Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja

El concepto de viuda negra se acuñó para referirse a las mujeres que asesinan a sus parejas. No existe un término en criminología que se utilice para un caso como el de María, acusada de intentar asesinar en dos ocasiones al padre de sus hijos en la provincia de León. La primera, tras inyectar veneno en un trozo de chocolate de la marca Milka. La segunda, rociándolo con ácido. La Guardia Civil está convencida de que la detuvieron cuando ya planeaba la tercera. Desde hace una semana, duerme en prisión.

Quizá el término más aproximado sea el de una (presunta) obsesión. Esta es su historia y, sobre todo, la de José, un suboficial del Ejército del Aire de 41 años que ha pasado de correr ultramaratones y 100 kilómetros diarios en bici a quedarse ciego y caminar con un bastón. Las secuelas que sufre son «extremadamente graves». Tiene una incapacidad absoluta para trabajar y una vida por delante llena de dolores y obstáculos.

El año 2019 marca el principio del fin. La convivencia entre la pareja se había deteriorado y José dio el paso de separarse con dos hijos en común que entonces tenían 2 y 6 años. Los llamaremos Pedro y Juan (lo único ficticio de este relato son los nombres, que se omiten para preservar la intimidad de los menores). Inicialmente, los críos se quedaron con ella en el domicilio familiar, pero el padre consiguió la custodia en los juzgados con un régimen de visitas para la madre, que permanecía, temporalmente, en el domicilio familiar.

La relación se tensó y se limitó exclusivamente a los niños. El primer episodio extraño tuvo lugar el 29 de febrero de 2020. Una vecina del nuevo hogar de José avisó a la Policía Local al ver a una mujer merodeando alrededor de su casa. Una patrulla acudió al lugar y la identificó. Era María. Según la acusación particular, ejercida por José, portaba unas ganzúas, una llave dinamométrica (de precisión), unas pastillas y una jeringuilla. Aquella desconcertante visita derivó en un procedimiento judicial y una condena por coacciones que más tarde revocaría la Audiencia Provincial al absolver a María del delito.

La mañana del 22 de junio, José salió, como de costumbre, a rodar un rato en bici con un amigo. Era suboficial de la Policía aérea en el Ejército e instructor de tiro. Estaba destinado en el Ala 37 en Villanubla (Valladolid) y el entrenamiento físico era parte esencial de su vida. En mayo había hecho los 101 kilómetros peregrinos de Ponferrada. A su nueva pareja, Miriam, la conoció en el club de atletismo. Los dos se cuidaban y se alimentaban bien. Por eso no acostumbraba a comer chocolatinas.

Ese día desayunó y almorzó con normalidad. Era lunes. Sobre las ocho de la tarde fue a recoger a sus hijos. En el coche, de camino a casa, uno de los niños sacó un trozo de chocolate Milka de fresa -el único que le gustaba a José- envuelto en un papel. Él lo rechazó, pero los críos se pusieron «muy pesados». El mayor insistió en que se lo comiera, amagó con llorar y le dijo que lo había comprado él mismo con su dinero. José lo hizo con tal de tener la fiesta en paz. Y empezó el infierno.

Esa misma noche, el militar empezó a sentir fuertes dolores de barriga y hormigueo en las manos. A su novia le dijo que estaba «rayado» con el chocolate. El sábado -dos días antes de la ingesta- había estado haciendo una ruta de cinco horas en bici con Rubén, un compañero del Ejército, que al día siguiente lo invitó a él y a unos amigos a una barbacoa en casa. Rubén declararía más tarde en el juicio que su amigo estaba perfectamente de salud y que todos comieron lo mismo. No conocía los pormenores judiciales entre la pareja, pero sí que sabía que algo no iba bien. José le había mencionado los supuestos problemas psiquiátricos de María e incluso le había contado alguna anécdota, como el día que le hizo desmontar todos los halógenos de la casa porque creía que la espiaban.

A las 48 horas, los dolores que sentía José eran tan terribles que ni siquiera pudo disfrutar del cumpleaños de su hijo. La intoxicación ya no sólo le afectaba al estómago, se había extendido a las articulaciones, se le empezaba a caer el pelo y se estaba quedando ciego. Esa noche la pasó en el hospital. Fue la primera de las 704 que le quedaban por delante.

El quinario que vivió en los dos años siguientes resulta difícil de resumir. Los médicos no daban con la causa de su situación. No había una intoxicación alimentaria que le pudiera causar semejante cuadro. Sólo cabía la hipótesis de un envenenamiento. Cuando afinaron las analíticas, descubrieron que tenía unos niveles de talio insoportables para un ser humano. Se trata de un metal muy tóxico que se había usado históricamente como veneno para las ratas, aunque su uso se prohibió precisamente por su alta toxicidad.

En el hospital, los médicos le dijeron a la familia de José que las posibilidades de supervivencia en estos casos apenas llegaban al 2%. Y que de salir adelante, se quedaría ciego y no volvería a caminar. Pese a su edad, José ya había hecho testamento antes incluso del envenenamiento y entre sus últimas voluntades había expresado la de que su hermano, que es su pilar y un referente para sus hijos, se hiciera cargo de los niños si él no estaba.

En julio de 2020, la Guardia Civil entregó al juez un atestado que señalaba como sospechosa a María. La detención era inminente. En el registro de su domicilio, los investigadores encontraron tres jeringuillas, un bote con un líquido sin identificar, un herbicida y una tableta de Milka. Para el juez fue suficiente. María ingresó en prisión provisional por, presuntamente, intentar asesinar a su expareja.

José abandonó el hospital en silla de ruedas a principios de 2021, aunque tardaría mucho más en tener algo parecido a un alta médica. Las secuelas son de por vida. Su tesón en la rehabilitación y su buena forma física le permitieron volver a caminar con mucha dificultad y con la ayuda de un bastón. Tras acondicionar su casa a la discapacidad, jubilado ya definitivamente del Ejército (le dieron la incapacidad absoluta), esperó el juicio contra su ex centrado en frenar y atenuar los efectos del talio. María salió de la cárcel en abril de 2021 y aguardó al banquillo en libertad provisional.

Casi cinco años tardó en juzgarse el caso. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León acogió la vista oral, que comenzó el 31 de marzo de 2025. María pidió declarar la última. Las declaraciones fueron perfilando los indicios que había contra ella. Pero la más demoledora de todas fue la de su hijo Juan. Cuando le preguntaron por el chocolate, el menor contó que vio cómo su madre lo cogía de la nevera, partía un trozo y lo envolvía en una servilleta. No observó que María utilizara o manipulara una jeringuilla. Casi no sabía lo que era. De lo que sí estaba seguro el crío es de que su madre se lo entregó con el encargo de dárselo a José. También dijo que le advirtió expresamente que ellos -ni él ni su hermano- podían comerse el chocolate. Que era para su padre.

Los forenses declararon en el juicio que María mostraba una evolución psiquiátrica de «muchos años», pero que era imputable y que no padecía una enfermedad mental. También manifestaron que los hechos de los que se la acusaba requerían una planificación y un seguimiento alejados de un acto impulsivo. Aseguraron que en las entrevistas ella se mostró desafiante y que por el número de veces que había sido examinada se conocía «al dedillo» a los psiquiátricos, por lo que debían estar «muy atentos» en la exploración, ya que era «muy manipuladora».

María lo negó todo. Rechazó haberle dado la chocolatina a su hijo para que se la entregara a José. Las jeringuillas las justificó diciendo que eran para administrar Dalsy o Apiretal a los niños cuando enfermaban, o Heparina (un anticoagulante) a su madre. Justificó el herbicida diciendo que ella y su expareja habían intentado sembrar césped en la terraza de casa, aunque no lo consiguieron y acabaron poniendo solería. Lo conservaba, dijo, porque en los laterales dejaron un hueco para plantar tomates porque a los niños les gustaba la idea de tener un huerto. Su defensa trató de sembrar dudas razonables en torno a la presencia de talio en el organismo de José. Alegaron que la intoxicación se podía haber producido por el contacto con un perro que se supone que habían trasladado de una zona extranjera en la que estaban desplegadas las Fuerzas Armadas o al trabajo del suboficial en la base de Villanubla, donde se podría haber contaminado por los aviones o los componentes de los mismos.

El tribunal no dio crédito a sus argumentos. Los magistrados reconocieron en su sentencia que no había una prueba directa de que María hubiese inyectado el talio en la chocolatina que ingirió José, pero sí un cúmulo de indicios tan sólidos que, a su juicio, eran suficientes para dictar una sentencia condenatoria, fechada en mayo de 2025. A María le cayeron 12 años y seis meses de cárcel de los 14 que pedían la Fiscalía y la acusación particular por intento de asesinato, así como al pago de 800.000 euros de indemnización por las secuelas «extremadamente graves» sufridas por él. Sin embargo, no llegó a ingresar en prisión porque su defensa recurrió el fallo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y la Audiencia no apreció razones de peso para que aguardara a la resolución entre rejas.

Si José y su familia creían que todo había acabado, no podían estar más equivocados. El 15 de agosto, cuando el exmilitar caminaba por una calle de Jiménez de Jamuz, un pequeño pueblo de menos de mil habitantes en la Bañeza leonesa, se vio sorprendido por una persona ataviada por un traje EPI (como los que se usaban en la pandemia de la Covid-19) de color blanco, guantes y gafas. José caminaba con gran dificultad apoyándose en su bastón, medio ciego, sin capacidad para defenderse, cuando esta persona lo roció con ácido al tiempo que le decía: «Ahora te vas a enterar». La víctima no pudo reconocer la voz que, al otro lado de la máscara, le advirtió: «Que no te toque nadie».

El ataque le causó graves quemaduras en la cara, el cuello y otras partes del cuerpo. La agresora, que por su fisonomía identificaron como una mujer, huyó a la carrera y después en un coche que tenía aparcado en las inmediaciones. Nadie retuvo la matrícula ni había cámaras de seguridad de las que tirar. Sólo un par de testigos que vieron la escena de lejos.

La Guardia Civil abrió una investigación que bautizó como 'operación Lapidem' por la lápida que querían colocarle encima a José. Los investigadores de la Unidad de Policía Judicial pusieron el foco desde el principio en María y en su entorno familiar. Pero en esas fechas ocurrió aquel que descentró momentáneamente la investigación. O al menos lo intentó.

Tres cartas anónimas y amenazantes que pretendían desenterrar un caso antiguo para relacionarlo con José y demostrar que tenía más enemigos que querrían verlo muerto. Las misivas fueron enviadas a organismos oficiales y al entorno de la víctima.

Dos de aquellas cartas llegaron a su destino días antes del ataque. En ellas, se hablaba de la muerte de un soldado que se había disparado con su arma reglamentaria en la garita de un cuartel de León hacía ya algunos años. El caso se había archivado como un suicidio, pero el autor o autora de los anónimos, confeccionados con un ordenador, aseguraba que estuvo allí, que sabía lo que había pasado y que le haría justicia. La tercera misiva se recibió días después del ataque con ácido. Esta vez, decía: «Por fin se hará justicia. A la tercera va la vencida».

Los agentes desempolvaron el caso del suicidio. Casualmente, lo había investigado la misma unidad de Policía Judicial que trabajaba en 'Lapidem'. Al revisar las diligencias, comprobaron que se trataba de un suicidio de un joven soldado que aparentemente tenía problemas psiquiátricos. Los guardias civiles se entrevistaron con José y él les confirmó que aquella noche estuvo de servicio en el cuartel. Y también recordó que le había contado lo sucedido a su mujer.

Para los investigadores, que seguían sospechando de María, la estrategia de las cartas perseguía apuntar al entorno del soldado que se suicidó o a algún compañero del destacamento como responsables del ataque con ácido. Pero no se lo tragaron. En lugar de aflojar, intensificaron la vigilancia sobre la expareja de José para conocer sus rutinas.

En esas vigilancias, los agentes siguieron a la sospechosa en varios viajes a diferentes comunidades del norte de España donde compró pelucas rubias y morenas, bufandas de tipo militar y una carabina de aire comprimido de precisión y con bastante potencia. «Un arma de ese tipo puede atravesar la cabeza de una persona», afirma uno de los responsables de la investigación.

Los agentes que han llevado el caso temían que el tercer ataque pudiera ser inminente, y así se lo hicieron saber al juez de instrucción. Había que proteger a José y detener cuanto antes a María. Ante el riesgo evidente para la vida de la víctima, la Guardia Civil arrestó hace una semana a su expareja como presunta autora del segundo intento de asesinato -el del ácido- y dieron cuenta a la autoridad judicial de lo que, para los investigadores, suponía la planificación del tercero. Ingresó inmediatamente en prisión.

El juez autorizó dos registros en la casa del abuelo de María, en la pequeña localidad de Villar de Mazarife, de apenas 360 habitantes, y en el domicilio de su madre en la ciudad de Astorga, donde ella también residía. En una de las viviendas encontraron un traje EPI similar al empleado en el ataque, aunque nuevo y todavía dentro de su funda. También localizaron la carabina y las pelucas, que ella alegó haber comprado para una fiesta de disfraces. Pero el hallazgo más sorprendente fue otro. En un cajón, encontraron un paquete plastificado de sobres exactamente del mismo tipo que los que se habían enviado en las cartas anónimas del verano. El paquete era de 20 sobres. Faltaban tres.

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