La larga agonía de un epitafio

El 13 de febrero de 2020 Sniace anunció al mercado que cerraba su complejo de Torrelavega y solicitaba la liquidación. Esta semana se han cumplido cinco años de aquel momento, sin que todavía haya visos definitivos de la resolución del proceso judicial que abra la puerta a un nuevo futuro. El procedimiento ha visto ya una pandemia mundial, la primera guerra en Europa en décadas y ahora el regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Un tortuoso camino, especialmente para acreedores y afectados, con una deuda que en la actualidad se mantiene en el entorno de los 155 millones de euros.

Un 'viacrucis' que continuará al menos hasta verano. Así se lo han trasladado al juez los administradores concursales –perciben unos ingresos medios conjuntos superiores a los 200.000 euros al trimestre–, anunciando que los trabajos de achatarramiento que quedan pendientes se extenderán hasta junio. En paralelo, la labor administrativa. El Gobierno regional todavía tiene que cerrar las autorizaciones ambientales y determinar qué actuaciones son necesarias para regenerar el terreno. El Diario repasa el largo camino desde que uno de los pulmones del Besaya dejó de latir.

El inicio del fin de Sniace puede fijarse perfectamente un día antes del anuncio del cierre. El 12 de febrero de 2020 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía la cotización de las acciones al ver amenazada la continuidad de la fábrica. La compañía explicaba que su proveedor energético, Cogen, rescindía unilateralmente el contrato de suministro ante la caída de las retribuciones a la cogeneración firmada por el Gobierno de España, algo sobre lo que ya venía advirtiendo Sniace.

Fue una tarde negra en la historia, no sólo industrial, de Cantabria. Los rumores corrían desde horas antes, pero fue a las 19.53 horas cuando la organización comunicó a la CNMV el cierre del complejo ubicado en Torrelavega y la solicitud de liquidación al no poder pagar a sus acreedores –con un convenio aprobado en 2015– ante la falta de suministro energético con el que producir. En paralelo, la Dirección convocaba a la plantilla para comunicarle de primera mano la fatal noticia. Rostros desencajados entre los más de 400 empleados afectados y la confirmación del fin de una firma histórica de la comarca del Besaya.

Ese día El Diario informaba de que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid acordaba la apertura de la fase de liquidación en Sniace al no poder cumplir el convenio con sus acreedores. Como consecuencia, el regreso de los administradores concursales, José Luis Ramos Fortea y Pedro vilella. La fecha en absoluto es baladí, pues además coincide con el anuncio de confinamiento generalizado de la población española a consecuencia de la pandemia coronavírica, lo que retrasó los plazos judiciales.

Accionistas minoritarios de Sniace, que habían perdido toda su inversión con la decisión de cierre, reclaman la apertura del complejo para producir celulosa para hacer mascarillas, esenciales en aquella época. El entonces presidente regional, Miguel Ángel Revilla, igualmente se dirige al Gobierno de España para pedir su apoyo a la reapertura. El Ministerio traslada días después que «no formará parte» de ese proceso de apertura.

El comité de empresa de Sniace solicitó a los concursales firmar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por tres meses para evitar los despidos y soñar con volver a la actividad. Los administradores lo vieron inviable y el juez autorizó el inicio del periodo de consultas para negociar un ERE con el que despedir a toda la plantilla.

El Gobierno de Cantabria traslada a la plantilla que ve «buenas señales» respecto a posibles 'novias' para Sniace. Al menos tres compañías se interesan por los activos de la organización. El objetivo entonces es mantener la unidad productiva.

La CNMV acordó que Sniace dejara de cotizar en Bolsa ante su evidente situación de liquidación. El expresidente Blas Mezquita reclama 173.505 euros en el concurso tras su salida de la compañía. La empresa generó 115,2 millones de deuda nueva impagada en los 40 meses que estuvo abierta.

José Ventura, promotor de desarrollos renovables, fue el primer interesado en Sniace en salir públicamente a la palestra. Finalmente, al igual que otras firmas como Dotrium que habían anunciado su interés, no llegó a ofertar por los activos.

Sniace valía, sobre el papel, 144,2 millones. Así figuraba en el plan de liquidación remitido por los administradores al juzgado. Los terrenos y construcciones se valoraban en 68,31 millones.

A pesar del reguero de deudas y afectados por la maltrecha trayectoria de la compañía, el juez declaró fortuito el concurso de Sniace, tal y como habían solicitado días atrás los concursales.

La primavera trajo el primer gran momento caliente en la liquidación de Sniace, cuando se produjeron las primeras visitas a la fábrica de empresas interesadas. Permanecía la duda sobre si la empresa tendría otra vida al permanecer íntegra la unidad productiva o se vendería por lotes.

El juez aprobó finalmente el plan de liquidación remitido por los concursales. Una espera de medio año que, ahora sí, permitía que empezaran a correr los plazos para presentar ofertas vinculantes.

Tras muchos meses de especulaciones, amagos y movimientos soterrados llegó el momento de la verdad: los administradores concursales procedieron a la apertura de ofertas sobre los activos de Sniace. Inicialmente tres propuestas: dos por el negocio forestal y sólo una por la totalidad de la unidad productiva. Los concursales, con cautela, avanzan que esa propuesta por la totalidad, proveniente de una empresa catalana, es muy compleja y difícilmente aceptable, tanto por la cuantía como por los condicionantes, por lo que finalmente se descarta.

El Gobierno de Cantabria finaliza un expediente en el que propone multar a Sniace con 37,2 millones por los derechos de CO2 de 2019. El asunto, que tuvo que ser aprobado por el Consejo de Gobierno, acabó en los tribunales. La Justicia declinó esta pretensión dado que por la situación de liquidación, la compañía no podía cumplir con sus obligaciones.

Primera decisión en firme de calado sobre los activos de Sniace. Los concursales proponen adjudicar a la firma vasca IBS Capital los activos forestales tras recibir una oferta de ocho millones. La otra puja recibida, a cargo de Globaliste SL por 1,32 millones, queda descartada.

Uno de los grandes culebrones del proceso de liquidación. Ence, el gigante en la producción de celulosa, irrumpe en el concurso solicitando pujar por los activos forestales. Aduce que no se le ha informado adecuadamente del proceso de liquidación. Los concursales y la propia IBS se oponen e incluso finalmente empiezan a subir sus ofertas. En último término, el juez resuelve el conflicto con una subasta cerrada entre los dos contendientes.

Comienza el despiece de Sniace al no haber oferta por la totalidad de la unidad productiva. Arrancan las primeras subastas de fincas, aunque todavía no salen a la venta las parcelas más atractivas.

Un halo de esperanza para el Besaya. El Diario avanza que la constructora cántabra Copsesa y el promotor de desarrollos renovables RIC Energy pujarán por los terrenos de Sniace para levantar una fábrica de hidrógeno verde y derivados. Entre las cifras destacadas, más de 600 millones de inversión y 250 empleos.

Los interesados en levantar una fábrica de hidrógeno verde y derivados se quedan con la finca principal y otra secundaria por cerca de 6,7 millones. Un futuro industrial está más cerca.

Ence gana finalmente a IBS la subasta cerrada entre las partes. Posteriormente El Diario informa de que pagó 10,81 millones por este negocio.

En la liquidación de Sniace todo marcha lento. Excesivamente lento. Como prueba, la escrituración de los terrenos, casi año y medio después de que Copsesa y RIC Energy ganaran las subastas. Un largo periodo en el que las empresas chatarreras continuaron desmantelando el complejo y en el que todavía queda por determinar asuntos importantes de la descontaminación del terreno.

Según la última información remitida al Juzgado, los trabajos de desmantelamiento, que se centran ahora en la depuradora de Sniace, durarán al menos hasta junio de 2025. Los concursales igualmente están pendientes de lo que diga la Consejería de Medio Ambiente respecto al plan de descontaminación de los suelos para que la Administración vaya procediendo al cierre de las autorizaciones ambientales. Hasta que esto no ocurra no podrán tramitarse los permisos para el proyecto del hidrógeno, una iniciativa que se está viendo afectada por los retrasos en el fin de Sniace. La larga agonía de un epitafio anunciado hace un lustro.

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