Urbanismo ha autorizado en Cantabria 374 casas en rústico con la nueva Ley del Suelo

Hay comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, País Vasco, La Rioja o Baleares que tienen un régimen especialmente estricto y que no permiten la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico casi en ninguna circunstancia. En la zona templada, otro grupo de territorios abren un poco más la mano y dan permiso para edificar en determinadas circunstancias, sobre todo cuando el inmueble está asociado a usos económicos relacionados con el sector primario. Cantabria va un paso más allá. Está en el grupo de regiones que menos pegas pone a los interesados a la hora de hacerse una casa –el requisito básico es que sea unifamiliar– fuera de las fincas catalogadas como urbanas. El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, tal y como había prometido durante la campaña electoral, consagró este modelo casi como un derecho ciudadano en la reforma de la Ley del Suelo que entró en vigor el 1 de enero de 2024. ¿Con qué condiciones? La finca tiene que tener ciertas dimensiones mínimas, no puede sobrepasar una pendiente máxima, tiene que tener accesos y, sobre todo, como mucho puede estar a 200 metros del casco urbano.

Lo que hizo el PP fue revertir la reforma impulsada por el bipartito PRC-PSOE, que aunque mantenía un modelo liberalizador del suelo en los municipios más pequeños y rurales, sí cortaba de raíz esta opción en los de mayor tamaño. Volver a la situación actual. La que ha hecho que, desde que entrara en vigor esta última modificación de la norma hace año y medio hasta mayo se hayan autorizado 374 viviendas a un ritmo de 22 al mes de las 949 solicitadas. El resto, o aún están pendientes de analizar o han sido denegadas.

La estadística indica que no ha habido un aluvión de solicitudes aprobadas, pero sí un crecimiento muy evidente y sostenido. Por ejemplo, en la década pasada (de 2012 a 2022) la media no llegaba a las diez casas al mes. En el arranque de 2024, ya con el nuevo régimen urbanístico, se dio el visto bueno a 14 mensuales. Los agentes del sector entienden que, más que la mayor flexibilidad y la reducción de las exigencias, lo que ha influido en este crecimiento es la demanda, sobre todo de españoles de fuera de Cantabria que buscan una segunda vivienda e incluso de extranjeros, como se aprecia en los nombres de los remitentes de las solicitudes que llegan a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el organismo que analiza los expedientes y autoriza o deniega la vivienda.

Eso explica que gran parte de las nuevas viviendas en suelo rústico se concentren en la franja litoral. Diez municipios concentran la mitad de las autorizaciones, mientras que en 35 localidades del interior no se ha aprobado ninguna. En lo más alto del ranking se encuentra Piélagos, con 39 viviendas, según los datos de Fomento. Su alcalde, Carlos Caramés entiende que esta posición obedece a varios factores: además de que es uno de los ayuntamientos más extensos y de su proximidad a núcleos como Santander y Torrelavega, habla de las buenas conexiones. Eso sí, rebaja la cifra y señala que en el Consistorio solo les constan 15 viviendas construidas en este tiempo.

Quizás porque no todos los proyectos llegan a convertirse en realidad o quizás porque, entre los 374 expedientes aprobados por Urbanismo en toda Cantabria, también hay algunos previos a la modificación legal que entró en vigor en 2024. La prueba es que en la última reunión de la Crotu, celebrada el 27 de mayo, se revisaron expedientes que llegaron a la comisión hace más de cuatro años.

Una de las obsesiones del consejero de Fomento, Roberto Media, ha sido acabar con el tapón que existía. Hasta el punto de que muchos interesados renunciaban o cambiaban de planes antes de que el proyecto se resolviera. A día de hoy, se resuelven mensualmente más expedientes de los que entran y en la última Crotu se autorizó uno en Valdáliga que había entrado en enero de 2025. En solo cinco meses. ¿Qué porcentaje se autoriza y se deniega? En esa última Crotu, se dio el 'sí' a 13 solicitudes, el 'no' a cinco –por no cumplir algunos de los requisitos– y otra quedó pendiente de otra revisión adicional.

El regidor de Piélagos afirma que, por su experiencia, en contra de lo que ocurre a nivel autonómico, en Piélagos la mayoría de los impulsores de vivienda en rústico son familias del pueblo. Hijos que construyen en los terrenos que les ceden o heredan de sus padres –también están notando muchas segregaciones de fincas con el fin de construir en rústico– y que están colindantes a viviendas ya existentes. Es decir, que no requieren grandes inversiones para llevar allí servicios. De hecho, cuando no ha sido así, los servicios municipales han emitido informes desfavorables que casi siempre son ratificados después por la Crotu. «Que nadie piense que están en lo alto de un monte. Esos terrenos tienen protección y ahí no se puede construir», concluye Caramés.

Tras Piélagos, también supera las 20 viviendas construidas en este tiempo los municipios de Valdáliga, Ribamontán al Monte, Suances, Mazcuerras, Reocín, Santa María de Cayón, Villaescusa y Alfoz de Lloredo. También Marina de Cudeyo, con 22 casas levantadas sobre terrenos rústicos. «Para los que ya son propietarios del suelo, esta vía abre una posibilidad de acceder a la vivienda de manera más o menos asequible, aunque también tiene un aspecto pernicioso que tiene que ver con la comercialización. Parte de estas viviendas no se hacen para solucionar el problema de la vivienda a jóvenes de la zona, sino para su puesta en el mercado», apunta su alcalde, Pedro Pérez Ferradas, que reconoce que en su Consistorio están detectando que está viniendo gente de fuera de Cantabria a hacer uso de ese suelo. Por eso, aun defendiendo la posibilidad de construir vivienda unifamiliar en rústico, el socialista cree que un abuso en la utilización de esta ley puede dar lugar a problemas. De crecimiento descontrolado y también de sostenibilidad de las cuentas municipales porque dar servicios a viviendas unifamiliares es mucho más caro que dárselos a inmuebles construidos dentro del suelo urbano.

Esta práctica genera costes a los municipios, pero también ingresos. De media, unos 10.000 euros en tasas e impuestos por vivienda. Para localidades pequeñas como Soba, Saro o San Pedro del Romeral, donde se ha levantado una casa rústica desde que se aprobó la ley, respectivamente, ese dinero supone un alivio para las cuentas.

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