales.
En contraste con lo manifestado por el PSOE, el PRC -actual socio de gobierno del PP- no intervino en ningún momento de la sesión. Guardó silencio pese a la gravedad de los hechos que hizo públicos el secretario municipal.
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