Las ocho claves de la 'ley Bolaños'

El objetivo es preparar el terreno normativo para que los fiscales asuman la instrucción de los procesos penales en detrimento de los jueces, como ocurre en casi todo el espacio comunitario europeo. El nombramiento del fiscal general seguirá en manos del Gobierno y su nuevo mandato de cinco años no coincidirá con el periodo de la legislatura como ocurre ahora.

Se crean las Oficinas de Justicia en los municipios, que prestarán apoyo a los órganos judiciales y a los ciudadanos. La reforma apuesta, además, por la digitalización del sistema judicial, con la implementación de herramientas tecnológicas para agilizar los procesos y facilitar el acceso a la justicia.

Se busca la especialización de los tribunales en áreas específicas del derecho para mejorar la calidad de las resoluciones judiciales. Así mismo, se promueve el uso de la mediación y la conciliación como requisito previo a la judicialización de algunos conflictos.

Se introducen medidas de agilización procesal en diversas leyes, como la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma busca una adaptación tecnológica del sistema judicial, con la implementación de herramientas y plataformas digitales para mejorar la gestión procesal y la comunicación entre los diferentes actores del sistema.

Es uno de los asuntos más polémicos. El texto señala que el Gobierno deberá presentar a las Cortes un proyecto de ley orgánica para regularizar la situación laboral de unos 1.300 magistrados suplentes y jueces sustitutos, que ejercen actualmente sin haber aprobado la oposición.

Propone varios cambios en el llamado «cuarto turno» de acceso y el turno libre u oposición. Hay dos formas de acceder a la carrera judicial: a través del turno libre, que es un proceso de oposición tradicional, o a través del «cuarto turno» o vacante. En el turno libre el aspirante tiene que superar un primer ejercicio basado en una prueba tipo test de 100 preguntas, un segundo que es una prueba oral que consiste en cantar cinco temas diferentes y un tercero que consiste en lo mismo que el anterior. Todos los ejercicios son eliminatorios.

Según la reforma, se tendría que superar un primer ejercicio escrito tipo test del que no se indican el número de preguntas, una segunda prueba oral donde el aspirante tendrá que resolver diferentes situaciones prácticas y «no podrá consistir en una mera exposición memorística» y la última prueba oral sería sustituida por una tercera prueba escrita para resolver «varios casos prácticos» donde se medirá la «capacidad de redacción escrita y argumentación», «lógica» o «razonamiento», entre otros. Todos los ejercicios serían eliminatorios.

Se propone en primer lugar una «prueba escrita eliminatoria» donde se medirá la «capacidad de redacción escrita y argumentación» del aspirante. Si se aprueba, se realizará la posterior valoración de méritos: tener el título o doctorado en Derecho, años de experiencia en la carrera judicial o abogacía, ser catedrático o profesor de derecho en la universidad, haber dictado resoluciones, escrito publicaciones jurídicas, realizado ponencias o participado en congresos, tener cursos de especialización superiores a las 300 horas y haber aprobado algún ejercicio del turno libre. De salir adelante la reforma, también se valorará, además de todos los criterios anteriores, haber ejercido en la carrera judicial como suplente o sustituto, tener experiencia en cargos como notario o registrador (teniendo el título de Derecho) y la «calidad jurídica» de las publicaciones jurídicas que se hayan publicado.