Paro de Jueces y fiscales de Cantabria en rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno

En la protesta han estado presentes integrantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Un portavoz ha dado lectura a un manifiesto en el que señalan que la independencia judicial «está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».

Respecto al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, apuntan que se ha tramitado «injustificadamente» por vía de urgencia, y «no responde a demanda social alguna». Además, explican que ha recibido un «informe técnico muy crítico» por parte el Consejo General del Poder Judicial. «Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

Así mismo, y entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país». Pero, sobre todo, critican, «poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».

En el caso del segundo anteproyecto, las asociaciones discrepantes aseguran que se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, «seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

Para los manifestantes, «todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos».

Finalmente, han pedido la retirada de ambos proyectos. Y para el caso que no sea así, no descartan la adopción de medidas de conflicto más intensas como la huelga. Sin olvidar que también reclaman, «como llevamos haciendo desde hace lustros», una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad.

Luis Enrique García Delgado, portavoz de AJFV en la comunidad autónoma, ha sido el encargado de leer el manifiesto en Santander, y junto a la presidenta de la sección territorial de APM, Nuria Perchín, ha atendido después a los medios de comunicación.

García Delgado (AJFV) ha lamentado que se pretenda «relajar muchísimo las exigencias de acceso», la creación de un centro dependiente del Ministerio de Justicia para preparar a opositores o la convocatoria de un proceso de estabilización extraordinaria para personas que, si bien ejercen funciones jurisdiccionales como sustitutos, no han aprobado la oposición. «Juntando todo eso, nos maliciamos que, dado que ya se ha politizado la cúpula, con perdón, a través de la elección del Consejo General del Poder Judicial, también se pretende integrar a personas que no reúnen las aptitudes suficientes para ser jueces, en la esperanza de que nos deban una», ha denunciado.

Por su parte, Perchín (APM) ha afeado que esta reforma «no ha sido demandada» y considera que «ataca de lleno a la independencia del poder judicial y a la línea de flotación de la carrera judicial». «Es una reforma a imagen y semejanza del Gobierno de turno», ha censurado Perchín, quien afea que esta modificación «lleva una carga de sesgo ideológico».