La mayoría de los 40 acusados de introducir droga en El Dueso acepta las penas que pide la Fiscalía

La mayoría de los más de 40 acusados de distribuir drogas en el penal de El Dueso y de blanqueo de capitales se ha conformado con las penas solicitadas por la Fiscalía tras importantes rebajas, acordadas por dilaciones indebidas y toxicomanía.

La Audiencia de Cantabria iba comenzar este martes el juicio contra los 41 acusados, pero no ha llegado a celebrarse porque se han alcanzado conformidades.

Esta mañana han sido 36 los acusados que han aceptado el relato de los hechos y han aceptado las penas solicitadas por el fiscal tras ser preguntados por el magistrado-presidente.

La mayoría de esos 36 encausados, 34, estaban presentes en la sala, y han mostrado allí su conformidad. De estos 34, tres eran internos de El Dueso, pero que están en prisión por otras causas distintas a ésta.

Dos acusados más se han conformado hoy con la petición de la Fiscalía a través de videoconferencia, porque están en prisiones de Sevilla y Tenerife.

La reducción de las penas acordada con el fiscal ha sido de siete años de cárcel a dos años y once meses para los acusados para los que se pedía la mayor condena.

A una quincena de acusados más a los que pedían seis años de cárcel les han rebajado la pena a dos años, y otra persona, a la que también pedían seis años, al final tiene una condena de diez meses.

Para otro para el que se solicitaban cinco años la pena ha quedado en uno, y para un par de procesados más cuya pena era de cuatro años, al final será de trece y diez meses, respectivamente, atendiendo a sus distintas circunstancias. Para el resto de acusados, para los que inicialmente el fiscal demandaba penas menores, de entre tres años y medio y un año y tres meses de cárcel, la condena va de diez meses a un mes y 16 días. Además, a esas penas se suman las multas.

Este miércoles, los magistrados de la sección tercera de la Audiencia aún tendrán que oír a tres acusados más por videoconferencia y a otros dos más que este martes no han comparecido.

El elevado número de acusados, con sus respectivos letrados, ha obligado a celebrar la vista en el salón de actos de la sede judicial de Las Salesas, una medida que no es nueva ya que ya se había tomado para juicios por causas de gran envergadura (por ejemplo juicios por corrupción en Castro Urdiales o el de «Pepe, el del Popular»).

Sin embargo, como novedad, por esa gran cantidad de partes personadas, el salón de actos ha estrenado tarimas y estrados para todos los abogados que han participado en la sesión de hoy.

Además, se habilitó la sala de vistas de la tercera planta para que el público que quisiera seguir el juicio, y que no cupiera en el salón de actos, pudiera hacerlo.

La causa se deriva de la denominada «Operación Berria», que arrancó a raíz de la muerte por sobredosis de droga de un interno y el ingreso y la atención de urgencia de otros presos a lo largo de 2009.

Se abrió una investigación que supuso la desarticulación en el penal de El Dueso, en 2010, de la que entonces se consideró la mayor red de tráfico de drogas que operaba en una cárcel española.

En esa operación se detuvo a 52 personas, entre ellas 18 internos y numerosos familiares de presos, aunque la Fiscalía finalmente acusó a más de 40 personas.

Esa «Operación Berria», de la Guardia Civil, se inició en julio de 2009 y se hizo en colaboración con la dirección del centro penitenciario. Hoy, nueve años después, se iba a celebrar la causa.

Según la Fiscalía, los internos actuaban dentro de El Dueso en pequeños grupos, dirigidos por un cabecilla, que se ocupaba de obtener la droga, distribuirla entre los vendedores (también presos) y que facilitaba a los compradores los códigos postales o las cuentas donde debían transferir el dinero.

Los cabecillas de la red, que dirigían grupos independientes dentro de la cárcel, utilizaban a familiares y amigos para que buscaran a terceras personas que se ocupaban de abrir las cuentas bancarias en las que los presos que compraban la droga hacían la transferencia.

En el escrito de la Fiscalía se detalla la actividad de hasta cinco grupos distintos dedicados a la obtención y distribución de la droga, además de algún otro cuya actividad se centraba en la gestión del cobro de deudas procedentes del narcotráfico.

La droga entraba en la cárcel en muchas ocasiones en el cuerpo de los familiares o en permisos de los reclusos, pero también algunos colaboradores de esta red tiraban los estupefacientes por encima de los muros de la cárcel.

Pero la mayoría de la droga llegaba a El Dueso en los permisos de los internos y los «vis a vis». Los colaboradores, que se ocupaban de obtener la droga e introducirla en el interior, eran en su mayoría de Cantabria.

Hoy ha comenzado en la Audiencia provincial de Cantabria un macrojuicio con 41 personas sentadas en el banquillo, acusadas de formar distintos grupos dedicados a introducir droga en la cárcel de El Dueso.

En una sala abarrotada, entre los acusados, los policías que les custodian, sus respectivos abogados, los miembros del tribunal y los periodistas, ha dado comienzo un juicio que se desarrollará durante nueve sesiones y se prevé que finalice el 23 de octubre.

Según el relato del fiscal, la investigación se inició en 2009 a raíz del fallecimiento de un recluso por una sobredosis, y de diversos ingresos y atenciones de urgencias de otros internos por el mismo motivo.

En su escrito, la Fiscalía explica que varios internos del penal, con la «esencial y necesaria colaboración» de terceros o familiares de su confianza se dedicaban a conseguir droga en el exterior, especialmente heroína y hachís, a su introducción en el centro, su distribución en el interior a diversos reclusos, y al cobro a través de giros postales, transferencias bancarias...

El ministerio público identifica hasta cuatro grupos dedicados a estas tareas, liderados por internos a los que ayudaban desde fuera novias y hermanos y el padre en uno de los casos. Uno de los grupos estaba encabezado por dos reclusos hermanos. La Fiscalía también identifica un quinto grupo dedicado a la gestión de cobro de deudas procedentes del narcotráfico.

La Fiscalía califica los hechos como delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y de otros de sustancias que no causan tan grave daño, así como delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Las penas solicitadas por algunos de los delitos ascienden hasta a siete años y medio de prisión para algunos de los acusados.