La Fiscalía presenta cargos contra ocho de los once investigados en el 'caso Obras Públicas'

Además, las acusaciones han presentado cargos frente a tres mercantiles (Rucecan, La Encina y Cannor) y consideran responsables civiles subsidiarios a Api Movilidad, Bosques Ornamentales, Desarrollos Maidenor, Lismainor y Calafate Real Estate.

Los representantes de la Fiscalía (acusación pública), el Gobierno de Cantabria (acusación particular) y la APC (acusación popular) dieron a conocer esta información en el transcurso de la vista de imputación que se celebró ayer en el salón de actos de La Salesas (Santander), a la que acudieron los once investigados y que se prolongó por espacio de cinco horas.

Esta vista se celebra después de que la instructora del caso, la magistrada Mercedes Compostizo, anunciara que los investigados serán juzgados por un jurado popular, ya que los hechos que viene investigando «revisten los caracteres, salvo ulterior calificación, de presuntos delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude en la contratación y cohecho». Según sostiene la jueza, «estos dos últimos se encuentran dentro de la relación de delitos del ámbito competencial del tribunal del jurado», y los delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales también resultan de su competencia por ser «delitos conexos a los anteriores». Sin embargo, los implicados, al menos el funcionario, discrepan y entienden que este asunto es competencia de un tribunal profesional, razón por la que han recurrido en apelación la decisión de la instructora.

El acto comenzó sobre las nueve y media con las intervenciones de las acusaciones, que durante hora y media expusieron el relato de hechos y las personas que intervinieron. Lo que no hicieron, como ocurre en otros procedimiento con jurado, fue concretar los delitos que imputan a cada uno de los implicados. Eso lo harán, según han informado a este periódico fuentes conocedoras del caso, una vez que la jueza dicte el auto de continuación del procedimiento y solicite que las acusaciones presenten sus escritos de calificación provisional de los hechos con las correspondientes penas.

Durante su exposición, aunque con algunos matices, las tres acusaciones basaron en el informe definitivo de Vigilancia Aduanera y la UDEF los cargos que presentan contra ocho investigados, puesto que no acusan a una de las hijas del funcionario, Sofía Diez, ya que en el momento de los hechos era «menor de edad» (ahora tiene 22 años) y «no participó de forma activa». Tampoco han apreciado la existencia de delitos en las actuaciones del director general de Senor, Ricardo Fernández, y la propia empresa, ni en la de Jaime del Valle, de Api Movilidad.

Respecto del exjefe de Carreteras, las acusaciones, que no piden más diligencias de investigación, sostienen que «aprovechaba» sus capacidades de influencia «para dirigir y coordinar una trama organizada en la que, mediante actos concretos, favorecía a una serie de empresarios con los que previamente se había concertado para la obtención fraudulenta de licitaciones públicas en perjuicio de otros potenciales licitadores y de la propia administración pública». ¿El objetivo? La obtención de un beneficio económico de supuesto carácter ilícito para él y su familia. Dicho beneficio habría sido facilitado por los cinco empresarios implicados, que, a su vez, se aprovechaban de la condición de funcionario de Diez, que «diseñó» una serie de estrategias para hacer llegar fondos a su entorno ocultando su carácter ilícito y dotarlos de apariencia de legalidad.

En primer lugar, organizó una «actividad mercantil simulada» relacionada con la realización de fotocopias (Parivara Lagani) y con la intermediación inmobiliaria. Ahí es donde entran su mujer y su hija Cecilia. Para el fiscal y el resto de acusaciones ambas realizaron actos tendentes a «dar apariencia de legalidad» a la recepción de los fondos (que no corresponderían a ninguna actividad mercantil) participando, por tanto, en las «estrategias de ocultación de carácter ilícito diseñadas por su marido». Ambas figuran como administradora única y socia, respectivamente, de Parivara Lagani.

Frente a las tesis de las acusaciones, las respectivas defensas solicitaron la absolución de los ocho investigados y la ratificación de sus periciales. Ahora será la instructora quien decida si acepta la petición o dicta auto pidiendo la calificación de hechos.