Lenguaje claro para la democracia

Álvaro Soto y Sara I. Belled

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:05 | Actualizado 09:12h.

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Nadie como Groucho Marx ha sabido parodiar la frustración de un ciudadano cualquiera cuando debe hacer frente a un texto administrativo complejo. «La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte», proclamaba el genio en 'Una noche en la ópera' hace ¡90 años! Durante décadas, el lenguaje farragoso, promovido sobre todo por la administración, ha parecido ganar la batalla al lenguaje claro, pero la concienciación creciente de la sociedad apunta a un cambio en estas desequilibradas, hasta ahora, reglas del juego.

El 85% de los trámites administrativos no son claros y el 40% de las ayudas se pierden porque quienes deberían recibirlas no las entienden. Son solo dos de los datos recopilados por Plain, una asociación internacional que trabaja en 30 países para promover la comunicación clara. Su rama española ha llevado al Congreso una propuesta para la redacción de una Constitución clara que no altere su contenido, sino que sirva para «fomentar su divulgación, facilitar que llegue a todos los sectores de la población y reforzar el aprecio por el texto constitucional, acercándolo todavía más a la población», explican los promotores.

El profesor y embajador de Plain en España, Antonio Martín, no se va más allá del artículo 1 de la Constitución: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». «¿Entiende la gente el significado de 'social y democrático de Derecho'?», se pregunta Martín, que denuncia «las fórmulas legislativas y administrativas innecesarias que alejan a los ciudadanos de la política y les hacen sentir desconfianza hacia ella».

Pero ¿qué es el lenguaje claro? Plain sostiene que una comunicación puede considerarse lenguaje claro «si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usar esa información». El lenguaje claro, enumera Martín, «refuerza la legitimidad democrática, frena la desafección, aumenta la transparencia y la rendición de cuentas, favorece a los más vulnerables, evita costes innecesarios, malentendidos, reclamaciones y litigios y mejora la eficacia institucional, con mensajes más claros, un debate más útil y un mayor consenso social». «Es una cuestión de empatía», resume este experto.

Con todos estos beneficios, la persistencia de un lenguaje incomprensible en el Parlamento, en el mundo económico o en el mundo jurídico (¿quién comprende a la primera un auto judicial o las escrituras de una casa?) solo se explica por la 'hipótesis del hechicero'. «Los encargados de redactar textos complejos pueden verse a sí mismo como unos magos que poseen una receta que nadie más tiene y utilizarla para ejercer poder y autoridad por encima de valores como la confianza», cuenta Rubén Vinagre, analista político y coordinador del Radar de Lenguaje Claro, recientemente galardonado con el Global Democracy Award de The Washington Academy of Political Arts & Sciences.

Los primeros intentos para acabar con el lenguaje confuso se dieron en las administraciones y en los parlamentos de los países anglosajones en los 70, y aunque este movimiento ha tardado en llegar a España, en los últimos años se han planteado acciones en el Congreso, con el Plan de Parlamento Abierto 2025-2027, o en administraciones como la Agencia Tributaria, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana o el Gobierno de Aragón.

La exigencia de un lenguaje claro fue uno de los puntos de acuerdo del último Congreso de la Lengua, celebrado en la ciudad peruana de Arequipa. Allí, los representantes del Instituto Cervantes, de la Real Academia Española y de las academias hispanoamericanas reclamaron una «defensa de los derechos de la ciudadanía frente al abuso de poder o la manipulación» en los que pueden incurrir las autoridades o las administraciones públicas mediante el uso «oscurantista o torticero» de la lengua.

«Los ciudadanos tienen pleno derecho a que se les hable con claridad», dijo el secretario general del congreso y director Académico del Instituto Cervantes, Álvaro García Santa-Cecilia, que avisó de que el presente digital «mantiene su capacidad de incidir en la conducta y en la vida pública». «En un contexto marcado por la posverdad, la censura y la manipulación mediática, la claridad se erige como imperativo categórico para las instituciones», subrayó.

En la misma línea, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, incide en la «vinculación entre el lenguaje claro a los valores del Estado de derecho, la democracia con el disfrute y el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos consagrados en las constituciones». Hace un año, la RAE y las academias de la Asale (Asociación de Academias de la Lengua Española) publicaron la Guía panhispánica de lenguaje claro y accesible.