Radiografía de una Justicia en crisis

La Administración de Justicia en España se encuentra inmersa en una crisis sin precedentes. La histórica demora en la resolución de los pleitos, motivada por diversos factores, se ha visto acrecentada en los últimos meses por las sucesivas huelgas promovidas por el personal de los juzgados y tribunales, que reclaman unas mejoras retributivas y laborales.

Para entender bien la delicada situación en la que se encuentra el tercer poder del Estado –que lleva cuatro años y medio sin poder renovar su órgano de gobierno– es importante conocer cuáles son sus principales problemas, que giran en torno a la imposibilidad de responder de manera ágil a las demandas de la ciudadanía. Uno de ellos es la «excesiva carga de trabajo» que asumen los jueces y que es superior a los baremos que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según señala el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral. En nuestra región, esta cuestión afecta sobremanera a los juzgados de primera instancia y a algunos de la segunda. La jurisdicción civil es una de las que más procedimientos acumula, más a raíz del conflicto de las cláusulas suelo, junto a la jurisdicción social, que tiene una bolsa de asuntos, generada por la pandemia, que ha provocado una demora en los señalamientos. «Estamos señalando para marzo de 2024 los juicios suspendidos por la huelga de letrados», ilustraba hace unos días a este periódico el titular del Juzgado de lo Social Nº4 de Santander, Óscar Ferrer.

Dos son las soluciones que aporta López del Moral a este problema: la reducción de entrada de asuntos, a través de la mediación extrajudicial, y la incorporación de más jueces y juzgados. En Cantabria son necesarios dos juzgados de primera instancia en Santander y otro más en San Vicente de la Barquera, en Santoña y en Medio Cudeyo. También se requiere un refuerzo para los Juzgados de lo Social.

Otro de los problemas que afectan al funcionamiento de la Administración de Justicia tiene que ver con su modelo organizativo, que está basado en el tradicional juzgado unipersonal, presente ya en el siglo XIX, y responde a las necesidades de una sociedad esencialmente agraria, dispersa, poco comunicada y con grandes limitaciones de movilidad que nada tiene que ver con la sociedad española actual.

El modelo de juzgado unipersonal no responde a los actuales y complejos desafíos de esta administración, de ahí que los diferentes Gobiernos hayan promovido lo que ahora se denominan proyectos de Ley de eficiencia organizativa y de eficiencia procesal, pero que no terminan de entrar en vigor.

A la maltrecha situación de la Justicia se suman ahora las huelgas de todo su personal. Los primeros en reclamar mejoras laborales, los letrados judiciales, consiguieron arrancar al Ministerio un incremento salarial de 430 euros tras dos meses de paro. Ahora son los funcionarios los que están en pie de guerra y reclaman un aumento similar al de sus compañeros. Y jueces y fiscales, que llevan desde 2008 esperando una actualización de sus sueldos, seguirán la misma línea y han convocado para el día 16 otra huelga.

La falta de jueces y órganos judiciales es uno de los problemas históricos de la Justicia en nuestro país. En el caso de Cantabria la carga de trabajo que asume la mayoría de órganos judiciales es «superior» a la que establece el Consejo General del Poder Judicial, sobre todo, en los de primera instancia y en algunos de la segunda. La jurisdicción civil es una de las que más procedimientos acumula, más a raiz del conflicto de las cláusulas suelo, junto a la jurisdicción social, que tiene una bolsa de asuntos, generada por la pandemia, que ha provocado una demora en los señalamientos. Los partidos judiciales más pequeños también acumulan una gran carga de trabajo.

Una de las soluciones a la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales es el establecimiento de mecanismos que permitan la reducción de entrada de asuntos, como es la mediación intrajudicial. En Cantabria, este servicio solo está instaurado en Santander y opera cuando el conflicto está judicializado. También existe la mediación extrajudicial, como paso previo a la judicialización de un pleito, pero todavía no ha calado entre la sociedad española.Si esta medida no resulta efectiva, la otra solución pasa por crear órganos judiciales y aumentar la plantilla de jueces (y fiscales). En Cantabria son necesarios, según el presidente del TSJC, José Luis López del Moral, dos juzgados de primera instancia en Santander y otro juzgado más en San Vicente de la Barquera, en Santoña y en Medio Cudeyo. También es necesario un refuerzo para los Juzgados de lo Social.

Otro de los problemas que afectan a la Administración de Justicia tiene que ver con la retribución que percibe su personal. Letrados, funcionarios, y jueces y fiscales, consideran que su sueldo no se corresponde con la función que desempeñan a diario. Los primeros, después de dos meses de huelga, han consiguido una mejora salarial de 450 euros mensuales, lo que ha abierto la puerta a que los funcionarios sigan los mismos pasos y se encuentren inmersos en otro paro laboral. En vista de ello, jueces y fiscales han anunciado otra huelga, a partir del 16 de mayo, con el fin de que, después de quince años, el Ministerio actualice sus retribuciones.

La solución a la demanda de mejoras salariales por parte de los funcionario y los jueces y fiscales pasa porque los ministerios de Justicia y Hacienda lleguen a un acuerdo con las partes. Los primeros buscan un aumento en las nóminas que sea proporcional al concedido a los letrados judiciales, además de la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, es decir, acabar con las diferencias salariales de los funcionarios y que todos cobren lo mismo independientemente del lugar en el que trabajen. Por el momento, el Gobierno central no ha puesto sobre la mesa una oferta económica para empezar a negociar. En el caso de jueces y fiscales no ha trascendido cuál es el incremento que demandan, ya que desde el año 2008 no se ha celebrado la mesa de retribuciones en la que debería de abordarse esta reinvindicación.

Aunque con la transferencia de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas han mejorado algunas cuestiones, la falta de medios materiales sigue siendo otra de las asignaturas de la Administración de Justicia. En Cantabria se cuenta con sistema informático, Vereda, que supone un avance en la tramitación de los procedimientos. Pero todavía hay una serie de necesidades que quedan por cubrir para ir modernizando las diferentes sedes judiciales de la región y que la respuesta a las demandas sea más ágil. Además, hay quejas respecto a la distribución de materiales para desempeñar el trabajo e incluso respecto a la calidad de los mismos.

Para poder paliar ese déficit de medios materiales, el TSJC ha solicitado la dotación de un sistema que permita garantizar la autenticidad de lo grabado o reproducido por la utilización de firma electrónica. Asimismo, ha reclamado la implantación de un software de textualización de las grabaciones mediante reconocimiento de voz para evitar que los procedimientos tengan una mayor duración. Otras de las demandas recurrentes que deberían ser atendidas es la dotación en las sedes judiciales de Santander y Torrelavega de una cámara o sala Gesell, infraestructura idónea para recabar testimonios de víctimas menores de edad en un ambiente adecuado y lo menos invasivo posible. La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal avala la instalación de tales dependencias para recepción de diligencias de prueba.

El modelo actual de organización judicial está basado en el tradicional juzgado unipersonal, presente ya en el siglo XIX, y responde a las necesidades de una sociedad esencialmente agraria, dispersa, poco comunicada y con grandes limitaciones de movilidad que nada tiene que ver con la sociedad española de hoy. El modelo de juzgado unipersonal no responde a los actuales y complejos desafíos de la Administración de Justicia, de ahí que los diferentes Gobiernos hayan promovido lo que ahora se denominan proyectos de Ley de eficiencia organizativa y de eficiencia procesal. El problema es que no se terminan de aprobar estas nuevas normativas reguladoras.

España cuenta con 3.627 juzgados, cada uno de ellos dotado de un juez o magistrado, de un letrado de la Administración de Justicia y de un número variable de personal (en torno a ocho). La transformación organizativa va encaminada a tener 431 tribunales de instancia –uno por partido judicial- en los que se agrupen los jueces, los LAJ y el resto de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, de forma que se produzca una permanente asignación dinámica de cargas y una distribución equilibrada de asuntos y apoyos. Es un esquema organizativo similar al del resto de países de la UE. Trasladándolo a Cantabria, se trataría de contar con una bolsa de asuntos común para toda la comunidad autónoma y que se distribuiría entre los jueces que haya. Eso permitiría conocer con exactud cuántos juzgadores harían falta en función de los asuntos.

Otro de los problemas de la Justicia es la falta de consenso entre los grupos parlamentarios para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de más de cuatro años. Como medida de presión y para que se retomaran las negociaciones, el pasado octubre dimitió Carlos Lesmes, como presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Su decisión hizo que el presidente Pedro Sánchez llamara al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Parecía que estaba todo hecho, pero el presidente del PP rompió de forma unilateral la negociación al considerarla incompatible con la derogación del delito de sedición impulsada por el Gobierno central.

La solución a esta situación de bloqueo pasa por la renovación del órgano de los jueces, pero las últimas informaciones apuntan a que habrá que esperar, al menos, a la celebración de las elecciones generales, previstas para finales de este año. Y eso a pesar de que desde la Comisión Europea pretenden que este asunto se resuelva cuanto antes. A principios de este año, el PP de Feijóo registró una proposión de ley para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Una propuesta que estaba en la misma línea de las que presentó en 2018 y 2020 y fueron rechazadas; y es que sean los jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales del turno de procedencia judicial. Si bien, se reservaría la designación de los ocho vocales de turno de juristas a las Cortes Generales. La regulación actual recoge que el nombramiento de los vocales corresponde a las Cámaras.

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