La Fiscalía de Cantabria acomete una reestructuración en sus especialidades

Cuando fue designado para el cargo de fiscal superior de Cantabria, Jesús Dacio Arteaga ya avanzó en su primera entrevista a este periódico que su primera decisión sería la de acometer una reestructuración de las diferentes delegaciones o especialidades de la Fiscalía cántabra. Pues dicho y hecho.

A falta de que se cubra la plaza de coordinador de la nueva delegación de Delitos contra la Administración, que luchará contra la corrupción política y funcionarial, el resto de especialidades cuentan ya con nuevos responsables. Todas salvó algunas que se mantienen como estaban, caso de la Delegación Antidroga, que seguirá dirigiendo Ángel Santiago; la de Violencia sobre la Mujer, encabezada por Ignacio Tejido, o la de Criminalidad Informática, que coordinará como ha hecho hasta ahora el fiscal Enrique Sarabia.

«Era un cambio necesario después de once años. Además, parece que ha sido un acierto la creación de esa nueva delegación contra la corrupción. De lo que se trata es de adaptarnos a los tiempos y con vistas a la reestructuración en la Administración de Justicia que está por venir a partir de octubre», apunta Arteaga.

El fiscal superior de Cantabria explica que dentro de esos cambios que ha introducido está la creación de una delegación de Delitos Económicos, que preside Jesús Alaña, el fiscal que lleva el mediático 'caso Obras Públicas' y el 'caso Gesvicán', derivado de la investigación del primero. «Hasta ahora teníamos un fiscal de sala, que era él, pero ahora va a contar con dos adjuntos que están pendientes de nombramiento desde Madrid».

Arteaga señala que, en principio, no hay más cambios previstos por el momento. «Quizá a principios del año que viene tenemos que estudiar si es necesario un reparto de trabajo en el área de violencia de género con la conversión del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander al segundo de Violencia sobre la Mujer». Una decisión del Gobierno central que ha puesto en pie de guerra a los jueces de instrucción de Santander que reclaman el mantenimiento de los cinco juzgados actuales y avisan de que si desaparece el quinto juzgado habrá más retrasos y las víctimas que no sean de violencia de género «se verán desprotegidas».

El fiscal superior apunta que la «falta de dinero» es lo que lleva al Gobierno a convertir un juzgado de instrucción en uno de violencia sobre la mujer, en lugar de crear uno nuevo manteniendo el primero. «Crear nuevas plazas en todas partes sería la mejor solución y aquí estamos en Santander en la situación un poco intermedia. Hay que apoyar el área de violencia sobre la mujer porque todo lo que le viene puede ser mucho para solo un juzgado. Pero, por otro lado, si lo que haces es, como está previsto, convertir el Juzgado de Instrucción Nº5 en Juzgado de Violencia sobre la Mujer, efectivamente la instrucción se va a quedar sobrecargada, además de aumentar la frecuencia de las guardias que van a tener que hacer los cuatro jueces de instrucción».

En opinión del fiscal superior, lo «ideal» hubiera sido, desde el punto de vista de reparto de trabajo, «que no le gusta nada al Consejo y no me parece mal, que el mismo juzgado se ocupara de las dos áreas. Pero no puede ser».

Otro de los cambios previstos, a nivel nacional, es la creación de los tribunales de instancia, que son un nuevo sistema de organización judicial que reemplazará a los juzgados unipersonales, formando un órgano colegiado en cada partido judicial. Se espera que los tribunales de instancia mejoren la eficiencia, la calidad de las decisiones y la especialización de los jueces, además de facilitar las sustituciones entre ellos y acabar con la «justicia interina».

En Cantabria, será a partir del 1 de julio cuando se produzca la conversión en todos los partidos judiciales, salvo en Santander, que se llevará a cabo a partir del 31 de diciembre de este año. Arteaga considera que el cambio es «a mejor». «La distribución que se plantea parece más racional, más eficiente de cara a la función de todos los juzgados y de todo su personal. Pero claro, hay que ponerlo en marcha. Hasta que se pone en funcionamiento, hay problemas de organización. Pero luego es acostumbrarse a una forma de trabajar diferente», señala el fiscal superior de Cantabria, que espera que el cambio afecte cuanto menos a la ciudadanía «A la larga será bastante bueno», concluye.

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