Junts exige a Sánchez un CGPJ catalán y la supresión de la Audiencia Nacional
Los junteros presentan enmiendas a la 'Ley Bolaños', en las que plantean el traslado de la comisaría de Vía Layetana de Barcelona y un nuevo sistema para el enjuiciamiento de jueces
Junts venderá muy caro su apoyo a la conocida como 'Ley Bolaños', que impulsa el Gobierno para reformar el acceso a las carreras fiscales ... y judiciales y que ha provocado protestas y paros frente a las sedes judiciales. La formación nacionalista ha registrado una treintena de enmiendas a la ley liderada por el ministro de la Presidencia y de Justicia. Los de Puigdemont exigen cuestiones de calado como condición para dar el visto bueno a la iniciativa gubernamental. Muchas de ellas van más allá del tema que aborda el proyecto de ley del ministro Bolaños y son una reforma del poder judicial en toda regla. Así, Junts reclama a Pedro Sánchez un CGPJ catalán, la supresión de la Audiencia Nacional, el traslado de la comisaría de Vía Layetana o un nuevo sistema para el enjuiciamiento de jueces.
La creación del «Consejo de Justicia de Cataluña» lleva años sobre la mesa. Actuaría de órgano de gobierno del poder judicial de Cataluña, «desconcentrado del Consejo General de Poder Judicial». Este artículo fue declarado inconstitucional por el TC en la sentencia del Estatuto de 2010. Junts reclama ahora al Gobierno que «restablezca» el «texto refrendado por el pueblo de Cataluña» que el tribunal de arbitraje declaró anuló. Las funciones de este CGPJ catalán serían designar el presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como los presidentes de sala y los presidentes de las audiencias provinciales. Podría instruir expedientes y, en general, ejercer las funciones disciplinarias sobre jueces y magistrados en ejercicio en Cataluña.
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Puigdemont, que recientemente se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la mesa de Suiza, donde el PSOE y Junts negocian la continuidad de la legislatura, exige además la «supresión de la Audiencia Nacional», una vieja reivindicación de los nacionalistas. Sus funciones se redistribuirían conforme a los «principios de territorialidad, especialización funcional y proximidad jurisdiccional» entre los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y las Audiencias Provinciales, según las enmiendas presentadas por la formación soberanista el pasado 20 de junio en el registro del Congreso.
Las competencias ejercidas por las salas de lo penal, de lo contencioso-administrativo, de lo social y de apelación de la Audiencia Nacional serían asumidas por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas o, en su caso, por las Audiencias Provinciales. Y los procedimientos de extradición pasiva, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, de ejecución de órdenes europeas de detención y entrega, y de sentencias dictadas por tribunales extranjeros serían conocidos por las Audiencias Provinciales del lugar de residencia, localización o detención de la persona afectada.
«Su origen histórico, anclado en una lógica centralista heredada del Tribunal de Orden Público del franquismo, y su mantenimiento como órgano único con sede en Madrid y jurisdicción sobre todo el territorio del Estado, constituyen una anomalía institucional que no se justifica por razones de eficiencia ni de garantía jurisdiccional», justifica Junts en las enmiendas a la ley.
El partido de Puigdemont exige además introducir un nuevo sistema para la admisión y enjuiciamiento de causas penales contra jueces y magistrados. Los postconvergentes ponen en cuestión que los jueces del Supremo, respondan ante el propio Alto Tribunal.
«Este sistema ha sido objeto de críticas por su falta de imparcialidad. Junts propone la instrucción de las causas mediante una asignación por sorteo para evitar conflictos de interés o falta de imparcialidad y enjuiciamiento a cargo de un jurado mixto compuesto por cuatro jueces elegidos al azar entre todos los jueces de España y cinco ciudadanos seleccionados por sorteo.
Respecto a la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana, los junteros reclaman su cierre como edificio policial, transferencia de titularidad y su transformación en un espacio de memoria. Fijan un plazo: un año desde la entrada en vigor de la ley.
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