La investigación del 'caso Obras Públicas' en doce titulares

El acuerdo alcanzado esta semana por el exjefe de Carreteras del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Diez, y el resto de acusados en el 'caso Obras Públicas' con la Fiscalía de Cantabria pone, a la espera de su ratificación en los tribunales, punto final al mayor caso de corrupción en la Administración de Cantabria ligado a la obra pública. Han pasado más de novecientos días desde que agentes de la Policía Nacional entraran en la sede de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria y estallara todo el proceso, que se venía investigando un año antes a instancias de la Agencia Tributaria tras detectar un exagerado incremento del patrimonio del funcionario. Un caso que ha obligado a la Administración regional a introducir nuevas medidas de control en el proceso de contratación, que se cobró la carrera política de José Luis Gochicoa –entonces consejero de Obras Públicas– y que impactó de lleno en el proceso electoral del año 2023, comicios que terminaron con el cambio de Gobierno en la Comunidad tras la salida del bipartito PRC-PSOE y el triunfo del PP.

El acuerdo alcanzado entre las partes, y al que el Gobierno de Cantabria (PP) ha dado su conformidad, evita que el proceso se alargue en el tiempo y fija que solo uno de los acusados entre en la cárcel:el empleado público de la Consejería, Miguel Ángel Diez, considerado el cabecilla de la trama. El resto de su familia eludirá la prisión, así como los cuatro empresarios implicados, salvo que cuenten con antecedentes penales. Y aún habrá que determinar qué efecto tiene el acuerdo y posterior sentencia en la actividad empresarial de las cuatro mercantiles señaladas: Rucecan, Cannor, La Encina y Api Movilidad.

Durante estos casi tres años, El Diario Montañés ha realizado un seguimiento exhaustivo del caso para tratar de explicar a los lectores el enjambre de la trama, sus protagonistas, los acontecimientos, la marcha de la investigación, las decisiones judiciales y el acuerdo final.

Han sido más de 350 páginas, decenas de fotografías –algunas exclusivas, como la llegada del funcionario a su primera cita con la Justicia, o la de la familia delante del edificio de Las Salesas de Santander tras prestar declaración, o la de los registros realizados en la Consejería y en las sedes de las empresas implicadas–, vídeos, gráficos, audios y podcasts. Prácticamente toda la redacción del periódico ha participado en la investigación –redactores, fotógrafos, editores, grafistas, documentalistas– encabezados por el periodista Abel Verano, encargado del seguimiento diario de los acontecimientos.

Hoy, como colofón de todas estas informaciones, ofrecemos un resumen de la sucesión de hechos con una selección de doce titulares de la mayor trama de corrupción en la administración de Cantabria ligada a la obra pública.

El 22 de febrero de 2023 forma parte ya de la historia de Cantabria. Agentes de la Policía Nacional registran la sede de la Consejería de Obras Públicas y las oficinas de las constructoras La Encina, Rucecan, Cannor y Api Movilidad;detienen a ocho personas, entre ellas el jefe de Carreteras, sospechoso de recibir mordidas a cambio de amañar contratos y al que los agentes encuentran 400.000 euros en su casa.

El Diario desvela los primeros informes sobre la supuesta trama de corrupción en el seno de la Consejería de Obras Públicas. Regalos, coches, 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared del domicilio del cabecilla, una maquina de contar dinero y «varios millones de euros» repartidos en cuentas a nombre de Miguel Ángel Diez, desde entonces 'el funcionario de Obras Públicas'.

Nuevos informes desvelan el extraordinario patrimonio acumulado por el funcionario. Con un sueldo de 69.160 euros al año, tiene cinco inmuebles y una cuenta en Luxemburgo. Su mujer estaba asalariada en una de las empresas implicadas, La Encina, «a pesar de no desempeñar actividad laboral». Y su familia constituyó una empresa de fotocopias, con sus hijas de socias, «presuntamente ficticia».

El Diario analiza los contratos que han firmado las empresas implicadas con las diferentes administraciones de Cantabria desde el año 2016:el resultado, 715 obras por valor de 176,4 millones de euros, aunque las sospechas de la Policía solo afectan a las obras y servicios ejecutados en el área regional de Carreteras del Gobierno.

Para poder desarrollar su actividad delictiva, el funcionario figuraba como responsable del contrato o como facultativo director del contrato de consultoría; era miembro de la Mesa de Contratación; era responsable, además, de pronunciarse sobre el cumplimiento de las condiciones de adjudicación, de la identificación de ofertas anormalmente bajas; y se encargaba también de elaborar los informes.

«José Luis Gochicoa está limpio, pero como hemos puesto el código ético a un listón que debe servir de ejemplo para todos, aceptaré su dimisión con harto dolor y consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia». El caso se cobra las primeras víctimas políticas y Miguel Ángel Revilla sacrificaa su consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y a su director general, Manuel del Jesús.

«He dimitido porque es lo correcto. Me voy como llegué, dando la cara y con transparencia porque así actúa alguien que no tiene nada que esconder. Me marcho limpio y sin ninguna tacha». Estas fueron las últimas palabras de José Luis Gochicoa como consejero de Obras Públicas una vez que Miguel Ángel Revilla aceptara su dimisión por la trama de corrupción en su departamento.

El primer mes de investigación deja sobre la mesa que estamos ante la mayor trama de corrupción en Cantabria ligada a la obra pública:más de veinte empresas señaladas, algunas de Asturias y Castilla y León; un proceso de corrupción que, al menos, se ha prolongado durante veinte años; un entramado de sociedades interpuestas y hasta ficticias para blanquear el dinero; y una cifra de dinero imposible de calcular.

Un año después de que la Policía entrara en la Consejería de Obras Públicas, El Diario informa de una pieza separada y ligada a la trama de corrupción: el 'caso Gesvicán'. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santander abre una pieza separada en la que investiga a cuatro empleados de la empresa pública por supuestos delitos de fraude en la contratación pública y cohecho.

La investigación interna del Gobierno del PP deriva en una dura auditoría de la Consejería de Obras Públicas:no hay segregación de funciones y la misma persona interviene en las distintas fases del contrato. Falta supervisión y no existe documentación que evidencie comprobaciones físicas en el lugar y el momento de ejecución de la obra. Los contratos de emergencia presentan un riesgo elevado de control interno.

El caso entra en una nueva fase con la concreción de los cargos contra ocho de los once investigados:Miguel Ángel Diez; su mujer y su hija mayor; los hermanos Secundino Vidal y Elías Celis (Rucecan); José Saiz (La Encina y Cannor), y José Luis Blanco (Api Movilidad). Además, las acusaciones presentan cargos frente a las mercantiles Rucecan, La Encina y Cannor.

Giro radical y sorprendente del caso: el funcionario y el resto de acusados admiten los hechos y pactan con la Fiscalía las condenas. Miguel Ángel Díaz acepta siete años de cárcel y el pago de 2,2 millones de euros entre la multa suya, la de su mujer y la indemnización al Gobierno de Cantabria. Su esposa, un año de presión, y dos cada uno de los cuatro empresarios implicados.

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