Los jueces tumban la demanda millonaria del alcalde de Noja contra su Ayuntamiento

Miguel Ángel Ruiz Lavín./DM
Miguel Ángel Ruiz Lavín. / DM

El TSJC rechaza el recurso de Miguel Ángel Ruiz Lavín al presentarlo fuera de plazo. El regidor del PRC alegó los perjuicios que sufrió su empresa al no poder realizar una promoción de viviendas

Enrique Munárriz
ENRIQUE MUNÁRRIZSantander

El Ayuntamiento de Noja puede respirar tranquilo. Los jueces han determinado que no tendrá que pagar a su alcalde, el regionalista Miguel Ángel Ruiz Lavín, los 4,93 millones de euros de indemnización que reclamaba a la Administración municipal a través de la sociedad familiar Nocanor Promociones en concepto de responsabilidad patrimonial.

Con esta sentencia, dictada por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el Consistorio gana una larga guerra judicial a su actual regidor. Los magistrados no entran en el fondo del asunto, es decir, no se pronuncian sobre si la reclamación patrimonial de la empresa constructora de la familia Ruiz Lavín es ajustada a Derecho o no. Simplemente rechaza su petición porque la presentó fuera de plazo y ha prescrito.

En concreto, el procedimiento gravitaba en torno al alegato contra la decisión del Consistorio que respaldaba la decisión del Pleno de 24 de septiembre de 2015 de denegar tal petición de compensación por los perjuicios sufridos después de no haber podido entregar en plazo varios inmuebles como permuta para el pago de las fincas sobre las que iba a construir una promoción de viviendas, lo que a criterio de la empresa fue consecuencia de los retrasos generados en la obtención de licencias y la «injusta paralización de las obras provocadas por la Casona». Al no poder cumplir la promotora con el dueño original del terreno se exigieron los citados 4,93 millones en concepto de daños y perjuicios.

La empresa de Ruiz Lavín no obtuvo licencias a tiempo para construir 184 pisos Origen

Previamente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander ya había rechazado esta misma decisión y había tumbado otra reclamación en 2016 por 13 millones en base al quebranto ocasionado por la demora en la concesión de las licencias por parte de la Casona y la consiguiente imposibilidad de acometer el proyecto. El tribunal no abordó el fondo del asunto y desestimó el alegato por una cuestión formal, esto es, que se había presentado fuera de plazo.

La promotora no pudo compensar al dueño del suelo con las viviendas pactadas problema

Ruiz Lavín sostiene que siendo alcalde Jesús Díaz (PP),-con el que todavía tiene un litigio abierto- provocó «de forma deliberada» la quiebra de la empresa familiar, Nocanor Promociones SL, al maniobrar con todo tipo de argucias para impedir que construyera en la villa una promoción viviendas. Según su tesis, el Ayuntamiento tardó más de dos años en concederle la autorización para edificar, y lo hizo obligado por los tribunales. Esa demora fue nefasta para el negocio y provocó su ruina. Por eso, en febrero de 2013 exigió al Consistorio la primera indemnización de 12,9 millones de euros, cantidad en la que cifró el quebranto económico causado por las dilaciones indebidas en la concesión de la licencia. Posteriormente, el 5 de mayo de este mismo año, Ruiz Lavín amplío la reclamación patrimonial y exigió al Ayuntamiento otros cinco millones.

Previamente un juzgado de Santander ya rechazó otro recurso de 13 millones por daños y perjuicios antecedentes

El Consistorio, ya liderado por el propietario de Nocanor, ratificó en marzo de 2016 su negativa a aceptar la reclamación de la constructora al entender que la demanda estaba prescrita. El demandante aducía que el cómputo del plazo realizado por la Casona era erróneo, además de haberse incurrido en defectos de forma causantes de indefensión. El municipio se oponía al entender que, primero, era cosa juzgada y, segundo, que estaba fuera de plazo.

Ahora la sala, presidida por Rafael Losada, ni siquiera ha celebrado una vista ni nuevas pruebas, solo ha estudiado las que ya estaban aportadas en las sentencias anteriores. Si bien es cierto que estima la reclamación de Nicanor de que los daños que ahora solicitaba no son los mismos que en la primera denuncia, pero el motivo por el que se inadmite sí y es que se presentó fuera del plazo máximo de un año y, por tanto, cuando ya había prescrito.

Última vía

La última bala en la recámara que le queda al alcalde regionalista para cobrar lo que considera que le deben es la denuncia que interpuso este mismo año contra Díaz, al que pide seis años de cárcel, 26 de inhabilitación y, de nuevo, los 12,6 millones. Si sale adelante y gana, el perjuicio acabaría siendo finalmente para el Consistorio como responsable subsidiario.

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