La inspección no detectó ningún menor en sus 3.700 visitas a salas de juego de Cantabria en 2024

Desde la Consejería de Presidencia que dirige Isabel Urrutia, que se encarga de regular este sector, aseguran que tiene más que ver con el sistema de control de entrada que se puso en marcha a partir de 2022, cuando el Parlamento de Cantabria aprobó la actualización de la Ley del Juego, y que es uno de los más restrictivos de España.

¿En qué consiste exactamente y qué le diferencia del resto? Para que una persona pueda entrar en el salón de juegos tiene que escanear su DNI. No para nutrir un registro que se vaya a revisar a posteriori con el objetivo de comprobar que el empresario no ha incumplido la norma, sino porque en caso de que el individuo sea menor las puertas permanecerán cerradas. Lo mismo ocurre si el potencial cliente es una persona que figura en el listado de pacientes que se encuentran en terapia por problemas de ludopatía. El sistema informático lo controla el Gobierno regional y no el sector, por lo que la garantía es doble.

La consejera entiende que, además de su responsabilidad con la protección de los menores, otro de los incentivos que tienen estas empresas para cumplir la norma es el elevado número de inspectores que tiene la comunidad autónoma. Son 12 personas –dos inspectores y diez auxiliares–, una cifra relativamente alta para abarcar un territorio del tamaño de Cantabria.

Por tipo de establecimiento, durante el año pasado los lugares en los que se realizaron un mayor número de inspecciones fueron los bares y restaurante (2.368 visitas), ya que en estos locales no existe el sistema de control de entrada a través del DNI. De más a menos, le siguen las 1.099 inspecciones a salas de juego, las 115 a locales de apuestas, las 74 a salas de bingo, las 28 a empresas operadoras y las 25 a casinos. Por tipo de máquinas, se comprobó que cumplían la legalidad 4.638 máquinas de juego y 582 máquinas de apuestas.

Los tres procedimientos sancionadores que se incoaron en 2024 fueron por faltas leves, sancionadas con 500 euros. En todos los casos, los multados se acogieron a la bonificación del 20% por pronto pago y del 20% adicional por la renuncia de cualquier acción o recurso en la vía administrativa contra la sanción. El Gobierno regional detalla que, además de las visitas, los técnicos realizan su labor inspectora mediante «citaciones y requerimientos a las empresas y con el examen de la documentación de las empresas, actividades e instalaciones».

Urrutia, muy crítica con la gestión de sus antecesores en otras materias, reconoce que en este ámbito el bipartito sí que hizo los deberes. De hecho, cuando el pasado mes de abril los socialistas llevaron el asunto al Parlamento de Cantabria a colación de las quejas de los vecinos de Nueva Montaña por el proyecto para instalar una nueva sala de juegos, todos los grupos valoraron las virtudes de esta norma, que se aprobó durante la etapa de Paula Fernández Viaña (PRC) como consejera de Presidencia y Justicia.

En esta línea, el Consejo de Gobierno de Cantabria aprobó el pasado octubre el decreto por el que se prorroga el plazo de validez de la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas recreativas de tipo B1 o recreativas con premio –las tragaperras–, destinadas a su instalación en bares, cafeterías y restaurantes, vigente desde 2006.

Y del Parlamento de Cantabria salió una proposición no de ley impulsada por el PSOE para que esté listo antes de octubre un mapa de salones de juego con el que comprobar que se cumplen las distancias mínimas con centros educativos y terapéuticos. También obliga a crear un Plan Estratégico de lucha contra la ludopatía y crear una campaña de prevención del juego.