El plan del Gobierno regional contra el cambio climático caducó en 2019

Entonces se reservaban cerca de 45 millones de euros para acometer un plan de acción que se prolongaría hasta el 2030 y que planteaba luchas en varios frentes: reducción de gases de efecto invernadero; adaptación de entornos socioeconómicos; eficiencia energética; protección de zonas naturales; gestión de residuos, etc. Todo cayó en saco roto pocos meses después -en diciembre de 2019-, porque el documento «quedó obsoleto», según el propio Gobierno.

«Justo en 2019 hubo bastantes novedades en materia de Cambio Climático a escala europea; y se fijaron nuevos compromisos a nivel comunitario y nacional. Eso nos llevó a darnos cuenta de que nuestro documento tenía carencias», cuenta Antonio Lucio, director general de Medio ambiente. Se firmó entonces la llamada Declaración de Emergencia Climática, por la que el Ejecutivo se comprometía a adaptar el texto; pero a día de hoy aún no se ha conformado el equipo de trabajo que constituirá el Consejo Asesor, encargado de acometer la redacción del nuevo texto.

«Hemos firmado hace diez días el convenio con la Universidad de Cantabria (UC) para contar con un panel de expertos que nos ayudará a revisar todo ese plan», afirmó ayer Lucio. Contarán con científicos del IFCA y del Instituto de Hidráulica Ambiental (IH). «Y en todo caso, que no se haya revisado, no quiere decir que no se haya hecho nada en todo este tiempo», justifica el responsable del área, que avanza que desde la Consejería de Medio Ambiente se han «preasignado» ya 150.000 euros en los Presupuestos del año próximo para «invertir en las entidades locales para prevenir el impacto del cambio climático».

Más acciones: «Se ha trabajado mucho estos meses en la puesta en marcha de puntos de recarga para automóviles eléctricos, en cursos de formación, prevención de incendios...». Y de cara a lo que queda de año: «La puesta en funcionamiento del quinto contenedor -el marrón, dedicado sólo a materia orgánica-, que se aprobará como plan piloto a finales de año en la cuenca del Besaya y que avanza en la línea del compromiso que obligará en 2030 a que no llegue a vertedero más del 10% de los residuos domésticos urbanos».

Tal vez la nueva estrategia derive en una Ley autonómica de Cambio Climático. «O tal vez sea suficiente con la estatal. Pero lo que está claro es que este era otro punto del que adolecía la de 2018, pues dejaba muchos objetivos a la voluntad, y a veces la voluntad debe ir acompañada de medidas económicas y legales».

El plan de 2018 ponía énfasis en la mitigación de los efectos del cambio del clima; pero se detenía poco o nada en la adaptación a esos fenómenos. «Nos dimos cuenta de que se se hablaba poco de la necesaria adaptación a lo que está por venir y que va a ser difícil cambiar», aclara Lucio.

Esto es, si no se le pueden poner puertas al mar, y eso es algo que ha quedado claro los últimos inviernos, lo mejor será preparar las infraestructuras para resistir esos embates periódicos.